A tres días de que arranquen formalmente las campañas electorales con miras a la renovación del Congreso del Estado de Coahuila el 19 de octubre de 2008, el tema de la inseguridad aún domina la agenda nacional y regional.
El pasado 21 de agosto las autoridades de los Tres Poderes de la Unión, de los tres niveles de Gobierno, firmaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en el que se comprometen a enfrentar la creciente ola de violencia que azota al país desde hace años. En el acuerdo se contemplan plazos y diversas estrategias para cada una de las instituciones involucradas.
Nueve días después, cientos de miles de mexicanos salieron a las calles para exigir al Gobierno que ponga un alto a la inseguridad bajo la consigna de “si no pueden, renuncien”, la cual iba dirigida a todos los funcionarios, legisladores y jueces que forman parte de la maquinaria del Estado mexicano. Los organizadores de la multitudinaria manifestación entregaron al presidente de la República un pliego petitorio en el que demandan acciones concretas a cada una de las instituciones responsables.
Con estos antecedentes y en medio del clima de violencia que prevalece, quienes aspiran a ocupar una curul en la Cámara de Diputados de Coahuila tienen la obligación de presentar propuestas viables que puedan convertirse en leyes o reformas que contribuyan a mejorar la seguridad en la entidad. Un buen parámetro para medir la sensibilidad y seriedad de los candidatos a diputados puede ser la oferta que hagan a los electores en este sentido.
Hay que ver quién se ha puesto a trabajar para presentar un programa legislativo coherente y bien argumentado o quién simplemente quiere engañar al electorado con ocurrencias al estilo “hay que fusilar a los secuestradores”. La sociedad coahuilense exige y merece un estado seguro y tranquilo; ya veremos si los candidatos a diputados están a la altura de ese reto.
