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Emiten recomendación a PGJEC por violar derechos

El siglo de torreón

Por el allanamiento de un domicilio y no por la detención de las dos personas que estaban en la vivienda, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), emitió una recomendación contra la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC). La queja fue presentada por dos implicados en delitos de secuestro y extorsión, uno de los cuales ya está libre.

La recomendación 002/2008, señaló como acto violatorio de los derechos humanos, “la actuación de seis agentes de la Policía Ministerial de Torreón que cumplieron con una detención por caso urgente contra Mario Fortunato Parra Moreno e Irving Alberto Parra Morán”.

Los quejosos señalaron ante la CDHEC que “fueron detenidos arbitrariamente en el domicilio de Parra Morán, para posteriormente ser arraigados en un hotel”. La investigación de la CDHEC determinó que la detención no resultó arbitraria, pero sí lo fue el ingreso de los agentes al domicilio.

En el caso se señala que la detención por caso urgente fue girada por el Ministerio Público de Asuntos Especiales de la PGJEC, la cual no tenía inconveniente en cumplirse, pero al entrar al domicilio, “los agentes no contaban con una orden de la autoridad competente”, en este caso un juez penal o federal.

La CDHEC sugiere dar vista al Ministerio Público con los hechos que conforman la queja “para iniciar una averiguación previa penal a fin de que si las conductas asumidas por los agentes ministeriales son constitutivas de delito, se ejercite la acción penal y sean sancionados conforme a la Ley”.

También se indica que se brinde capacitación constante y eficiente a los elementos de la Policía Ministerial para que conozcan los límites de su actuación y se les inculque el respeto por los derechos humanos de los ciudadanos.

Respecto al caso que involucra a los quejosos, el pasado 18 de octubre de 2007, Mario e Irving fueron detenidos por personal de la PGJEC junto con Edrey Salas Muro, Aarón Ortiz de la Fuente, José Mario Ibarra Pérez, y Javier García Favela y presentados ante los medios de comunicación como integrantes de una banda de extorsionadores telefónicos, que se hacían pasar como miembros del grupo del crimen organizado “Zetas” y utilizaban uniformes policiacos.

Al día siguiente de la captura, fue el subprocurador de Coahuila, Domingo González Favela, quien hizo el anuncio e indicó que solicitarían el arraigo por 30 días contra las 6 personas para ahondar las investigaciones y fincar delitos de extorsión y asociación delictuosa. El proceso se llevó en el Juzgado Primero del ramo penal, pero sólo por extorsión, lo que implicó la libertad de al menos 3 de los involucrados.

De los quejosos sólo Mario Fortunato sigue en el Cereso donde enfrenta cargos por secuestro en el Juzgado Tercero del ramo penal, mientras que Irving Alberto ya no forma parte de la población penitenciaria.

Revés para la Procuraduría

La reciente recomendación emitida por la CDHEC contra la PGJEC, permitió descubrir un revés contra la autoridad, ya que cuatro de los seis supuestos extorsionadores tienen el beneficio de la libertad bajo fianza y tres ya la hicieron valer.

Atrás quedó la rueda de prensa donde con “bombo y platillo” fue anunciada la desarticulación de una banda de extorsionadores telefónicos, el pasado 19 de octubre de 2007.

La falla se detectó al momento de la consignación de los seis implicados luego de 30 días de arraigo, ya que ante el titular del Juzgado Primero del ramo penal, Octaviano Sánchez Sánchez, sólo se remitió a los seis presuntos por extorsión, no así por asociación delictuosa.

Tal omisión permitió a los implicados solicitar el beneficio de la libertad bajo fianza, ya que al no existir la agravante de la asociación delictuosa, el delito cometido no era grave y dos de los señalados quedaron libres con el pago de 25 mil pesos y un tercero con 50 mil por su condición especial de ex policía.

Sólo Mario Fortunato Parra Moreno y José Mario Ibarra Pérez, siguen en el Cereso por cargos en su contra de secuestro, en el Juzgado Tercero del ramo penal, mientras que Edrey Salas Muro es el único que sigue en prisión, a pesar de contar con el mismo beneficio.

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