Operación hormiga
Aunque desde un esquema formal la propuesta en ciernes del gobierno no apunta a la privatización de Petróleos Mexicanos en la medida en que no se venden los activos existentes, lo cierto es que la presencia del capital privado nacional y extranjero se volvería asfixiante
Digamos que la empresa pública se volvería una simple administradora de contratos con perfil de comercializadora, productora de materias primas e importadora de productos procesados, abandonando de golpe su condición de monopolio de Estado.
Los empresarios han ido ganándole terreno al mar en una operación hormiga que se inició en el gobierno salinista, cuando se abrió la posibilidad de compra y transporte de gas, lo que en el papel permitiría tienda de enfrente.
Más allá, aunque fracasó la apuesta de desincorporar complejos en su conjunto, poco a poco se han ido desmantelando las plantas petroquímicas en beneficio de particulares, por más que la inversión ha sido raquítica, desaprovechándose la posibilidad de acción conjunto como la planteada vía el frustrado Proyecto Fénix.
De hecho, desde 1982 la inversión de Pemex en la materia ha sido apenas simbólica, reduciéndose 85 por ciento entre 1991 y 97, por más que en el escenario estaba la posibilidad de reforzar el Complejo Petroquímico Morelos para aprovechar el gas y los líquidos de Cantarell, que se queman inevitablemente.
Más allá, durante el sexenio zedillista se desplazó del mapa al Instituto Mexicano del Petróleo, lo que le abrió el camino a jugosos contratos por parte de consultores privados nacionales y extranjeros, dejando además a la empresa pública sin capacidad de ejecución.
Y si le seguimos, durante el foxista se abrió la posibilidad de los contratos de servicios múltiples, pese a su dudosa constitucionalidad, que permiten la exploración y explotación de gas natural en afán, se dijo, de compensar las reservas en 20 por ciento, lo que hasta hoy no ha ocurrido.
De hecho, las importaciones del insumo alcanzan ya dos mil millones de dólares anuales, con la expectativa de mantenerse en el 2010 en el equivalente al 30 por ciento del consumo interno.
Adicionalmente, Petróleos Mexicanos tiene cientos de contratos de asesorías y outsurcing, es decir desplazar funciones hacia otras empresas… de carácter privado, naturalmente, entre ellas el alquiler de plataformas e instalaciones.
De aprobarse la propuesta en la mesa el gradualismo hacia la participación privada daría un formidable salto al aceptarse la posibilidad de contratos de riesgo abiertos o simulados en la explotación de gas o en la exploración y desarrollo de yacimientos en aguas profundas, bajo esquemas semejantes a los que permitan la generación eléctrica privada.
Desde otro ángulo, se abriría la puerta a refinerías privadas y a la posibilidad de construir y operar ductos por parte del capital nacional o extranjero, administrando los existentes.
En otro escenario, la pretención habla de convertir a Petróleos Mexicanos en una “sociedad de interés público”, lo que permitiría dividir su capital en dos series, A y B. La primera la suscribiría en su totalidad el gobierno con derecho único e irrenunciable, la segunda se colocaría en el mercado, aunque según ello dando prioridad a inversionistas nacionales.
El gobierno mantendría el 80 por ciento del capital y el resto se pulverizaría entre inversionistas privados.
El problema, lo adivinó usted, es que dada la condición de quiebra técnica en que se ubica la paraestatal, es decir el haber perdido su capital social al acumular mayores pasivos que activos, las calificadoras le aplicarían un castigo… con cargo al costo de los papeles.
De hecho, la posibilidad de colocar en el mercado emisiones de deuda la permite el aval del gobierno federal.
Bajo otra perspectiva, dada la dramática caída de la inversión programable de Pemex, abatida entre 1982 y el 2006 de 8.3 a 1.8 miles de millones de dólares, es decir casi 80 por ciento, el tablero lo juegan los Proyectos de Infraestructura Productiva de Largo Plazo Diferidos en el Registro del Gasto (Pidiregas), que permiten el financiamiento privado de los contratos.
De hecho, hasta el 2006 el 84 por ciento de la formación de capital de la empresa lo permitía el instrumento, cuya bola de nieve se está convirtiendo en alud.
La deuda por el concepto oscila entre 50 y 60 mil millones de dólares. Operación hormiga.
Balance General
Más de lo mismo: Curioso, por señalar un calificativo, que el gobierno anuncie la posibilidad de reactivar la alicaída industria petroquímica vía una oferta de suministrar de etano y gasolinas naturales a los privados que se asocien en mayoría con Petróleos Mexicanos. El contrato se firmaría por 15 años.
Como usted sabe, la negativa de la Secretaría de Hacienda a un escenario similar, bajo condiciones de precio “garantizado”, fue lo que impidió pasar del dicho al hecho en el frustrado proyecto Fénix.
El problema, lo adivinó usted, es que el consorcio de entonces ya se disolvió.
Fuchi a Concamín
En lo que representó el segundo desaire a los industriales del país, el presidente Felipe Calderón no acudió a la asamblea de la Concamín en que se reeligió como presidente a Ismael Plascencia.
Lo grave del caso es que el organismo conmemoró 90 años.
Para el titular del Ejecutivo era más importante hablar de empleo en una gira por Jalisco… y de pasadita permitir que se lavara la cara el gobernador panista de la entidad ante su catarata de millonarios donativos a causas religiosas.
En noviembre pasado tampoco hubo presencia oficial al más alto nivel en la Reunión Anual de Industriales… con la novedad de que el presidente Calderón estuvo en Monterrey para anunciar una baja en las tarifas eléctricas… para industrias.
¿Veto público a Plascencia ante su estilo bronco?
Lo cierto es que el discurso de éste resultó deslavado ante una catarata de lamentos y ninguna propuesta de salida.
Alternativa ficta
El alud en que se convirtió el caso Unefon empezó a rodar frente al espeso silencio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante un reclamo original de la firma para la devolución de intereses por el monto pagado como contraprestación por la asignación de 27 frecuencias para operar.
De hecho, el primer reclamo de la firma de telefonía ante un tribunal de justicia fiscal y administrativa apuntó a hacer efectiva la llamada alternativa ficta, es decir el dar por aceptada una petición cuando no hay respuesta de la autoridad en un plazo determinado.
El litigio se inició en 1998, cuando el titular de la dependencia era Carlos Ruiz Sacristán.
El caso es que ahora, más allá de los 46 millones de pesos pendientes de devolución, Unefon reclama intereses de 10 años sobre ellos y los 550 que se le pagaron el último día del sexenio pasado.
Azteca muerta
En lo que constituye la puntilla para Líneas Aéreas Azteca, Aeropuertos y Servicios Auxiliares la despojó de los hangares que mantenía en la terminal capitalina, lo que vuelve misión imposible regresar al escenario, dada la saturación de la de Toluca.
La acción, lo adivinó usted, se asocia a las deudas que arrastra la empresa tras su venta por parte de Leonardo Sánchez Avalos a un grupo de empresarios que terminó a la greña.
China y Japón
Bajo el título de “China y Japón”, modernización económica, cambio político y posicionamiento mundial”, esta noche se presenta en el Club de Industriales un volumen coordinado por Laura Rubio Díaz Leal, en coedición de la editorial Miguel Ángel Porrúa, el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Senado de la República.
Los presentadores serán el embajador Eugenio Anguiano Roch; el economista Julio Millán y el senador Carlos Jiménez Macías.
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