El Conaculta se resiste a dar a conocer la agenda de actividades de su presidente Sergio Vela.
Solicitar información a Conaculta puede ser un recorrido por el absurdo o una lección de paciencia, ya que la dependencia puede incumplir plazos de entrega de datos o recurrir a trucos para no cumplir con las obligaciones que marca la Ley Federal de Transparencia, sin recibir sanción ni amonestación.
El 25 de junio, la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) María Marván ordenó al Conaculta entregar la agenda de su presidente, Sergio Vela, solicitud a la que se había negado argumentando, primero, que el cargo señalado en la solicitud “director del presidente” no existía, aunque inicialmente solicitó una prórroga para reunir la información; posteriormente, el organismo respondió que no existían documentos que indicaran las actividades del funcionario.
En su resolución, que fue apoyada por el resto de los comisionados, Marván indicó que la solicitud era lo suficientemente clara para que Conaculta respondiera y exhortó a la dependencia a que en el futuro, si no “entiende bien” las peticiones, aplique el artículo 40 de la Ley de Transparencia y “requiera al solicitante para que aclare o corrija los elementos de localización de la información”.
Pero esas argucias no son las únicas. Para evadir obligaciones, el Consejo puede recurrir al incumplimiento llano. Por ejemplo, el cinco de mayo El Universal solicitó mediante la petición 1114100023208, la minuta de los resultados o conclusiones del Seminario de Planeación del Subsector Cultural realizado por el Grupo CCD, por el que se pagaron 812 mil 303 pesos, según señala la página de obligaciones de transparencia del Conaculta.
Para localizar las conclusiones de un documento cuyas características se exponen en su página de Internet no bastaron los 20 días hábiles que los artículos 40 y 44 de la ley marcan como plazo para responder. La dependencia solicitó una prórroga de 20 días, que se venció el pasado tres de julio. No cumplió y hasta esta tarde habían pasado siete días hábiles del vencimiento sin que atendiera lo estipulado en la ley o recibiera sanción alguna.
Caso idéntico es la solicitud para conocer el estudio encargado a la consultoría Solana y Asociados, que permitiría contar con un “diagnóstico general de la cultura en México” y por el que se pagaron 862 mil 500 pesos, hecha el ocho de mayo, que se venció el tres de julio, y que 11 días más tarde sigue sin cumplirse.
Para exigir a la institución que proporcione esos datos se presentó una solicitud de “positiva ficta” mediante la cual el IFAI requiere a la dependencia la entrega. El solicitante deja en manos del IFAI el trámite, pero el plazo para que se cumpla la solicitud es de otros 40 días hábiles, con lo que el organismo puede tardarse hasta cinco meses en responder.
