A contrapelo del ruidoso choque de copas con que se festejó en Los Pinos la aprobación de la reforma petrolera, para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias el híbrido resultante derivó en un parto de los montes
El diagnóstico no deja títere con cabeza: Ni se logró la cacareada autonomía de Petróleos Mexicanos, ni se le sacudió el fardo del sindicato. Más aún, tampoco se alcanzó la vía para aumentar sustancialmente las reservas, ni se abrió el escenario para la anhelada transparencia.
En paralelo, se colocó una rendija a la coptación del Consejo de Administración por parte de los partidos políticos; se le endosó una pesadísima carga financiera al gobierno, y se soslayó la posibilidad de aligerar la espesa burocracia de la empresa pública.
Un churrito, pues.
Si desde un ángulo se reconoce el que se hubiera desterrado la posibilidad, planteada soterradamente en la iniciativa original, de los contratos de riesgo, al colocar en la letra de molde la prohibición de compartir la propiedad y los derechos sobre los hidrocarburos, desde otro se descuida por completo el propósito de revertir la tendencia decreciente del nivel de reservas petroleras del país.
Dicho con todas las letras, para el organismo creado con un fondo legado por el ex banquero Manuel Espinosa Yglesias, si bajo el marco de la propuesta del presidente Felipe Calderón se anulaba la posibilidad de inversiones, aún de empresas pequeñas, bajo el actual se cierra toda alternativa.
Y si, desde otro ángulo, se refuerza la idea de que Pemex es una institución del Estado mexicano bajo la figura de organismo público descentralizado, con la exclusividad sobre los hidrocarburos, desde otro se le coarta la libertad de actuar como cualquier empresa privada bajo competencia abierta, dado que por su naturaleza jurídica no pueda quebrar.
Peor aún, se coloca en tela de juicio que se asegure la figura de autonomía de gestión por la que se había peleado.
Y si le seguimos, bajo el escenario se mantiene sujeta a la paraestatal a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas; la de Responsabilidades Administrativas; la de Deuda Pública en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios, lo que difícilmente le da libertad de acción.
Más aún, pese al régimen especial que se le creó en el papel, Pemex se mantiene sujeto a los techos de endeudamiento o bases que apruebe el Congreso en la Ley de Ingresos de cada año.
Se diría que no se aflojó ninguno de los broches de la camisa de fuerza.
Para el organismo, además, el que en el nombramiento de cuatro consejeros profesionales de la paraestatal participe el Senado le abre la puerta a que los partidos políticos generen espacios de influencia, además de significar una usurpación de funciones por parte del órgano legislativo, en violación al artículo 73 de la Constitución.
Adicionalmente, el sujetar a éstos a la maraña de ordenamientos burocráticos entorpece la toma de decisiones, dado que estaría latente el temor de los consejeros independientes de incurrir en responsabilidades.
En abundancia, no se establece un marco conceptual claro que lo de prelación a los objetivos de la empresa pública, ni se identifican las reglas de decisión que deben aplicar las instancias de gobierno en su consecución.
Más allá, aunque se plantea un nuevo esquema de control y vigilancia bajo Comités de Auditoría y Evaluación de Desempeño y Transparencia y Rendición de Cuentas, no se modifica el status en materia de las atribuciones con que cuentan la Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Control Interno, dejándolas al margen de la posibilidad de evaluar el desempeño.
Tampoco hay modificación de las atribuciones conferidas a la Auditoría Superior de la Federación.
Digamos que la falta de transparencia en las operaciones de Pemex continuará sin atenderse en forma decisiva.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias señala también su sorpresa al no existir en la reforma mención alguna al sindicato petrolero, “tema que necesariamente alude a la viabilidad y eficacia económica de la paraestatal”.
Ahora que el sacar de Pemex las facturas pendientes de pago por los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo (Pidiregas) representará un fardo sumamente oneroso para el gobierno, por más que se aplaude el que se corte la continuidad del esquema.
Finalmente, se critica el que no se haya atendido el reclamo de desaparecer los organismos subsidiarios de Pemex, es decir Pemex Refinación, Petroquímica Básica, Gas… por más que se aplaude el que se haya desechado la propuesta de crear organismos filiales.
Lo inaudito del caso es que para el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, buena parte del nuevo escenario habría sido factible sin pasar por el tamiz del Congreso.
Pura faramalla, pues.
Balance general
¿Se acuerda usted de la insistencia del presidente Felipe Calderón en que se bajaran las tasas de interés, lo que provocó ríspidos enfrentamientos con el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, al punto de enfriarse la relación personal?
Bien, pues ahora resulta que éste está colocando la reversa ante las acusaciones de haber propiciado con su obstinación el endeudamiento en dólares de las empresas, que con la devaluación de la moneda se fueron a las nubes.
De hecho, la catarata de compras compulsivas de dólares durante los días previos obedece, justo, a la necesidad de cubrir abonos de corto plazo… antes de que la paridad se fuera más arriba.
De entrada, por ejemplo, entre el 30 de junio y el 10 de octubre pasados la deuda de corto plazo en dólares de América Móvil, la firma hemisférica de telefonía del magnate Carlos Slim creció en su equivalente en pesos de 75 mil 79 a 92 mil 226 millones, en tanto la de Cementos Mexicanos saltó a su vez de 64 mil 172 millones a 85 mil 13.
Y si le seguimos, la de Telecom creció de 36 mil 46 a 44 mil 290; la de Telent de 24 mil 327 a 29 mil 845; la de Fomento Económico Mexicano (Femsa), de 12 mil 842 a 15 mil 782…
Y conste que no le seguimos por falta de espacio.
Gol de Uruguay
En un inédito de muchos años, la empresa mexicana Thesis inició un procedimiento de arbitraje en el Banco Mundial frente a un problema con el Banco Central de Uruguay por incumplimiento de contrato.
De acuerdo a la firma consultora nacional, propiedad de Thesis Consulting, el equivalente al Banco de México del país oriental incumplió un acuerdo de cuatro años para administrar los activos de los Fondos de Recuperación del Patrimonio Bancario del Banco Comercial de Montevideo y la Caja Urbana, liquidados en el 2002.
Según lo convenido, al término del contrato los activos se enajenarían, colocándose Thesis en opción de presentar una oferta.
El caso es que pese a que ésta se planteó en términos ventajosos, la subasta se declaró desierta.
El procedimiento de arbitraje lo realiza el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones del Banco Mundial.
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