Comida para todos
Encendidos los focos rojos de los tableros ante la desaceleración económica y la dramática pérdida de empleos en el país sin habernos golpeado aún de lleno la crisis económica de Estados Unidos, el Congreso está acelerando lo que ubica como antídoto… o bálsamo al menos
Estamos hablando de la Ley de Ayuda Alimentaria, cuya iniciativa se colocó en la mesa del Senado en diciembre pasado por la vía priísta, en intento de revivir viejos pendones de reivindicación social.
La posibilidad habla de una carambola de varias bandas, cuyo primer efecto apuntaría a resucitar uno de los ejes más debatidos del nuevo Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU): la imposibilidad de deducir las prestaciones alimentarias que otorgan las empresas.
Reintegrada, pues, la posibilidad de vales de comida, instalación de comedores y entrega de despensas para los trabajadores, los círculos concéntricos alcanzarían un efecto virtuoso hacia el mercado interno, al ampliarse el poder adquisitivo de los trabajadores; impulsarían la productividad; evitarían la incidencia de enfermedades que golpean con más vigor el gasto en medicina social, y le darían continuidad a los programas sociales.
Casi el paraíso.
De acuerdo con el cálculo de los expertos, 30% de los ingresos familiares se destina a la compra de comida, alcanzando hasta 40 en las familias pobres.
Del otro lado de la moneda, empero, el gobierno tendría que poner su parte al plantearse como aliciente de las empresas al esquema que tendría carácter voluntario, la posibilidad de deducir al doble el gasto.
De cada 100 pesos colocados literalmente en la mesa, en este caso mantel y cubiertos al calce, se dejarían de pagar 200 de tributos.
La exposición de motivos, empero, remite a estudios de la Organización Internacional del Trabajo que demuestran que una nutrición deficiente está estrechamente ligada al ausentismo, a las enfermedades y aún a los accidentes laborales, además de reducir hasta 20% la productividad.
Más allá, desde el plano teórico se señala que el derecho humano a la alimentación, consagrado en el artículo cuatro de la Constitución, se establece en numerosos instrumentos internacionales que México ha signado, lo que coloca al país en obligación de respetarlo, protegerlo y hacerlo efectivo.
Colocada la banderilla por un puñado de senadores priístas encabezados por María de los Ángeles Moreno, Heladio Ramírez López y Carlos Aceves Del Olmo, el insólito habla de la adhesión a bote-pronto de un segmento mayoritario de perredistas… y uno que otro panista.
La discusión la avivó la semana pasada la Liga de Economistas Revolucionarios al convocar a un seminario de título más que elocuente: “El derecho a la alimentación de los trabajadores”, que por aquellas cosas raras de la vida tuvo escasa difusión por parte de los medios.
Al evento, aderezado con la presencia del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, acudieron expertos brasileños, en la lógica de que el país carioca representa el caso más significativo de América Latina, al mantener desde hace tres década un programa de Alimentación para los Trabajadores.
Del lado mexicano, el énfasis se colocó en una ponencia (“La alimentación del trabajador como determinante de productividad y desarrollo económico”) planteada en concierto por líderes de organizaciones de trabajadores.
La argumentación aludió a la Encuesta Nacional de Salud 2006 que refleja la incidencia de la obesidad como una epidemia silenciosa que afecta a 70% de la población, con una cadena de secuelas que oscilan entre diabetes mellitus, hipertensión y ateroesclerosis.
La posibilidad de legislar en la materia apunta hacia todos los trabajadores del país, es decir no discrimina si laboran en el ámbito público o privado ni distingue tamaños de las empresas, abriendo una ruta para que los sindicatos negocien con los patrones en el marco de los contratos colectivos de trabajo, en el entendido que la ley concede beneficios fiscales a quienes adopten la modalidad.
Ahora que la iniciativa coloca una serie de candados para evitar simulaciones, entre ellos la obligación de entregar un control documental del beneficio, además de los comprobantes fiscales correspondientes.
La alternativa plantea varias posibilidades. Desde las comidas proporcionadas en comedores, restaurantes u otros establecimientos de consumo de alimentos contratados por el patrón, hasta integrar un sistema administrado por terceros para el uso de vales impresos o electrónicos, pasando, desde luego, por la entrega de despensas, ya sea en directo o vía vales.
El volado está en el aire.
Balance general
Pues ahora resulta que los amparos que tramitan los 45 ingenios privados del país no apuntan sólo al sobreprecio autorizado por la Secretaría de Economía para la caña de azúcar derivada de la zafra 2006-2007, sino al de la actual.
El alegato habla de que se planteó sobre una base irreal, es decir cuando el costal de azúcar de 50 kilos se cotizaba en 300 pesos… con la novedad que hoy cuesta 220.
Como usted sabe, de acuerdo a la Ley de Desarrollo Sustentable para la Caña de Azúcar, que sustituyó a la Ley Cañera, el costo por tonelada de la materia prima se calcula con base en 57% del valor del dulce en el mercado.
El caso es que presionada la solución con una espectacular toma de ingenios en diciembre pasado por parte de los cañeros, los propietarios de los ingenios lograron que se rebajara el costo previsto en 5.90%, por más que la caída exigida era de 12.
Éste se fijó en 5 mil 900 pesos por tonelada.
GAP no paga
Pues ahora resulta que el litigio que mantienen el gobierno capitalino y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), ante la negativa de ésta de pagar el impuesto predial y el consumo de agua, no es el único en el país.
El ayuntamiento de Tijuana mantiene un expediente abierto contra el Grupo Aeroportuario del Pacífico por idéntica razón.
La deuda, en este caso, es de 188 millones de pesos.
La exposición de motivos del edil de la ciudad fronteriza habla de que el país no está ya para privilegios o prebendas a favor de empresas que obtienen utilidades multimillonarias.
¡Pácatelas!
Boom de vivienda
Sembrado el entusiasmo de los inversionistas de cartera de Nueva York y Londres sobre la certeza de las apuestas bursátiles a favor de promotores de vivienda nacionales en el llamado Día Mexicano de la Vivienda que por quinta ocasión promovió la Comisión Nacional de Vivienda, la expectativa se multiplicó.
De acuerdo al órgano que encabeza el ex presidente de Canacintra, Carlos Gutiérrez Ruiz, este año la inversión en la materia alcanzará el escándalo de 281 mil millones de pesos.
Búnker tecnológico
En las próximas semanas la filial en México de la firma estadounidense General Electric inaugurará una ampliación del Centro de Ingeniería que mantiene en Querétaro, lo que permitirá ampliar la nómina de mil a mil 600 profesionales.
Estamos hablando de casi una generación completa de los 800 que se gradúan año con año en todos las universidades y tecnológicos del país.
Único en su género en América Latina, el Centro define la estrategia para mantener a la vanguardia a la firma en materia tecnológica, con la novedad de que los diseños son aplicados con prioridad para el país.
México es una de las escasas naciones en el mundo en que operan las seis grandes divisiones de General Electric.
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