Por si las moscas…
En previsión de que el catarrito augurado por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, al embate de la recesión económica de Estados Unidos en puerta, derive en neumonía, la cúpula empresarial le extendió el lunes al presidente Felipe Calderón una receta… de vitaminas
Ahora que, de pasadita, el papelito busca sacarse la espina frente a la ira de las bases por la imposición del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), cuyo efecto resultó mucho más nocivo de lo esperado, al punto de convertirse en el gran negocio para los despachos de asesoría.
Aunque guardada bajo siete candados, la exposición de motivos habla de que la aceptación dócil del tributo integrado al paquete fiscal aprobado por el Congreso, fue la factura que había que cubrir por la llegada al poder del actual Presidente de la República.
La paradoja del caso es que mientras el vecino del norte le está devolviendo a los causantes 145 mil millones de dólares de impuestos, equivalentes a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), en afán de inyectar liquidez de cara al mercado interno, aquí se implanta un tributo de control.
Más aún, por si el dardo no tuviera suficiente veneno, hete aquí que el gobierno subió las tarifas eléctricas y colocó en un escenario especulativo el cálculo para el costo internacional del gas natural.
Desde otro ángulo, existe un rezago patético en el cumplimiento por parte del Ejecutivo y el Legislativo de la Agenda Nacional de Competitividad entregada por el Consejo Coordinador Empresarial en julio del año pasado.
La receta del organismo coloca el énfasis en fortalecer al mercado interno como antídoto frente a la inevitable caída de las exportaciones hacia Estados Unidos, es decir, su principal destino.
Más allá, urge al gobierno a colocar en la mesa las propuestas para las reformas estructurales previstas en materia energética y laboral.
Adicionalmente, como no queriendo, se plantea eliminar las barreras a la inversión pública y privada en todos los campos; acelerar los programas de desregulación, y promover la diversificación de los mercados de exportación.
En el terreno impositivo se plantea la deducción inmediata del Impuesto sobre la Renta en nuevas inversiones, y una revisión de los criterios con que se maneja el IETU en materia de flujo de efectivo, especialmente en el renglón de anticipos para cubrir contratos.
La punta de lanza, empero, la planteó la Concamin vía un eje más simple: activar la construcción de obra pública prevista.
El camino habla de adelantar las licitaciones públicas federales para la segunda mitad del año y activar todas las obras públicas que por razones presupuestales han quedado inconclusas.
Más allá, se habla de que los gobiernos estatales, en coordinación con las autoridades municipales pueden y deben elaborar un calendario que permita conocer las obras públicas previstas para el año, atendiendo criterios como oportunidad en su realización, transparencia en su ejecución y pago oportuno para proveedores.
La desesperación habla, incluso, de simplificar los procedimientos administrativos que retrasan la ejecución de proyectos como carreteras, caminos y puentes; agua, riego, drenaje y saneamiento; ferrocarriles, puertos, aeropuertos, transporte urbano e interurbano, construcción de escuelas y centros de salud…
Adicionalmente, la Concamin habla de que para elevar el efecto de arrastre de la inversión pública sobre la planta productiva nacional es indispensable que un porcentaje de la inversión favorezca a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde otro ángulo, se habla de reactivar las operaciones de la banca de desarrollo para fondear aquellos proyectos de manufactura que requieran capital de trabajo o compra de tecnología de punta para su modernización.
Y ya metidos en gastos, los industriales plantean la urgencia de un programa de política industrial.
En el terreno subjetivo se habla de crear un “clima propicio” para la inversión productiva y la generación de empleos permanentes en la economía formal, aún cuando se señala abiertamente que “no pedimos subsidios que atenten contra el equilibrio de las finanzas públicas, ni proteccionismo comercial y mucho menos paternalismo gubernamental”.
La alerta de la cúpula empresarial frente al desborde del optimismo oficial, con la promesa anexa de recetar nuevas medicinas, bajo la etiqueta de medidas anticíclicas, sí se oscurece más el panorama.
Balance General
De acuerdo al criterio de la Secretaría de Hacienda, los 6 mil amparos colocados por otras tantas empresas, la mayoría gigantes, contra el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) no pasarán, al no ubicarse en ninguna de las tres líneas de combate.
Estamos hablando de universalidad, proporcionalidad y equidad.
Según el rastreo de la dependencia, la mayor parte de las solicitudes las han colocado en la mesa gremios que tradicionalmente gozaban de regímenes especiales, es decir, transportistas y productores de alimentos.
El caso es que en la larga lista se ubican también cadenas mercantiles a las que se descobijó con un nuevo escenario para la deducción de inventarios.
Más aún, se habla de firmas que cayeron en un esquema que las obliga a pagar no sólo el IETU, sino el Impuesto sobre la Renta por más que se había hablado que se enteraría uno u otro.
Cuentas alegres
La razón que explica el despido fulminante del abogado del líder minero Napoleón Gómez Urrutia, Juan Rivero, pese a la catarata de amparos favorables a la causa obtenidos, es que la medicina lo único que ha provocado es alargar la enfermedad.
Dicho con todas las letras, la protección de la justicia obtenida por el litigante ha sido “para efectos”, lo que obliga, en tal caso, a la simple reposición del procedimiento.
¿Se acuerda usted, por ejemplo, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cubierto el requisito, volvió a declarar inexistente la huelga en la Minera de Cananea, es decir, la principal productora de cobre del Grupo Minera México, lo que obligó a tramitar un segundo amparo “para efectos”?
El cuento, pues, de nunca acabar.
El caso es que bajo ese marco se prepara la reposición de las órdenes de aprehensión contra el dirigente frente al penoso asunto de los 55 millones de dólares que debían prorratearse íntegros entre los trabajadores, en cuyo escenario éste realiza una campaña preventiva, alegando que él y su esposa recibieron cuantiosas herencias, y que el sindicato se ha gastado 36 millones de billetes verdes en abogados.
El problema para Napo es que en el expediente consta un rastreo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en el que se documentan depósitos bancarios a su nombre y de su familia por 41.7 millones de dólares.
El depositante era el propio ex chofer del líder minero, quien lleva más de un año en la cárcel.
Broncononón
La sorpresa llegó la tarde del lunes cuando, tras una ríspida reunión, gritos y sombrerazos al calce, del Consejo de Administración de la empresa editora del diario especializado El Economista, se le pidió la renuncia al director general y fundador de éste, Luis Enrique Mercado.
Peor aún, la acción se completó con el sellado de las oficinas que ocupaba éste, en un escenario que augura un pleito formidable.
La decisión la avaló la unanimidad de los cuatro principales socios de la compañía en la que el propio Mercado mantiene un segmento minoritario de capital.
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Finalmente el pleno de la Suprema Corte de Justicia decidió ir a fondo en el asunto de los amparos tramitados por dos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rafael Del Villar y Gonzalo Martínez Pous, contra su rechazo para integrarse al pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
Nada para nadie, pues…aún.
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barrancoalberto
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