Batalla del siglo
Enfocadas las baterías de lleno sobre el senador Jorge Mendoza, a quien se culpa de poner en jaque una añeja prebenda del Legislativo, lo cierto es que por espectacular que parezca el envío de millón y medio de cartas sin porte, el legislador en la picota no llegó al abuso
La razón es simple: la ley no le fija límite alguno a la prerrogativa con etiqueta de franquicia, es decir la puerta está abierta de par en par… por más que pagaron el pato otros seis senadores con pretensión de treparse a la coyuntura con medio millón de cartas por cabeza.
El caso es que cuando se abrió el telón el Servicio Postal Mexicano navegaba en mares desiertos, con etiqueta casi de monopolio.
El alud de solicitudes de correo gratuito del Legislativo, así, prácticamente ni cosquillas le hacía, por más que el Judicial mantiene la misma prerrogativa, que se extiende a partidos políticos.
El escenario, cargando hoy la entidad pública con un boquete de 500 millones de pesos y teniendo frente a sí una feroz competencia provista con etiqueta nacional y extranjera, ha cambiado radicalmente, lo que obliga a fijar nuevas reglas.
Digamos que los 39 millones de documentos que se enviaron a través de franquicias en el 2006 hoy pesan toneladas… por más que la factura sin cargo sea de 192 millones de pesos.
Lo interesante del asunto es que al fragor del escándalo el Servicio Postal Mexicano está colocando en la mesa una solicitud para definir, de fondo, el meollo: ¿Pueden o no competir con dignidad las empresas públicas con las privadas?
La exposición de motivos plantea un caso que está muy lejos de ser fortuito: la paraestatal perdió la posibilidad de un contrato millonario con Banamex por no tener facultades para disponer de una partida para la compra de 30 computadoras.
El peloteo burocrático, la búsqueda de sellos y contrasellos, el hábleme-mañana, el ahí-luego-vemos, agotó la coyuntura.
Más aún, el dedo en la llaga habla de la imposibilidad de Sepomex de reducir un centavo el costo del porte sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, lo que al vértigo de la rebatiña lo saca del mercado.
De saltarse las trancas la dependencia estaría expuesta a que la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación le finquen responsabilidades a sus funcionarios por un supuesto daño patrimonial.
La paradoja del caso es que la instancia tiene sobre sí una Junta de Gobierno a la que concurren, justo, los titulares de las dependencias involucradas, quienes, paradójicamente, se niegan a tratar ese tipo de asuntos, considerados menores.
Digamos que lo fácil es flotar de muertito para capotear las olas.
Ahora que el dedo en el renglón lo explica la larga trayectoria en el ámbito privado de la directora general del Sepomex, Purificación Carpinteiro, cuya ejecutividad se estrelló en una maraña de disposiciones y reglamentos ajenos a la dinámica de la competencia.
Abogada de profesión, la funcionaria, fogueada en empresas de telecomunicaciones multinacionales, fue la primera en colocarle número a la casa en la coyuntura de la expedición de la Ley Federal de Competencia Económica y el nacimiento de la Comisión a salvaguardia de ella.
Asesora jurídica de Iusacell, cuando su propiedad la compartían el empresario Carlos Peralta y la firma estadounidense Bell Atlantic, Carpinteiro planteó la primera querella por desplazamiento indebido de un competidor… contra Telcel, naturalmente.
La acusación concreta era que Teléfonos de México mantenía subsidios cruzados a favor de su filial de telefonía inalámbrica, lo que le permitía tarifas inalcanzables para la competencia.
Por agallas, pues, no queda.
Lo cierto es que la pelea por la autonomía de gestión de Sepomex se inscribe en un horizonte que engloba a la totalidad del aparato público: desde Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad hasta la banca de desarrollo, pasando por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos o los Talleres Gráficos de la Nación.
¿Se puede hacer negocio sin perder la exigencia de rentabilidad social? ¿Se puede el tú a tú con la competencia privada?
¿Somos o no somos?
Balance General
Lo cierto, a contrapelo de la desincorporación de sus vertientes de seguros a favor de la firma francesa AXA, es que la empresa holandesa ING no se va del país.
La compañía a la que se incorporó hace unas semanas el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jonathan Davis, en un ámbito de responsabilidad hemisférica, mantiene vivas sus raíces, vía una gama de actividades financieras.
Estamos hablando de un banco, una casa de bolsa, una sofol (Sociedad Financiera de Objeto Limitado) para hipotecas; una arrendadora y una administradora de fondos para el retiro.
Esta última alcanzó el segundo escalón del mercado tras la compra de la cartera que mantenía la Afore Santander.
Más allá, ING reforzará sus tentáculos con una serie de fondos del exterior a la caza de opciones de inversión.
Por lo pronto, se calcula que en tres meses se consolide la venta de la división de seguros a AXA, una vez que se obtenga el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y, naturalmente, de la Comisión Federal de Competencia.
Siempre no
La noticia es que la juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa de Jalisco, Martha Muro Arellano, se enmendó a sí misma la plana al revocar un amparo que había concedido a la empresa fabricante de aceites y lubricantes Bardahl contra una disposición de Pemex Refinación que le concede exclusividad a Mexicana de Lubricantes para vender sus productos en la red de gasolineras de la paraestatal.
El amparo concedido por la togada había sido ratificado por un Tribunal Colegiado de Distrito, lo que le abría paso a la empresa encabezada por Sergio Díaz para participar en el mercado.
El caso es que a contrapelo de la lógica, la ética y aún la estética, la jueza metió la reversa.
Del tamaño de la monstruosidad jurídica habla la apertura de un expediente por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
Más aún, el escándalo podría llegar a la Cámara de Diputados, algunos de cuyos integrantes preparan un punto de acuerdo para hacerle un extrañamiento al director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, por la aparente parcialidad de ésta a favor de Mexicana de Lubricantes, por más que la paraestatal tenga una participación minoritaria en la sociedad.
Lo cierto es que el negocio ha sido ruinoso para la empresa pública, calculándose un monto de pérdidas acumuladas de 30 mil millones de pesos.
Una para Napo
A la callada, el sindicato minero logró romper el tope virtual de incrementos salariales para revisiones contractuales, al lograr un inaudito nueve por ciento en tres plantas del Grupo Peñoles, todas ellas bajo las siglas Metmex.
En lo que va del año el promedio había sido de 4.25 por ciento.
El aumento se concedió al margen de prestaciones, es decir directo al tabulador.
Marco histórico
Durante el cuarto trimestre del año Televisión Azteca registró un nivel histórico en sus ingresos, al alcanzar dos mil 898 millones de pesos, siete por ciento más allá del mismo lapso del año anterior.
Del otro lado de la moneda, empero, la utilidad mayoritaria de la firma encabezada por Ricardo Salinas Pliego registró un descenso de 74 por ciento, que se explica por una fuerte provisión de impuestos equivalente a la caída.
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