La Comisión de Derechos Huamnos del Estado de Coahuila emitió una recomendación a la Procuraduría de Justicia porque dos policías ministeriales detuvieron sin orden judicial a seis integrantes de una familia.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió la recomendación 006/2008, dirigida al procurador general de Justicia del Estado, Jesús Torres Charles, por actos violatorios de derechos humanos atribuidos a dos elementos de la Policía Ministerial de este municipio.
La recomendación se derivó de la queja que interpusieron Juan Solís Ramírez, y sus hijos Juan José, José Luis, Reina Guadalupe y Catarino, todos de apellidos Solís Palacios, además Dora Angélica López de los Santos.
Los quejosos señalaron que fueron detenidos arbitrariamente por los policías ministeriales, con el objeto de hacerlos comparecer ante el agente investigador del Ministerio Público para que rindieran su declaración con relación a un delito de robo.
Sin embargo, la detención fue arbitraria, porque los ministeriales identificados como Sandro Barrón Carrillo y Jesús Misael Castro Rosas, no contaban con una orden expedida por la autoridad competente ni detuvieron a esta familia en flagrante delito, por lo que su privación de la libertad resultó violatoria de sus derechos humanos, al no reunir los requisitos exigidos por la Constitución de la República.
Además, los quejosos comentaron que durante su detención fueron amenazados para que se incriminaran del delito que se les imputaba, también dijeron que mientras estaban en las celdas de la Policía Ministerial, los agentes se introdujeron a su domicilio sin contar con orden de cateo y sin permiso de ninguna persona, con el pretexto de que estaban buscando los objetos que presuntamente habían robado los detenidos, lo que violenta el derecho de privacidad e intimidad y la inviolabilidad del domicilio.
Por estos motivos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recomendó al procurador de Justicia que se instruya un procedimiento administrativo disciplinario en contra de los agentes, para que se les aplique la sanción que en derecho proceda.
También recomienda que se brinde capacitación constante y eficiente para que los agentes conozcan los límites de su actuación y se les inculque el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, además que se les den cursos de actualización del marco jurídico.
La comisión recomienda que se le dé vista al Ministerio Público para que inicie la averiguación previa penal que corresponda, y en el supuesto de que encuentre indicios constitutivos de delito, se ejercite acción penal por los delitos en que pudieron haber incurrido.
El procurador dispone de un término de 15 días a partir de la notificación para informar a la Comisión de Derechos Humanos si acepta la recomendación, y posteriormente deberá informar del cumplimiento que haya dado a la misma.
