Perdió la SCT
A contrapelo de sus propios pronósticos, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de pasadita el Ejecutivo, perderán el litigio que mantienen en aval de la designación de dos funcionarios de la dependencia como comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones
Colocada la última palabra en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta determinará que los reclamantes en lo individual, es decir el subsecretario de Comunicaciones, Rafael Del Villar y el director Jurídico, Gonzalo Martínez Pous, no tienen interés jurídico. Así de simple.
La sentencia, que será votada por el cuerpo de ministros en los próximos días, alude de soslayo a la inconstitucionalidad del ordenamiento que propició la renovación del pleno del órgano de regulación.
Estamos hablando de la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobada por el Congreso en la legislatura pasada, que derribó el máximo órgano de justicia del país en respuesta a una Controversia Constitucional planteada por un grupo plural de ex senadores, entre ellos Manuel Bartlett, Dulce María Sauri, Javier Corral y Raymundo Cárdenas.
El razonamiento es simple: Si el árbol nació torcido, qué caso tiene podar las ramas.
Lo curioso del asunto es que la resolución no entra al meollo, es decir no se pronuncia sobre la validez en la designación, aprobada por la Comisión Permanente, de los comisionados, presumiblemente para no abrir una laguna jurídica de imprevisibles consecuencias.
Y aunque en el horizonte el gobierno podría forzar el pronunciamiento vía un recurso legal, aparentemente la respuesta será el silencio… mientras el Congreso aprueba las modificaciones que se cocinan al ordenamiento para reintegrarle la viabilidad.
El orden, pues, llegaría cuando haya una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.
La paradoja del caso es que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes preparaba ya el relevo de los funcionarios para permitirles ocupar los cargos en sustitución de Eduardo Ruiz Vega y Gerardo González Abarca.
El embrollo, como recordará usted, se inicia a fines del 2006, cuando el Senado rechaza un nombramiento presidencial a favor de Del Valle y Martínez Pous, sin especificar a fondo las causas.
La versión extraoficial hablaba simplemente de que habían sido colocados como alfiles del entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
Colocado de espaldas a la pared, el gobierno foxista planteó su sustitución por Ruiz Vega y González Abarca, a quienes no se objetó.
El caso es que los rechazados buscaron un amparo, pese a que para entonces habían sido ubicados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La explicación oficial hablaba de una cuestión de orgullo profesional, es decir defender su capacidad para hacer frente a una responsabilidad de tal calibre, bajo el alegato de haber quedado en entredicho.
Lo cierto es que en paralelo el ex presidente Vicente Fox planteó una Controversia Constitucional que en el papel permitiría en forma sesgada llegar al fondo del asunto.
El diferendo planteaba una supuesta inconstitucional de la nueva Ley de Competencia Económica, colocando el énfasis en la facultad que se había abrogado el Senado para objetar los nombramientos presidenciales de los comisionados de la Comisión Federal de Competencia. Te lo digo Juana, pues, para que lo entiendas Chana.
El volado era evidente: Si el gobierno gana la apuesta, el juez tendría cimientos para resolver a favor de Del Villar y Martínez Pous.
En esa misma ruta el gobierno había objetado la facultad del Senado, o en su caso la Comisión Permanente, para validar el nombramiento del director general de la agencia oficial de noticias Notimex o del procurador de Defensa del Contribuyente. El hecho es que en el camino se atravesó el entredicho a la Ley Federal de Telecomunicaciones colocado en la mesa por los hoy ex senadores, cuyo desenlace no sólo derribó ésta, sino la nueva Ley de Radio y Televisión.
En el revoloteo, se habló de una supuesta ingerencia de las televisoras en el nombramiento de algunos de los comisionados, en un escenario que confrontó frontalmente a la Cofetel con la SCT.
Caliente el tiroteo, se habló de la incongruencia de que altos funcionarios públicos se ampararan contra resoluciones del Legislativo, lo que los colocaba como enemigos de éste.
Por lo pronto, el pleito se mantiene en impasse. No llegarán Del Villar y Martínez Pous, pero tampoco, a la corta, se mantendrán en el cargo los actuales comisionados.
Perdió la SCT.
Balance general
Las señales apuntan hacia una eventual renuncia del secretario de Hacienda, Agustín Carstens, en reacción a lo que se ubica como camisa de fuerza colocada desde Los Pinos.
En radical contraste con el escenario del sexenio pasado y aún media docena de los anteriores, la Presidencia de la República ha realizado las designaciones de los puestos vacantes en la dependencia.
La única excepción ha sido el nombramiento de José Antonio Meade como subsecretario de Ingresos, tras el salto a la causa privada de Fernando Sánchez Ugarte.
Sin embargo, en un sobre lacrado llegó ya el nombre del sustituto de éste como jefe de asesores del titular de la dependencia, por más que aún no se oficializa, la misma vía por la que se nombró al nuevo Procurador Fiscal de la Federación, y naturalmente, al Subsecretario de Egresos. Dicen que Carstens no se aguanta ni a sí mismo.
Siempre sí
En afán de impedir una catarata de amparos de los afectados con cargo en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nueva Ley de Telecomunicaciones que se cocina en el Congreso tendrá como sustento una reforma constitucional.
Aunque la presión apuntaba a aplazar la confección del ordenamiento tras su objeción por el máximo tribunal de justicia del país, en afán de no enrarecer el ambiente en el año en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe renovar las concesiones del espectro radioeléctrico, la intención es colocarlo como prioridad número dos del Legislativo… La número uno, lo adivinó usted, es la reforma energética.
El eje de la discusión, según pactaron panistas, perredistas y priístas, será empatar el ordenamiento con la reforma constitucional en materia electoral recién aprobada. Los gritos y sombrerazos, pues, están tocando la puerta.
Doble play de Holcim
A contrapelo de la cautela en que se mantienen algunas empresas gigantes frente al incierto del tamaño de los efectos de la recesión económica de Estados Unidos, la cementera Holcim Apasco arrancó ayer la construcción de la que será su séptima planta en el país, localizada ésta en Hermosillo. La inversión alcanzará 400 millones de dólares.
La oferta, bajo la vía del desarrollo sustentable que plantea como divisa la compañía de capital suizo, es optimizar el uso de energía eléctrica y térmica, además de consumir un mínimo de agua. Las oficinas administrativas aprovecharán la luz solar para iluminación y calefacción, y la recirculación de agua para refrigeración y riego.
Doble play, pues.
Ni debo ni pago
Pues nada, que Aeropuertos y Servicios Auxiliares insiste en que de acuerdo al artículo 115 de la Constitución no tiene obligación de pagar derechos por consumo de agua ni de impuesto predial. No hay, pues, deuda alguna con el gobierno capitalino. La paraestatal mantiene como escudo de protección contra un eventual corte de suministro o embargo un amparo obtenido en 2002.
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