Melón o sandía
De acuerdo con una encuesta realizada en diciembre pasado por la firma encabezada por Ulises Ruiz, 98% de los trabajadores de Minera de Cananea no ubicaban una razón de fondo para mantener la huelga en la principal productora de cobre del país, propiedad del Grupo Minera México
Más allá, en los recuentos realizados para ratificar o rectificar la titularidad del contrato colectivo en ocho secciones de la misma empresa, el sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia perdió de calle.
El 97% de los trabajadores le dijo no.
El caso es que según informes de la propia instancia de representación laboral, ayer desertaron cinco trabajadores que habían regresado a laborar a la empresa tras declararse inexistente la huelga, en afán de realizar tareas de emergencia.
La exposición de motivos habla de incumplimiento de las promesas colocadas en la mesa por la compañía vía spots transmitidos por la radio local, entre ellas el pago de salarios caídos, aguinaldos y un bono de “arranque” de 15 mil pesos.
Contritos, los trabajadores, cuyos nombres no se dieron a conocer, fueron a pedirle perdón al comité sindical de la sección 65, suplicando su protección.
Lo hicimos por hambre, dirían.
El texto narra una aventura de terror, a la vista de los patrullajes de los cuerpos represivos.
¿Se tejió una novela para mantener viva la presión de la opinión pública contra la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco? ¿Falseó ésta el resultado de la encuesta? ¿Se confabuló la Secretaría del Trabajo con la compañía para alterar los recuentos? ¿Se mantiene intacta la fidelidad a Napoleón Gómez Urrutia, pese a las acusaciones de malversar dinero de los trabajadores?
¿Será melón? ¿Será sandía?
Lo cierto es que la Minera México publicó un desplegado el tres de diciembre del año pasado, dirigido al presidente Felipe Calderón, en el que desnudaba lo que a su juicio era un intento de extorsión del sindicato, en cuyo escenario salieron a flote razones ajenas a las causas laborales.
A la letra, el texto señalaba que el grupo de Gómez Urrutia “pretende extorsionar a la empresa con 80 millones de dólares por supuesto daño moral para éste, y otros siete millones de dólares para sus gastos legales, y además quieren que el gobierno federal retire las órdenes de aprehensión promovidas por el desfalco de 55 millones de dólares que no se les otorgaron a los trabajadores sindicalizados”.
La grave acusación sería ratificada tres días después por la propia Secretaría del Trabajo en un boletín en que insistía en prestaciones extralaborales, ejemplificando con el primer punto del pliego petitorio planteado por la representación sindical en una junta de conciliación: “Retiro de denuncias en contra de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y Local del sindicato minero”.
Más aún, se aducía que uno de los líderes, Carlos Pavón, había amenazado al jefe de la Unidad de Funcionarios Conciliatorios con iniciar un paro nacional si trascendía a la opinión pública una sola palabra de lo que ahí se estaba discutiendo.
Los hechos constan en el acta levantada ese día para dejar constancia de lo planteado (“primero lo penal, luego lo mercantil y después lo laboral”), a cuyo calce aparece la firma del propio funcionario, Carlos Augusto Siqueiros Moncayo.
El colofón del comunicado de la dependencia señalaba que ésta “no acepta chantajes ni amenazas que pretendan condicionar la atención de los aspectos laborales, únicos de la competencia de ésta”.
Ahora que el reclamo, colocado como primer punto, se había planteado en dos reuniones previas más, celebradas una el 21 y otra el 24 de agosto, tras el abandono de la representación sindical a una más, convocada el 20.
El caso es que el 23 de octubre el sindicato planteó un borrador de compromisos de las partes para terminar con la huelga que afectaba además a dos plantas de la propia empresa localizadas en Fresnillo, Zacatecas y Taxco, Guerrero, en cuyo punto sexto se planteaba como obligación del Grupo México pagarle al sindicato 75 millones de pesos “como compensación por los gastos incurridos por los emplazamientos”.
Más allá, existe un documento sin fecha elaborado por los abogados del sindicato cuyo primer punto habla de arreglar “la situación penal de “NGU” y su familia, en tanto el cuarto plantea un convenio económico “para resarcir al sindicato de todos los daños y perjuicios sufridos”.
En otro intento más (Proyecto de Convenio a celebrarse entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y los representantes de la empresa Grupo México) se anota en el inciso B que “la empresa se compromete a aportar la cantidad de ochenta millones de dólares americanos al sindicato, quien destinará una parte para repartirla entre los trabajadores y el resto da resarcir el daño moral ocasionado”.
El juicio se lo dejo a usted.
Balance General
Con excepción de 2000, 2001 y 2005, la Minera de Cananea ha sufrido desde 1998 una huelga o paro ilegal año con año, que hasta el final del año pasado habían paralizado sus tareas durante 334 días.
La más prolongada, 176 días, es lo que declaró inexistente por segunda ocasión la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Las mas cortas, siete y nueve días, llegaron en el 2002 y el 2004. Por paros ilegales se contabilizaban 177 días y por huelgas en reclamo de supuestas violaciones contractuales, 162.
De acuerdo al Grupo Industrial Minera México, las pérdidas ascienden a tres mil 750 millones de pesos.
Mare lindo
Las señales apuntan a que el ex gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, llenará la vacante de Procurador Federal de Protección Ambiental, siguiendo la tradición panista de dejarle la plaza a ex gobernadores.
Como recordará usted, el último en el cargo fue el ex gobernador de Querétaro, Ignacio Loyola, quien recibió la estafeta de manos del ex gobernador de Jalisco, Alberto Cárdenas.
A quién le importa si ninguno de los tres tiene o tenía antecedentes en una de las materias más delicadas, que en su momento ha erosionado la relación con Estados Unidos; dados los compromisos adquiridos por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
A quién le importa si Patrón Laviada, más allá de su desastrosa gestión en Yucatán, incluídas las sospechas de corrupción y tráfico de influencias, apenas puede documentar estudios de preparatoria.
A quién le importa si podría enfrentar un posible conflicto de interés, dado que su prima, Cecilia Laviada, es la coordinadora de delegaciones de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A quién le importa la opinión de los sectores involucrados, incluyendo las ONG’s.
¿La libro Sojo?
Agendado el relevo de Eduardo Sojo, por el subsecretario de Egresos de Hacienda, Ernesto Cordero, en la Secretaría de Economía, a éste lo libró de la guillotina, al menos momentáneamente, la puesta en escena del Programa de Apoyo a la Economía Familiar por parte de las cadenas de autoservicio, por más que lo ratificó como enemigo mortal de los industriales.
Cerrada, pues, la posibilidad, la mira apuntó a la Secretaría de Desarrollo Social, para cuya sustitución de su titular, Beatriz Zavala, se había palomeado al director general del Seguro Social, Juan Molinar Horcasitas.
TMM se refuerza
La primera tarea del ex subsecretario de Ingresos de Hacienda, Fernando Sánchez Ugarte, quien ayer tomó posesión como director general de Transportación Marítima Mexicana (TMM), será enfrentar la licitación a que está convocando Petróleos Mexicanos para modernizar parte de su flota de transporte naval.
La rebatiña será histórica.
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