Sí… pero no
De no presentarse un cambio de último minuto, esta mañana se inicia formalmente en comisiones de la Cámara de Diputados un debate que apunta hacia algo más que gritos y sombrerazos: la posibilidad de dotar de uñas más puntiagudas a la Comisión Federal de Competencia
Colocada en la mesa por la fracción perredista, la iniciativa que apunta a reforzar el artículo 35 de la Ley Federal de Competencia Económica provocó, de entrada, un violento desgarre de vestiduras de los posibles afectados.
La razón se explica frente a la exigencia de cambiar el esquema para el cálculo de las multas para infractoras, de un múltiplo de salarios mínimos elevados al año, a un monto sobre el global de ventas de las empresas acusadas de prácticas monopólicas.
Metidos al terreno práctico, se pasaría de miles a millones… y en una de esas a cientos de millones.
El máximo actual, de acuerdo al marco jurídico vigente, que por cierto se modificó hace dos años, alcanzaría 7 millones de dólares, es decir unos 75 a 76 millones de pesos… frente a los mil 400 millones de euros que le asestó la Unión Europea a Microsoft, el amo global del software.
Pellizcos, pues, frente a misiles.
El caso es que lanzada a todo galope la caballería del cabildeo de empresas como Teléfonos de México, Televisa, Cementos Mexicanos, Vitro y Femsa, se logró reducir el monto máximo de sanción planteado originalmente a la tercera parte. De 9% del global de ventas de una empresa en el banquillo, a sólo 3%.
La victoria llegó, con apoyo de los priístas y un segmento de los panistas, prácticamente al primer amago de carga de los lanceros, lo que engolosinó a los cabilderos.
Vamos por todo… pero con nueva estrategia.
Estamos hablando de enredar el asunto de tal forma que lo negro pareciera blanco. Apoyamos la cruzada contra los monopolios, pero sin destruir el blanco.
Bienvenido, pues, 3%, pero sobre la base de las ventas del mercado relevante, es decir el segmento afectado por la supuesta infracción. El aplauso priísta fue unánime.
El problema, de entrada, es que en ninguna parte del mundo existe un organismo antitrust que finque sanciones sobre esa base. Y el problema, más allá, es que el esquema coloca a la Comisión Federal de Competencia en un espeso laberinto que vuelve misión imposible fijar un monto.
¿O usted cree que las empresas estarían dispuestas así nada más porque si a desmenuzar el monto de las cifras globales que algunas de ellas le entregan a la Bolsa?
Y a lo mejor usted piensa que el poder del gobierno podría obligar al fisco a develar el secreto. El problema es que tampoco lo sabe.
Ninguna firma paga tributos desmenuzando sus ingresos de cada segmento de mercado.
De hecho, a la pura solicitud de la dependencia se correría a buscar un amparo, en una ruta que meses y meses después podría llegar a la Suprema Corte de Justicia, bajo el alegato de inconstitucionalidad.
Lo curioso del caso, frente al pataleo encubierto por una supuesta resignación, es que en ningún país del mundo se ha rechazado la posibilidad de fijar las multas sobre la base de los ingresos de las firmas, en la lógica de que según el pájaro es la pedrada.
Así, en la Unión Europea el monto máximo puede llegar a 10% de los ingresos anuales… globales de una empresa, es decir la guillotina alcanza el universo total, no sólo la región afectada.
En Australia, a su vez, se plantea una de dos: 10% de los ingresos anuales o tres veces los beneficios ilegales obtenidos por la práctica monopólica.
Ahora que en la India el castigo es aún peor: 10% de los ingresos de la compañía acusada… durante todo el periodo de afectación por la práctica ilegal.
Y si le seguimos, en Sudáfrica no sólo se golpea a la faltriquera de las firmas con multas que podrían llegar a 10% de los ingresos anuales de la empresa más el monto total de sus exportaciones, sino podría haber cárcel para los dueños.
La ley habla de condenas que podrían llegar a 10 años.
Y aunque en Brasil la posibilidad de previsión alcanza la mitad, es decir cinco años, hete aquí la multa equivale a ¡30%! de los ingresos brutos anuales de la empresa enjuiciada.
¡Pácatelas!
Y a lo mejor usted está pensando que el caso Microsoft requería un tratamiento especial. Sin embargo, en el mismo escenario de prácticas monopólicas relativas se le impuso a la Telefónica de España un castigo pecuniario equivalente a 2 mil 200 millones de pesos.
Más aún, la firma gala France Telecom recibió un requerimiento por mil millones.
Ahora que por prácticas monopólicas absolutas la mano está aún más pesada: la firma Thysson Kripp fue multada por el equivalente a ¡6 mil 900 millones de pesos!, en tanto Siemens de Alemania alcanzó un golpe de 6 mil 600; Hottman La Roche de 4 mil 700… Y no le seguimos por falta de espacio. ¿Multitas que nadie puede fijar? ¿Sí, pero no?
Balance general
Colocada en el discurso una enérgica condena de la dirigencia priísta a una posible privatización de Petróleos Mexicanos, entendida ésta como una venta de activos al capital privado nacional y extranjero, no a la posibilidad de hacer negocios con éste, lo cierto es que, fintas aparte, sí hay una división en el ex partido oficial.
La manzana de la discordia es la pretensión de abrir la inversión en refinerías, bajo el argumento, al parecer irrefutable, de frenar la importación compulsiva de gasolinas, en un escenario en que la posibilidad habla de una maquila en India. El gran productor de petróleo comprando combustible del exterior.
El caso es que un segmento de legisladores tricolores se inclina a que la participación privada sea total, en tanto otra habla de acotarla al 51%, dejando a Pemex una posición minoritaria.
El argumento de los primeros habla de evitar un fiasco similar al que llegó durante el gobierno zedillista, cuando se intentó la venta de las plantas petroquímicas bajo un esquema similar.
El capital privado, pues, quiere todo o nada. Los jaloneos están sacando chispas.
Primero la familia
Entre el sinfin de irregularidades cometidas durante el paso del senador panista Juan Bueno Torio como director general de Pemex Refinación que investiga despacito la Secretaría de la Función Pública, están los contratos que le entregó a familiares directos, a contrapelo de la Ley Federal de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.
El principal beneficiario fue su tío, Emilio Bueno, propietario de la Transportadora Isabel, por más que se alegó en su momento que sólo se le dio continuidad a los contratos que tenía desde antes.
Ahora que a la empresa Autotanques de México, propiedad del cuñado del legislador al que le dan risa las acusaciones, Juan José Ortiz Ríos, se le otorgó un contrato de 25 millones.
Más aún, otro de sus cuñados, dueño de la firma Fletera Continental de Líquidos, recibió a su vez un contrato por 12 millones de pesos.
Y por si le faltara calor a la cobija para cubrir a la parentela, a la firma Turbogeneradores, propiedad en este caso de Luis Torio Ramos, se le favoreció, por la vía de adjudicación directa, con un contrato de 23 millones decesos para mantenimiento.
Otro chanchullo
La ira alcanzó ayer a empresas de telefonía como Alestra, Marcatel y la Telefónica de España, al constatar que el proceso para designar administrador de la base de datos para el proceso de portabilidad tenía un ganador de antemano.
Estamos hablando de Telecordia, a la que las firmas habían descalificado de antemano por lo que calificaron de “evidente parcialidad a favor de la compañía Axtel”.
Como usted sabe, la portabilidad implica que cualquier usuario tenga opción de cambiarse de empresa telefónica, sin perder su número.
Lo inaudito del asunto es que Telecordia incurrió en graves incumplimientos de las reglas del juego.
albertobach@yahoo.com.mx
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