Trapitos al sol
En lo que constituye la cuarta de la serie, el juez de la causa difirió para una fecha indefinida la audiencia constitucional para desahogar la solicitud de amparo de seis empresas gaseras contra la decisión de clausurar temporalmente el gasoducto que las alimentaba
Estamos hablando, lo adivinó usted, del que corre de Venta de Carpio a San Juan Ixhuatepec, con una longitud de 18.822 kilómetros, colocado a una profundidad de 12 metros.
La exposición de motivos, como se recordará, hablaba de la existencia de asentamientos irregulares a lo largo y ancho del derecho de vía de la tubería.
Emplazado originalmente para el 16 de agosto del año pasado, el procedimiento que cerraría la causa se aplazó para el 19 de septiembre, luego para el 30 de marzo, más tarde para el 10 de abril…
La justificación del juez séptimo de Distrito del estado de México, Benjamín Soto Sánchez, es la inexistencia de pruebas concluyentes por parte de los demandantes, es decir, Gasomatic y Unigas; Vela Gas, Bello Gas y Gas Metropolitano, en relación con las pérdidas derivadas de la decisión de autoridad, lo que podría inclinar la balanza a su favor.
De entrada, Gasomatic y Unigas, encabezadas por Tomás Zaragoza, le deben a Petróleos Mexicanos 500 millones de pesos por concepto de abasto de gas LP, de los cuales 130 se arrastran desde hace más de una década.
La firma, pues, está en las últimas.
Sin embargo, llama la atención el que las gaseras le hayan propuesto en la fase previa a la presentación del amparo a Petróleos Mexicanos la compra del gasoducto, lo que, de aceptarse, implicaría una erogación de al menos seis tantos al monto del débito de Tomás Zaragoza.
Y, sin embargo, llama la atención, más allá, que las firmas establecidas en el poblado conocido coloquialmente como San Juanico ofrecieran tradicionalmente el gas LP a un precio inferior al de la competencia, pese a la existencia de un tope oficial.
La sospecha habla de enjuagues al interior de la paraestatal para abrir la válvula al margen de los registros oficiales, soslayándose al menos 15% de los costos de la factura.
—Ahí luego nos ponemos a mano.
Lo cierto es que el asunto, dada la timidez de la autoridad en exigir el traslado de las instalaciones hacia un escenario menos conflictivo, se ubica en el callejón.
De aceptar el juez de la causa el amparo reclamado, por más que la solicitud se planteó en forma extemporánea, la reapertura del gasoducto provocaría un conflicto social de dimensiones incalculables, dado el incumplimiento de la promesa gubernamental de reubicar a las 350 familias que viven en los asentamientos irregulares.
Más aún, se estaría soslayando una disposición del gobierno federal, emitida hace 22 años, que obliga a las distribuidoras a reubicarse hacia zonas despobladas.
La exigencia se publicó en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1986, bajo el marco de un “Acuerdo para la reubicación de las plantas de almacenamiento de gas LP ubicadas dentro de poblaciones”, expedido por las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y Salud, por el que se concedía un año para la mudanza, bajo amenaza de clausura definitiva.
El ordenamiento llegó en reacción a la indignación popular provocada por aquella terrible explosión del 19 de noviembre de 1984 que causó la muerte de 500 personas, miles de heridos, y la destrucción del poblado de San Juan Ixhuatepec, incluidas casas e industrias.
Adicionalmente, se estaría pasando por alto lo señalado en el Atlas Dinámico de Riesgos 2000-2003 del municipio de Tlalnepantla de Baz, al que corresponde San Juanico, que habla en forma enfática de lo que se califica como “grave peligro de origen químico” para la comunidad, ante las constantes fugas, incendios y explosiones.
Y si le seguimos, existe un estudio realizado, a petición de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por el Batelle Memorial Institute de Estados Unidos para evaluar la integridad mecánica y el riesgo del ducto, así como las consecuencias sobre la población en caso de una falla, cuya conclusión hablaba de una amenaza “catastrófica”.
A la letra, el texto describía un ambiente de aire enrarecido en San Juan Ixhuatepec, en medio de olores a ácido y podredumbre, que se vuelven insoportables en la cercanía del Polígono de Seguridad, es decir, el área donde están la planta distribuidora de Pemex y las gaseras.
Ahora que del otro lado de la moneda, el cierre del gasoducto provocó un peligro paralelo, al transportarse el gas licuado de petróleo en pipas de doble salchicha, por más que se impidió, a fuerza de presión de los pobladores, su paso por el poblado.
Digamos que Pemex desactivó una bomba para abrir el camino a cientos de ellas, dada la densidad de una población de 250 mil personas en asentamientos regulares e irregulares.
Como lee usted, pues, si cae águila malo; si cae sol, peor… aunque la moneda podía caer de canto: reubicando a las gaseras.
Balance general
Sin haberse colocado aún en el tapete de la discusión la posibilidad de los llamados “Bonos Ciudadanos” con que el gran público participaría en la capitalización de Petróleos Mexicanos, ya aparecieron las primeras grietas.
De entrada, resulta inoperante la posibilidad de indexar su rendimiento al de las ganancias de la paraestatal, dado que éstas no existen… a menos, claro, que se le quitara el colosal fardo fiscal que lleva sobre la espalda, lo que podría derivar en un colosal fiasco colectivo.
“Nos engañaron”, dirían los inexpertos atraídos por el anzuelo de la propaganda asfixiante.
Así, la emisora estaría obligada a ofrecer una garantía de tasa real, es decir, por encima de la inflación, lo que podría resultar más oneroso que las formas tradicionales de financiamiento de la empresa pública, vía colocaciones de deuda.
Digamos que le saldría más caro el caldo que las albóndigas.
El problema, además, es que integrados los papeles a un escenario de riesgo, el peligro es que se les ubique bajo el marco de los contratos que prohíbe el artículo 27 de la Constitución. El rompecabezas, como lee usted, parece imposible de armar.
Serpaprosa en venta
Pues ahora resulta que la contratación de Ricardo McGregor Maestre como jefe de Seguridad del Servicio Panamericano de Protección se realizó vía una oficina de head hunters o cazadores de talentos.
Dicho con todas las letras, el ex presidente de la empresa Andrés Aymes Blanchet no tuvo intervención alguna en el asunto.
Como usted sabe, a McGregor se le investiga por presuntos nexos con la mafia en su paso como director del Estado Mayor de la Policía Judicial capitalina.
Detrás de la intención de involucrar al ex presidente de la firma transportadora de valores en el asunto está una suerte de venganza por los callos que pisó a su paso por ésta, en el esfuerzo por darle viabilidad, lo que logró con creces.
Durante su gestión Serpaprosa logró superar sus graves problemas con el fisco; sus ineficiencias administrativas; sus líos con su socio extranjero; sus problemas sindicales…
La firma está en proceso de venta bajo la intermediación, en calidad de banco de inversión, de Santander, el principal de sus socios a nivel de bancos.
En escala descendente están Banamex y BBVA-Bancomer.
El proceso se alargará durante al menos seis meses.
Que me esculquen
El ex director general de Petróleos Mexicanos Francisco Rojas Gutiérrez rechaza cualquier posibilidad de que su partido —el PRI— lo utilice como moneda de cambio para transar su apoyo a la propuesta de reforma energética.
Las versiones hablaban de que el tricolor solicitaría su inclusión en la Comisión de Energéticos que se crearía en el marco de la Secretaría de Energía… cuya integración, de entrada, la rechaza el actual presidente de la Fundación Colosio.
“A mí que me esculquen”, dice.
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