Coopelas y cuello
De acuerdo a un estudio realizado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, de mantenerse intacto el esquema para la aplicación del IETU (Impuesto Empresarial de Tasa Única), se estará condenando a muerte a la mitad de las empresas del ramo.
La exposición de motivos del documento entregado a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados habla de un escenario inequitativo que impide la posibilidad de aprovechar las deducciones previstas.
Dicho con todas las letras, la mayoría de la clientela, integrada al Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos), no tiene forma de validar fiscalmente los recibos que expide.
En abundancia, bajo el nuevo marco se anula la posibilidad de deducción de la mitad del costo de las casetas de peaje para carreteras concesionadas. Más aún, pese a que existe la posibilidad de reducir en tres por ciento el costo del prepago, vía el esquema conocido como IAVE, hete aquí que la factura de éste se incrementó al inicio del año cuatro por ciento.
Y aunque la posibilidad hablaría de lanzar en masa las unidades hacia las carreteras libres, éstas no sólo son insuficientes sino inseguras... y malas. Lo que se ahorraría en peajes se gastaría en la compra de refacciones o de reparaciones.
En Estados Unidos, en diferencia radical con nuestro país, existen 29 millas de carreteras libres por camión de carga, en tanto aquí llegamos a sólo tres… con opción de alcanzar 3.8 al final del sexenio.
De hecho, según los propios transportistas el subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Manuel Rodríguez Arregui, ha reconocido públicamente que tal cual viene el IETU implica sacar de la jugada a la mitad de los transportistas.
Lo dramático del asunto es que un intento de éstos de dialogar con la Secretaría de Hacienda se estrelló ante la indiferencia de los funcionarios.
Más aún, de pronto uno de ellos, el titular de la Unidad de Política de Ingresos, Juan Manuel Pérez Porrúa, se atrevió al retobo: “En realidad el impacto del IETU sería mínimo si ustedes estuvieran acostumbrados a pagar impuestos”.
La evidente descortesía frente a la plana mayor de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga no provocó reacción alguna del titular de la dependencia, Agustín Carstens, ni del presidente del Servicio de Administración Tributaria, José María Zubiría, cuyo eje de la argumentación se centró en señalar que el nuevo tributo en sustitución del Impuesto sobre la Renta permitirá la creación de más y mejor infraestructura.
Ahora que tampoco hubo mayor inquietud frente a la catarata de quejas de piratería y simulación colocadas en la mesa por el gremio.
Estamos hablando del cobijo que plantean los esquemas de inversión neutra para que la inversión extranjera penetre al país a contrapelo de la veda constitucional, cuyo punto de arranque es la posibilidad de arrendamiento financiero que ofrecen los bancos.
Estamos hablando, además, de los transportistas que se esconden en la economía subterránea sin que la autoridad sea capaz de meterlos en cintura, pese a que su principal actividad se concentra en las aduanas.
La flota, naturalmente, está integrada de unidades chatarra, cuya inversión es mínima.
Mientras éstos invierten por camión alrededor de 150 mil pesos, los legales apuestan más de medio millón.
La alfombra se tiende desde el momento en que el gobierno permite la existencia en las carreteras de cuota de gasolineras clandestinas que se surten de combustible robado de los ductos de Petróleos Mexicanos.
Más allá, a lo largo de las rutas funcionan empresas clandestinas de autopartes que no entregan recibo alguno.
Naturalmente, ningún pirata hace lo propio con su clientela.
Desde otro ángulo, el gremio vive en la incertidumbre frente a los añejos titubeos de la autoridad en fijar una regla para determinar las dimensiones que deben tener los camiones, en un escenario en que cada inversión se convierte en un volado.
Como usted sabe, hasta hoy no hay empatía entre el marco que rige al país y el que priva en Estados Unidos, lo que hace mayor el incierto, por más que el capítulo de la apertura prevista por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte está en el terreno de lo hipotético, tras el naufragio del llamado programa piloto que permitiría el paso libre de 100 empresas de uno y otro lados de la frontera.
Por lo pronto, la primera remesa de lo que se prevé como catarata de amparos contra la aplicación del IETU llegará con cargo a los transportistas de carga, cuya exposición de motivos se centra en una sola palabra: sobrevivencia.
Así de simple.
Balance General
Advertíamos hace unos días en este espacio que la Procuraduría General de la República preparaba lo que se ubica como el golpe “definitivo” contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, tras sortear éste por la vía del amparo las órdenes de aprehensión que pesaban en su contra.
Bien, pues la semana pasada asomó la colita del asunto, al vincular el Ministerio Público Federal al dirigente en largo exilio en Canadá con un caso de lavado de dinero.
La presunción habla de que José Arturo Ponce Medina, a quien se detuvo el 17 de enero pasado en el aeropuerto internacional de la ciudad de México, habría realizado operaciones de blanqueo por encargo de Gómez Urrutia.
La paradoja del caso es que el alerta que permitió la captura lo colocó la policía española en un escenario en el que no había ningún señalamiento contra el dirigente sindical.
El caso es que al detenido se le encontraron papeles que documentan operaciones a favor de Alejandro Gómez Casso y Daulina Casso Valdés, familiares de la esposa de Napo.
El detenido en proceso de extradición a España afirmó ser amigo de la familia del líder minero.
Palo a Romo
La noticia es que el décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil de la Ciudad de México le puso finalmente el punto final a un largo proceso en que se debatía la legitimidad de una asamblea de socios del grupo Savia en que se destituyó como su presidente a Alfonso Romo Garza.
La instancia judicial, pues, ratificó la legalidad de la elección de Arturo Estrada Treanor.
Como recordará usted, la asamblea de la discordia, efectuada el 29 de abril de 2005, debió realizarse en la acera del Hospital Santa Engracia de Monterrey, propiedad entonces de Romo, al negarse a abrir sus puertas en consonancia a la convocatoria respectiva.
El problema es que a la hora de la verdad, contra el cálculo de Romo, había más votos a favor de la causa de su suegro, Alejandro Garza Lagüera, quien había acusado públicamente al yerno de fraude, al vender sus acciones en Seminis, filial de Savia, a un precio muy superior al pactado por el resto.
La denuncia está aún viva en los tribunales.
Despega Querétaro
En lo que constituye la confirmación de la ciudad de Querétaro como plataforma de despegue para la industria aeroespacial, la empresa española Elimeo está anunciando una inversión de cinco millones de dólares para una planta de refacciones.
El año pasado, como recordará usted, había llegado la firma franco-canadiense Bombardier, para abrir el camino a la producción de aviones en México.
En paralelo, se alinearon, a la apuesta las firmas Embraser y Airbus con nuevas plantas.
Apuesta fallida
Finalmente el Banco Nacional de Comercio Exterior abrió una licitación pública para vender las acciones de las sociedades que mantiene en Chile para operar dos autopistas, la del Itata y la del Aconcagua, que en la práctica administran la Ruta Cinco: tramo Santiago-Los Vilos, y el acceso norte a Concepción.
Las concesiones, pertenecían a la empresa constructora Tribasa, quien las vendió al banco de desarrollo en pago de viejas deudas.
El canje resultó ruinoso para la causa del banco de desarrollo, quien intentará recuperar de lo perdido lo que aparezca.
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