Con todo
La inminencia del desenlace de un litigio que se ventila en la Comisión Federal de Competencia está provocando el más violento intercambio de golpes entre el magnate Carlos Slim y el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, en una pelea de 10 años en el cuadrilátero
Al fragor del toma y daca, mientras el primero, a través de sus voceros, acusa a éste de ser comisionista al servicio de causas transnacionales, el segundo lanza un dardo envenenado al señalar que Teléfonos de México constituye un Estado dentro de otro Estado.
Del tamaño de los moquetazos habla la acusación a Gil Díaz de usurpar funciones durante el sexenio anterior, al convertirse en el poder tras el trono, es decir, el Richeliu, Mazarino o Fouché del gobierno foxista… en tanto, de la esquina contraria se habla de un fracaso total en la privatización de Teléfonos de México, al ser incapaz la autoridad de contener al monopolio.
Y, en el vuelo de las cachetadas, se aduce que el verdadero monopolio es el que la Telefónica de España mantiene en su sede y en varios países de América Latina, al acaparar más de 90% del mercado; que Slim es intocable; que Gil Díaz trata de justificar su jugoso salario con bravatas; que Telmex explota a sus usuarios y a quienes reclaman interconexión…
Y si le seguimos, la andanada habla de que el ex funcionario utiliza información privilegiada para apuntalar a la multinacional que le empleó; que mientras Telmex contribuye con más de 30 mil millones de pesos al año al fisco, generando miles de empleos e invirtiendo en poblaciones rurales, Gil Díaz busca precios regalados, y que sin invertir un peso se le permita utilizar la red de la empresa hegemónica.
¡Pácatelas!
Ahora que en el camino se acusa a uno y otro gallito de mover sus alfiles para inclinar la balanza a su favor… o al menos debilitar al contrario.
De hecho, se señala que Gil Díaz habría armado en su época de hombre fuerte del país un tablero de ajedrez con funcionarios públicos como alfiles o peones, para colocar en permanente jaque a su rival, lo mismo en la SCT que en la Comisión Federal de Telecomunicaciones, en su intención de emplearse con la Telefónica de España al dejar la Secretaría de Hacienda.
Su principal ficha sería el subsecretario de Comunicaciones, Rafael Del Villar.
Del otro lado de la mesa, según ello, la contraparte habría azuzado a los diputados perredistas Pablo Trejo Arreola y Antonio Soto para revivir la investigación por el supuesto conflicto de interés en que incurrió Gil Díaz al contratarse originalmente con el banco inglés HSBC (Honk Kong Shangai Bank Corporation), como integrante de su Consejo de Directores.
Más aún, de pasadita se habla de plantear una serie de reformas a la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos para evitar casos similares.
El eje del intercambio de golpes, decíamos, se ubica en una denuncia planteada a finales del año pasado ante la Comisión Federal de Competencia por la Telefónica de España contra Teléfonos de México, en la que se acusa a ésta de desplazamiento indebido.
Concretamente se habla de soslayar durante 20 meses una resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones que le obliga a interconectar a su red a firmas de telefonía fija.
La manzana de la discordia es una filial de la Telefónica de razón social Grupo Telecomunicaciones Mexicanas.
El caso es que Telmex documenta la negativa a darle acceso a su red, aduciendo que la filial en México de la firma española opera al margen de la ley, es decir, a contrapelo de la prohibición expresa de acotar la participación del capital extranjero a un máximo de 49% para todos los servicios de Telecomunicaciones, a excepción de la telefonía celular o móvil.
La acusación concreta hablaba que, de acuerdo a sus propios reportes, la firma mantiene un 97.7% de inversión extranjera indirecta y 89.6% bajo el control de su subsidiaria Telefónica Móviles, lo que contradice lo dispuesto en los artículos 534 y siguientes de la Ley de Vías Generales de Telecomunicación.
De hecho, Telmex aduce que de interconectarse a la firma se estaría colocando en opción de que se le retire la concesión.
El caso es que para la Telefónica, la firma hegemónica mexicana no es autoridad para calificar la legalidad de quienes le solicitan un servicio.
La indagación de la Cofeco entró ya en su recta final, lo que explica la virulencia de los contendientes.
¿Será melón? ¿Será sandía?
Balance general
De no enderezarse a tiempo el timón, la licitación convocada por Pemex para otorgar un contrato de arrendamiento financiero para cinco buques-tanque que engrosarían su flota, navega directo al naufragio.
Hete aquí que la paraestatal está convocando a dos corredurías internacionales para plantear un precio medio a nivel internacional de contratos similares, lo que en el papel parecería justo.
El problema es que se están soslayando las condiciones específicas que se exigen a los licitantes, lo que podría dejar fuera al 90 por ciento de ellos.
Estamos hablando, por ejemplo, de la exigencia de entregar los barcos en un punto específico, lo que podría elevar en algunos casos el costo de traslado a un millón de dólares. Adicionalmente, no se toman en cuenta las condiciones específicas que se plantean para los navíos.
La séptima y última junta de aclaraciones sobre las bases de licitación se celebró el martes pasado, con la novedad de que en todas ellas se plantearon 400 preguntas. El camino, pues, está allanado para la entrega de posturas el 26 del mes que corre.
En la pelea están, entre otras, Transportación Marítima Mexicana y una docena de instituciones financieras, entre ellas Citigroup/Banamex, Inbursa, Scotiabank, HSBC y el banco Paribás.
No… pero sí
Negado por el presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, Guillermo Prieto Treviño, que los banqueros y casas de bolsa hayan recibido información privilegiada en relación a la propuesta de lanzar bonos ciudadanos para capitalizar a Pemex, días antes de que llegara a la ventanilla del Senado la iniciativa de reforma energética, lo cierto es que sí hubo consulta previa del gobierno a las intermediarios.
En las reuniones se discutió la posibilidad de que los bonos que originalmente se llamarían “de transparencia” se indexaran al capital de la empresa pública, sin derecho de voto, como lo había hecho Colombia. La alternativa se desechó al considerar que implicaría necesariamente una reforma constitucional.
De ahí, pues, la referencia que hace Marcos Ramírez Miguel, director de Adquisiciones y Activos del Banco Santander, en el correo electrónico que provocó el escándalo: “Yo podría agregar, confidencialmente, que la reforma petrolera que está en el horno contempla la emisión de un instrumento híbrido que pague el mínimo de inflación, pero que esté ligado a los resultados de Pemex, tipo Colombia…”
El correo llegó, entre otros, a Alejandro Reynoso, funcionario de la Bolsa Mexicana de Valores, y a Fernando Quiroz, director adjunto de Operación de Banamex.
Van por ‘Napo’
El siguiente blanco, en el regreso de la persecución contra el sindicato minero, repuestos los procedimientos que derivaron en las tres órdenes de aprehensión contra las que se amparó “para efectos”, es el líder de éste, Napoleón Gómez Urrutia.
Sin embargo, integrados los tres expedientes en uno, habrá sólo un juicio para el dirigente exiliado voluntariamente en Canadá.
Por lo pronto, los jueces de la causa, Margarita Bastida Negrete y Jorge Tomás Rodríguez Arvizu, ya giraron un exhorto al procurador general de justicia del Distrito Federal, Rodolfo Félix Valdés, para detener al Tesorero del sindicato, Héctor Félix Estrella, y al secretario de Asuntos Internacionales, Juan Linares Montúfar, bajo cargos de administración fraudulenta agraviada.
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