La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recomendó a la Procuraduría de Justicia que “se cubran los daños económicos y morales” ocasionados a los reclamantes al momento de su actuación el pasado mes de julio en el sector habitacional Los Azulejos.
También sugiere que además de la reparación del daño a favor de Aldo Díaz Pérez, se instruya un procedimiento administrativo disciplinario contra dos agentes de la Policía Ministerial y contra el agente del Ministerio Público de delitos patrimoniales distintos al robo de la mesa uno, Óscar Corvera Salas.
En la que es la recomendación número 40 que recibe la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC), se detalla el expediente de la queja 278/2008/TORR/PGJE donde se asienta la violación al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica en su modalidad de ejercicio indebido de la función pública.
Los hechos ocurrieron el 7 de julio del presente año, cuando se dictó una resolución interlocutoria dentro del juicio 688/2003, radicado en el Juzgado Primero Mercantil, en el que se le condenaba, junto a otra persona moral, a restituir algunas fracciones de terreno y que la entrega se llevó a cabo sin incidente.
Pero un día después de que se presentaron algunas personas que dijeron ser empleados de la contraparte del quejoso, en el proceso ya mencionado, comenzaron a destruir 50 metros de barda perimetral del fraccionamiento, infraestructura que se encuentra fuera de la superficie de litigio.
En la queja se expuso que al tratar de impedir la destrucción de la propiedad de Díaz Pérez se presentaron aproximadamente 30 elementos que dijeron ser de la Policía Ministerial al mando de Gerardo Valdés Segura, acompañado del citado agente del Ministerio Público. Los policías detuvieron al abogado del inconforme y algunos de ellos permanecieron en el sitio del incidente, actuando de forma ilegítima.
La Comisión revisó el informe de Corvera Salas, quien dijo que la presencia de los agentes tuvo como motivo la inspección ministerial, en virtud de que recibió una denuncia por el delito de despojo. Sin embargo, con los elementos de convicción reunidos por la Comisión, se estableció que los policías estaban instruidos para impedir la reconstrucción de la barda, según consta en el oficio 4445/2008 de la corporación.
Lo anterior constituyó la violación de derechos humanos, en atención a que no existen constancias en la averiguación previa que expliquen la manera en que se identificaron los bienes a restituir, ya que la descripción se encontraba en lenguaje técnico, de tal manera que para que el Ministerio Público pudiera conocer cuál era la propiedad supuestamente despojada, requería de asistencia de especialistas en la materia, lo cual no se asentó en la indagatoria.
Por último, además de la sanción que en derecho corresponda a los servidores mencionados, la Comisión pide que se evite continuar con la protección de los predios a que se refiere la averiguación previa LI-PI-243/08-VII, hasta tanto no se emita un acuerdo por escrito, fundado y motivado, o de lo contrario supone un acto de autoridad arbitrario y contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.
