Elevan penas, siguen plagios

Critica Derechos Humanos propuesta de pena de muerte.

Aumentar las penas contra los secuestradores hasta el momento no ha sido la solución para inhibir el delito en Coahuila, ya que a pesar de que la condena en prisión pasó de 40 a 60 años al secuestrador que matara a su víctima, este delito se ha disparado en el último año principalmente en Torreón. En contraste en los últimos tres años de la Administración de Enrique Martínez con penas menos severas no se registraron plagios.

El martes el Congreso de Coahuila aprobó, por mayoría priista, el dictamen para promover ante el Congreso de la Unión una reforma constitucional que aplique la pena capital a secuestradores que maten a sus víctimas.

Esta no es la primera vez que Moreira propone penas más severas, incluso fue una de sus promesas de campaña. De esta forma el 14 de diciembre de 2005, en Coahuila, se aprobó la iniciativa de Ley enviada por Moreira para establecer penas acumulables de 60 hasta 180 años de prisión, equiparables a la cadena perpetua a secuestradores, violadores, homicidas dolosos y delincuentes que cometan el delito de robo agravado.

A pesar de contar con penas más severas el delito no se ha inhibido, por el contrario se ha incrementado. Recientemente el procurador Jesús Torres Charles reveló que durante 2008 de 24 secuestros en Coahuila, 20 fueron en Torreón, originando cinco procesos penales, 12 personas detenidas y 11 casos más identificados y atribuidos a una misma banda foránea. Sin embargo, el sector empresarial señala que la cifra negra de secuestros registrados es mucho mayor que la oficial.

En los tres últimos años de la Administración de Enrique Martínez y Martínez como gobernador de Coahuila fueron nulos los secuestros, a pesar de que los castigos no eran tan severos ya que la Ley contemplaba como pena máxima 40 años en prisión.

Para Alejandro López Hernández, abogado penalista, la propuesta del gobernador “sólo expresa la incapacidad e ineficacia de un sistema jurídico que no puede prevenir ni atacar el secuestro”.

Mientras que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside José Luis Soberanes, en lugar de buscar nuevas penalidades en contra de secuestradores, es indispensable que sean identificados, perseguidos, aprehendidos, llevados a juicio y castigados con severidad y sin privilegios.

López Hernández coincidió y dijo que “la falta de confiabilidad en el sistema deja en duda que se aplique el fatal castigo sólo a los culpables del delito, sino también a inocentes a quienes ya no se les podría decir ‘usted disculpe’”.

Sin embargo, Fernando Olivas Jurado, delegado de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila dijo que “la pena de muerte busca inhibir el delito de secuestro en el estado”.

Fue en 2007 a partir de la desaparición del jefe del grupo Antisecuestros, Enrique Ruiz Arévalo, que inició la ola de secuestros donde algunos fueron investigados por la SIEDO y la gran mayoría se quedó sin denuncia.