Portazo a la IP
A contrapelo de frases y poses que hablan de unidad para construir futuro (“Juntos lo hacemos mejor”), el Gobierno le dijo no a una alternativa planteada por el sector privado para multiplicar esfuerzos hacia el flanco más débil del país: la infraestructura.
En el eco del rechazo a la posibilidad de integrar un Consejo Nacional de Infraestructura de perfil mixto, se escucha aún el retobo: “En mis dominios no se pone el sol”.
Colocada en la mesa desde junio del año pasado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la propuesta ofrecía cimentar el pronóstico del Foro Económico Mundial, a la vista del Plan Nacional de Desarrollo, de elevar al país a la posición 60 a la 30 en el ranking de la materia.
Casi el paraíso.
El planteamiento era simple: dado que el pasar del dicho al hecho, es decir abatir un rezago ancestral, reclama 55 mil millones de dólares, y la capacidad de financiamiento de la banca es de sólo 46 mil millones… para todo el aparato productivo, se abriría un marco de fuentes complementarias.
La propuesta, por lo demás, hacia congruente la exigencia del Plan Maestro de Infraestructura de involucrar a los sectores productivos y financieros, a fin de detonar los proyectos y obras prioritarias. Pero como usted sabe, los constructores proponen y el Gobierno dispone…
Lo cierto es que los objetivos `planteados para justificar la creación del órgano en que participarían el Gobierno, el sector privado, el social y el académico, parecían impecables:
—Generar consensos entre los actores políticos, económicos y sociales dirigidos al cumplimiento de las metas establecidas por el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Maestro de Infraestructura.
—Promover e incentivar el compromiso y la participación de la cadena productiva de la construcción, así como del sector financiero en el desarrollo de los proyectos estratégicos de infraestructura.
—Involucrar al sector privado en los proyectos de infraestructura para detonar mayores inversiones.
—Coadyuvar a la coordinación entre los tres niveles de gobierno en la implantación de los proyectos de infraestructura básica y social de impacto regional.
—-Ser instancia de consulta en la definición de proyectos estratégicos y prioritarios de infraestructura.
Ahora que el punto fino de la alternativa es que no reclamaba de la creación de infraestructura, es decir no provocaría la generación de plazas burocráticas.
Por parte del Gobierno al Consejo Nacional de Infraestructura se integraría el propio gabinete de infraestructura, al que concurren los titulares de las Secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Transportes, Función Pública, Energía, Turismo y del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adicionalmente, se integraría la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), vía los Consejos Estatales y Regionales de Infraestructura.
Por el sector productivo, además del Consejo Coordinador Empresarial y la Concamín, tendrían un papel relevante la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, además de la Asociación de Banqueros de México.
En el sector social participarían la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y la Universidad Nacional Autónoma de México.
En la conjunción, mientras Hacienda plantearía los proyectos estratégicos para generar mayor competitividad, además de coordinar la participación de la banca de desarrollo, la de Comunicaciones y Transportes proveería de esquemas público-privados; la de Turismo de armonía en los proyectos de impacto nacional…
En el plano privado la representación apuntaría a tres millones de empresas que generan el 88 por ciento del Producto Interno Bruto; el 85 por ciento de los empleos en el país, y el 90 por ciento de las exportaciones.
La estructura del órgano se integraría con un presidente, un secretario técnico y los representantes del sector público, privado y social, con opción de integrar grupos de trabajo conjuntos.
El frustrado proyecto hablaba de realizar una sesión plenaria al año; seis bimestrales ordinarias, y una mensual de los grupos de trabajo.
El círculo, pues,
parecía cohesionado
Por lo pronto, a casi dos meses de haberse anunciado el fortalecimiento del Fondo Nacional de Infraestructura, es la hora en que ningún proyecto está en proceso de adjudicación.
Ya ve usted que no hay prisa.
Balance General
¿Por fin? A contrapelo de los análisis de la Secretaría de Energía que plantean abrir el escenario a la participación privada en la exploración y explotación de petróleo en aguas profundas con la simple modificación de leyes secundarias, hete aquí que hace cuatro años el planteamiento era otro… al menos en lo que toca al sector eléctrico.
“Es necesario —señaló letra por letra el titular de la dependencia en 2004— complementar la inversión pública con inversión privada, bajo diversas formas de participación, para lo cual es indispensable dar certeza jurídica a la inversión.
“La adecuación de los artículos 27 y 28 constitucionales es la única manera de otorgar plena certidumbre a la inversión.
“Ninguna legislación secundaria podría dar los espacios de garantía y claridad que una modificación constitucional puede establecer en materia de certidumbre, confianza y seguridad a todos los actores”.
El secretario de Energía, entonces, se llamaba Felipe Calderón Hinojosa.
¿Cambió el estilo? ¿Cambió la certeza?¿Cambió el enfoque?
Gozo al pozo
La noticia es que la posibilidad de un acuerdo entre el Grupo Industrial Minera México y el sindicato minero se derrumbó estrepitosamente a la tercera ronda de negociaciones entre las partes, bajo la acusación mutua de intransigencia.
El punto que rompió lo que apuntaba a una tregua para levantar las huelgas que paralizan totalmente la producción de las minas de Taxco y de Fresnillo y parcialmente la Minera de Cananea, fue la negativa a una nueva inspección en materia de higiene y seguridad.
Como usted sabe, el arbitraje lo realizaba el propio secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.
¿Y los bonos?
Colocada en escena, a contrapelo del incierto que plantean las miles de solicitudes de amparo en los tribunales contra la reforma a la Ley del ISSSTE, la Administradora de Fondos para el Retiro bajo la razón social PensionISSSTE que administrará las cuentas individuales de los servidores públicos, la gran incógnita es cuántos de ellos aceptaron la posibilidad de un bono de marcha.
Como recordará usted, al individualizarse las cuentas cada trabajador estaba en opción de mantenerse en el régimen anterior o cambiar de escenario, en cuyo caso se le reembolsarían sus aportaciones históricas… para depositarlas en la nueva intermediaria. Como usted sabe, ésta tendrá la exclusividad en el manejo de la cuentas de los trabajadores del sector público en un lapso de tres años, tras el cual cada quien optará por la Afore de su preferencia.
Por lo pronto, llama la atención que se hable de un fondo inicial de sólo 60 mil millones de pesos.
Ahí se va
La sorpresa para las empresas constructoras que sondean la posibilidad de participar en la creación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que apunta a la más extensa del mapa, es que no existe un plan maestro.
Dicho con todas las letras, cada licitante debe trazar sus propuestas sobre un escenario que más o menos imagine.
La razón de fondo, ¡válgame Dios!, se encontró un grave faltante de ingenieros en el país. albertobach@yahoo.com.mx, barrancoalberto@prodigy.net.mx
