reglas , no leyes
A contrapelo de la oposición de la Comisión Nacional contra Riesgos Sanitarios, los productores de alimentos y bebidas firmaron un código en opción de inhibir las prácticas publicitarias irresponsables que promueven hábitos alimenticios contrarios a la salud infantil
La prevención intenta conectar con la advertencia de hace dos años de la Organización Mundial de la Salud, previniendo que la creciente obesidad en los niños podría causarle al país un grave problema de sanidad pública, dadas sus graves secuelas.
Digamos que las empresas se vacunan contra los intentos del Congreso de acciones más radicales, por ejemplo, el prohibir la venta de alimentos y bebidas chatarra en las escuelas públicas y privadas.
La oposición de la Cofepris apuntaba a que bajo la figura de un código de conducta no hay certeza de freno, toda vez que no se establecen sanciones contra los infractores, por más que existe la amenaza de expulsarlos del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria.
Por lo pronto, el catálogo de buenas intenciones señala en su exposición de motivos tres principios:
— Se reconoce que el público infantil, como consumidor, tiene derecho a la información para la selección de alimentos y bebidas no alcohólicas y la adopción de hábitos saludables, y merece un tratamiento especial.
El escaso conocimiento, experiencia y madurez del público infantil para evaluar la credibilidad de la información y para discernir entre contenidos publicitarios, informativos y de entretenimiento requiere de una publicidad responsable.
Se reconoce que la publicidad es una herramienta coadyuvante para la formación de los consumidores responsables y atentos al cuidado de su salud, por lo que debe ser orientadora y educativa sobre las características y propiedades reales de los alimentos y bebidas no alcohólicas y la información sobre su valor.
Los anuncios, de acuerdo al marco pactado, se producirán con honestidad, evitando causar confusión al público receptor; con decencia, soslayando el uso de expresiones vulgares y obscenas que trasgredan la moral y las buenas costumbres; con veracidad, omitiendo cualquier expresión que contemple verdades parciales o afirmaciones engañosas; con dignidad, absteniéndose de presentar, promover o referirse a situaciones discriminatorias, ofensivas o denigratorias por razones de nacionalidad, raza, religión, género, afiliación política, orientación sexual, características físicas y capacidades diferentes…
Más allá, se habla de promover una competencia justa, no denigrando directa o indirectamente los bienes, productos o conceptos de terceros, ni copiando sus ideas publicitarias.
Sin embargo, se acepta la posibilidad cuando los puntos de comparación se basen en hechos comprobables y fehacientes.
Adicionalmente, la alternativa no podrá incluir imágenes, textos o sonidos que induzcan a prácticas inseguras y que signifiquen un riesgo para la salud física o mental de las personas; promover la violencia o propicien o produzcan daños al medio ambiente. Los anuncios tomarán en cuenta la vulnerabilidad del público infantil, capacidad crítica, nivel de experiencia y credulidad, evitando la utilización de imágenes, sonidos, textos, lenguaje y demás contenidos que pongan en riesgo, deterioren o perjudiquen su salud física y/o mental, así como los que de forma directa o indirecta afecten negativamente el concepto de familia y la educación en los valores.
De acuerdo al artículo 26 del Reglamento del Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigido al Público Infantil, que entrará en vigor el primer día del año próximo, cualquier persona podrá presentar una inconformidad contra la presentación de un anuncio, acreditando todas las pruebas que se consideren relevantes.
La querella será desahogada por una Comisión de Análisis Publicitario, actuando el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria como amigable componedor.
De persistir un desacuerdo se emitirá una resolución que podría ser objetada por las partes vía un recurso de revisión, desahogado el cual se colocará en firme.
Esta podría consistir en la prohibición del anuncio de la discordia, cuyo desacato llevaría a la expulsión del infractor del organismo.
La pregunta es si el dique contendrá una catarata que a futuro derivaría en enfermedades crónico-degenerativas de altísimo costo para el país.
¿Reglas de conducta por leyes?
Balance General
Aunque sus voceros insisten una y otra vez en que el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, agotará su mandato contra viento y marea, lo cierto es que éste tiene ya el visto bueno de la comunidad financiera internacional para encabezar el Banco Internacional de Pagos.
La estafeta se le entregaría los primeros meses del año próximo. El problema, lo adivinó usted, es que la vacante la quiere el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, cuya carrera se inició justamente en el banco central.
La bolita, pues, se trasladaría a la dependencia, en un escenario en que las cartas son escasas, dado el perfil internacional que se reclama, con el handicap adicional de que el presidente Felipe Calderón gusta de promover sólo a sus íntimos.
De hecho se habla de un enroque para ubicar en el cargo al secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero.
Desde otro ángulo, hay quienes hablan del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y aún del jefe de asesores de Carstens, Manuel Minjares, al que se le metió con calzador en la posición.
¡Paguen, tarugos!
Hete aquí que atemorizados por las constantes extorsiones de la delincuencia organizada conminándolos a pagar cuotas de protección para no hacerlos víctimas de secuestros, un grupo de prominentes empresarios de Veracruz decidió hacer un frente común para exigir justicia.
El conjunto se apersonó ante el gobernador, Fidel Herrera Beltrán, para plantearle su problema.
La sorpresa llegó cuando el funcionario les dio lo que ubicó como el mejor consejo: “Páguenles, ya ven cómo están las cosas”.
Háganse bolas, pues.
Ahora que la función se repitió a la letra en Tamaulipas.
Los mismos problemas. Los mismos actores, la misma respuesta del gobierno de Eugenio Hernández. Y luego dicen que no hay ingobernabilidad en el país.
La ley de la selva.
Otra vez Carral
La asamblea de accionistas del Club de Industriales reeligió la semana pasada por aclamación como su presidente a José Carral Escalante, a cuyo esfuerzo se atribuye haber convertido al organismo en un escenario de debate de los problemas más sensibles del país.
La pasarela obligada de políticos, intelectuales, artistas…
En la asamblea se eligió a tres nuevos consejeros: el presidente del Grupo ICA, Bernardo Quintana Isaac; el presidente de Viva Airbus, Roberto Alcántara, y el prestigiado arquitecto Javier Sordo.
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