Peor el remedio...
Ubicada como epicentro de un eventual estallido de huelga en Luz y Fuerza del Centro, la pretensión del Sindicato Mexicano de Electricistas de alcanzar un incremento salarial de 16%, tres tantos del tope previsto, lo cierto es que la metralla está en otro flanco
Estamos hablando de la revisión de 85 cláusulas del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, en un escenario en que cada parte jala la cobija hacia su propia causa.
Mientras el sindicato encabezado por Martín Esparza pretende la expansión de conquistas históricas a partir de la nacionalización de la compañía sueca que prestaba el servicio hasta el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, la empresa paraestatal planea desmantelarlas.
El punto más álgido se ubica en la exigencia de replantear el régimen de jubilaciones y pensiones, en cuyo marco se permite alcanzar el retiro a los 43 años de edad… con 130% de la última percepción salarial.
La largueza iguala en monto la posibilidad que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social a sus trabajadores, pero la supera en edad, considerando que en la instancia tripartita el nivel mínimo es de 53 años, provocando una grave descapitalización del fondo constituido.
El déficit, colocado por décadas como secreto de Estado, se ubica en 241 mil 243 millones de pesos. De acuerdo con lo pactado, la posibilidad de jubilación se alcanza a los 25 años de trabajo, a condición de haber cumplido 55 de edad, o a los 30, sin importar ésta.
Ahora que en el caso de las mujeres, ésta llega en automático a los 25 años de labores, sin restricción tampoco de edad.
Actualmente la proporción entre activos y jubilados es de dos a uno, es decir, 42 mil contra 21 mil, en un escenario en que el equilibrio llegaría con un mínimo de ocho a uno.
En el brutal desfase, el gobierno le entrega actualmente cada año a la empresa un multimillonario subsidio, que en 2007 alcanzó 43 mil millones de pesos, calculándose que al término del sexenio ascenderá a 84 mil.
La pretensión gubernamental, lo adivinó usted, es multiplicar la aportación de los trabajadores al fondo; fijar una edad mínima para el retiro, en concordancia con los trabajadores inscritos en el apartado A del artículo 123 de la Constitución, y reducir la percepción vía un mecanismo similar al del promedio de servidores públicos.
El callejón de
la patadas, pues.
Del tamaño de la batalla en puerta, a escasos cinco días de que venga el emplazamiento a huelga colocado por el SME, habla la instalación de tres mesas de negociación: la formal en la propia Luz y Fuerza del Centro, y dos alternas en la Secretaría de Gobernación y del Trabajo.
En el jaloneo, la empresa ha filtrado documentos a la Cámara de Diputados con datos que por décadas, dada la belicosidad del sindicato, se consideraron tabú.
Los textos, a título de diagnóstico, señalan que el pasivo laboral representa 62.9% del total de deudas de la compañía que por años se le ubicó en liquidación, además de 31% de los activos totales.
Y si le seguimos, equivale a 15.9 veces la nómina total integrada de un año… de la Comisión Federal de Electricidad, a la que se le da hoy carácter de correcta y eficiente.
En el jaloneo, además, se habla de construir al menos una planta de ciclo combinado que le permita producir a la empresa un mínimo de electricidad, cuya parte medular se le compra a la propia Comisión Federal de Electricidad.
Más allá, se habla de integrar un programa de productividad que permita la posibilidad de horarios discontinuos y el aprovechamiento de multihabilidades, en un escenario en que el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, prendió la mecha al declarar que el SME “está más preocupado por defender prebendas que por mejorar el servicio”.
Ahora que del otro lado de la mesa, los trabajadores hablan de la imposibilidad de hacer milagros frente a la obsolescencia de los equipos con que opera la empresa y la corrupción de los funcionarios que ha frustrado la posibilidad de modernización.
El hecho es que ante la imposibilidad de un arreglo se habla en las altas esferas de una acción drástica que llegaría en julio o agosto. Por lo pronto, empero, es un secreto a voces que de estallar la huelga el próximo domingo el gobierno utilizaría la figura de la requisa, empleando como trabajadores emergentes a los de la Comisión Federal de Electricidad.
Como recordará usted, el gobierno foxista le dio la vuelta a la alternativa prevista por el apartado B, cuando estallaron dos huelgas en Aeroméxico, entonces de propiedad pública.
Ahora que, de doblegar al combativo Sindicato Mexicano de Electricistas, el gobierno repetiría el numerito en octubre próximo, a la vera de la revisión salarial del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La batalla, pues, será histórica… e histérica.
Balance general
Finamente se hizo el milagro. Después de dos años de no verse las caras al más alto nivel, ayer el director general del Grupo Industrial Minera México, Javier García De Quevedo, encabezó la representación de ésta en un encuentro con la plana mayor del sindicato minero.
El gran ausente, por razones obvias, fue el secretario general, Napoleón Gómez Urrutia.
El tete a tete, que rompe un largo ayuno ante el empecinamiento de la firma en reconocer como contraparte a la instancia laboral, se realizó en las oficinas del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
De cumplirse a la letra los acuerdos, la distensión estaría a la vuelta de la esquina.
Estamos hablando, en principio, de empaquetar las huelgas que afectan la plantas de la firma ubicadas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete, Zacatecas, y parcialmente la que alcanza a la Minera de Cananea, principal productor de cobre del país.
La salida para un eventual desistimiento del sindicato llegaría al cumplimiento de los puntos que señalara una Comisión Mixta de Higiene y Seguridad en una inspección exhaustiva de los centros fabriles.
Más allá, habría un arreglo en materia de salarios caídos en siete meses de inactividad; de cobertura de cuotas sindicales durante el lapso, y de indemnización para trabajadores accidentados. Lucecita, pues, en el largo túnel.
Segunda llamada
Frustrada, durante el gobierno foxista, la posibilidad de hacer surgir de entre sus cenizas la industria petroquímica vía una alianza mixta entre particulares y Pemex, el gobierno actual plantea la revancha.
Regresa, pues, el proyecto Fénix, aun cuando bajo un esquema acotado y sin la pretención expansiva del primero.
Como recordará usted, el volado hablaba de una participación minoritaria de la empresa pública en una sociedad con las firmas Grupo Idesa, Alfa, vía su filial Ildepro, y la canadiense Nova Chemicals.
El proyecto, lo recordará usted, lo frustró la negativa de la Secretaría de Hacienda de garantizar un suministro de materias primas de largo plazo, con un precio equilibrado.
El volado, pues, está otra vez en el aire.
¡Al abordaje!
Entre los proyectos que empuja el nuevo director general de Transportación Marítima Mexicana, Fernando Sánchez Ugarte, está la integración de una empresa global que ofrecerá servicio a clientes de la Unión Europea, Asia y América.
La razón social será TMM Global Services.
Durante el año pasado la firma encabezada por José Serrano Segovia facturó 3 mil 500 millones de pesos, 24% más que en 2006, incrementándose su margen de operación en 8%.
En el renglón marítimo los ingresos alcanzaron un crecimiento de 22%, para llegar a 2 mil millones.
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