“El precio de cualquier cosa es la cantidad de vida que cambias por ella”.
Henry David Thoreau
Uno de los grandes problemas de los políticos mexicanos es que nunca han entendido cuál es la función de un sistema de precios. Lejos de darse cuenta de que éstos cumplen con un crucial papel como reguladores de un mercado, piensan que son simples instrumentos de control político.
No sólo los priistas de la vieja guardia y los perredistas tienen esta primitiva visión. Los panistas no están demostrando un mejor conocimiento de las virtudes de un sistema libre de precios. Ahí están para demostrarlo las manipulaciones que el Gobierno del presidente Calderón está realizando sobre el precio de la electricidad.
Este pasado 7 de enero la Secretaría de Hacienda publicó un muy anunciado decreto en el Diario Oficial de la Federación que establece un descuento de 30 por ciento en el consumo industrial en horas pico y de 50 por ciento sobre la electricidad incremental (esto es la adicional a su consumo histórico) así como de 5 por ciento en las tarifas comerciales. El costo de esta medida para la Comisión Federal de Electricidad será de 8 mil millones de pesos en un año. Los descuentos se anunciaron después de Hacienda ordenó un aumento a las tarifas industriales de 8 por ciento.
¿Es positiva o negativa la medida? La verdad es que no lo sabemos. Los dueños de la Comisión Federal de Electricidad —que somos los ciudadanos mexicanos— no tenemos la información que nos permita saber cuáles son los criterios de precios ni por qué se consideró pertinente primero aplicar un aumento y después un descuento. Tampoco sabemos si la decisión en 2007 de congelar los ajustes mensuales que se venían haciendo en el precio de la electricidad era la medida más adecuada para nuestros intereses.
Lo único que queda claro es que el Gobierno sigue despreciando a las fuerzas del mercado y no entiende la labor reguladora de un sistema libre de precios. Como los priistas en los tiempos de Luis Echeverría y José López Portillo, o como los Gobiernos perredistas del Distrito Federal, el actual Gobierno sigue considerando que los precios son instrumentos de control político.
Los industriales mexicanos se han quejado desde hace tiempo que los precios de la electricidad en México son excesivamente elevados. A los industriales se les ha hecho pagar, de hecho, precios significativamente superiores a los que se cobran a los usuarios residenciales, a pesar de que, por su uso de grandes cantidades de energía, deberían recibir un descuento por volumen en un sistema real de mercado.
Una de las razones por las que la electricidad es más cara en México que en Estados Unidos y otros países del mundo con los que competimos, es que no se han hecho las inversiones necesarias en nuestro país para construir plantas generadoras de última generación que puedan producir electricidad a costos menores que las actuales termoeléctricas. Pero si es así no se entiende por qué, en vez de combatir el problema de largo plazo y usar los recursos de la CFE para invertir en nuevas plantas, el presidente está ordenando que se empleen para otorgar un subsidio de 8 mil millones de pesos a la industria.
Las dudas y los problemas surgidos por la manipulación de precios que realizan los políticos y los burócratas se eliminan cuando se permite que los precios cumplan con su función reguladora de mercado. Desaparecen así las discusiones al respecto de si el subsidio para los consumidores o para los comercios debe ser mayor o menor al que se otorga a los industriales. Se evitan también los cuestionamientos al respecto de si es ético quitar dinero a los accionistas de la CFE –que somos los ciudadanos de un país con 40 por ciento de pobres— para apoyar a industriales ricos.
Lo ideal es que este proceso regulador se realice en un sistema de libre competencia. De esta manera, distintas plantas generadoras con dueños diferentes pueden buscar ofrecer electricidad a un precio menor o con mayor eficiencia y de esto dependerían los precios a los consumidores. Pero aún en un sistema monopólico como el nuestro puede construirse un sistema razonablemente eficiente de precios. Para ello se requiere absoluta transparencia en las finanzas del monopolio, que nos permita a los dueños (ciudadanos) y consumidores determinar si los costos son los adecuados, especialmente en comparación con los de sistemas que operan en libertad, o si deben tomarse medidas para mejorar su eficiencia.
El peor de los mundos posibles es el que actualmente tenemos. Aquí el presidente se convierte en el gran dictador de los precios, los cuales no define sobre la base de lo que es mejor para el país sino de lo que le conviene a él para obtener el respaldo político de distintos grupos de la sociedad.
GATES
Bill Gates ha anunciado formalmente que se retirará este año de cualquier papel ejecutivo en Microsoft. Su propósito es dedicarse completamente a la fundación filantrópica que tiene con su esposa Melanie. Se ha acusado a Gates de haber creado un monopolio, pero no hay duda que fundó y no heredó una empresa en una actividad que no tiene barreras de entrada. Quizá Gates nunca fue un gran innovador técnico, pero sí fue el visionario que quitó la computación de manos de los nerds y la puso al alcance de cualquiera. Se le echará de menos.
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