Jaque al rey
En lo que constituye un auténtico jaque al rey, dada la proverbial impunidad de que ha gozado el gremio, la Comisión Permanente del Congreso discutirá un punto de acuerdo para exigir cuentas a la autoridad sobre los abusos de las compañías de seguros El obús apunta, directo, al presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Manuel Aguilera Verduzco, a quien de entrada se califica de negligente y enemigo de la transparencia.
La requisitoria planteada por los diputados Pablo Trejo Pérez, de la fracción perredista, y Manuel Cárdenas Fonseca, de Nueva Alianza, gira en torno a dos empresas colocadas en el eje del escándalo: ING y AIG Interamericana de Seguros.
Como usted sabe, la primera, que hace una semana vendió el negocio de seguros, estuvo envuelta en un largo litigio judicial al negarse a cubrir, bajo las condiciones pactadas, una póliza contratada por la firma fabricante de fertilizantes Fertinal, en cuya carambola se provocó su quiebra… y de pasadita una grave crisis de abasto del producto, con cargo al campo.
La segunda, a su vez, está inmersa en una acusación de fraude, tras haber enfrentado frecuentes escándalos en Estados Unidos ya por acusaciones de la clientela o ya de la propia autoridad.
La intención de los legisladores es transparentar, en un caso, si hubo alguna sanción a la empresa que vendió la concesión hace unos meses tras perder en última instancia el litigio, y en otro la razón por la que se le permite a la firma operar en el país tras su descalificación en Estados Unidos. Las historias están en la mesa.
Como recordará usted, el calvario de Fertinal, la única firma productora de fertilizantes fosfatados en el país, que surgió a la privatización fragmentada de Fertilizantes Mexicanos (Fertimex), se inició en septiembre de 2001, tras la destrucción de las instalaciones de su filial Roca Fosfórica Mexicana, ubicada en Baja California Sur, ante el embate furioso del huracán Juliette.
De entrada, la compañía aseguradora, entonces ING Comercial América, se negó a otorgar un adelanto de 10 millones de dólares para la remoción de escombros, pese a que la póliza contratada “contra todo riesgo” amparaba una cobertura de hasta 300 millones.
El asunto se fue a los tribunales, en un escenario en que se girarían órdenes de aprehensión contra 21 de los funcionarios de la compañía; se le congelarían a ésta 300 millones de dólares de sus cuentas, y se le expondría a una campaña de desprestigio que arrastró a la totalidad del gremio.
Ahora que del otro lado de la mesa, el gobierno foxista se alineó como un solo hombre para defenderla, en un escenario en que saldrían raspados desde la Comisión Nacional de Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, hasta la Secretaría de Hacienda y colateralmente las de Gobernación y del Trabajo.
La exposición de motivos del punto de acuerdo en discusión señala que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas no se atrevió a sancionar a la compañía, a la que la Secretaría de Hacienda premió con una autorización para operar en el ramo de las Administradoras de Fondos para el Retiro.
La firma se quedó en el país con este negocio, pese a las decenas de amenazas de abandonar totalmente el barco ante la inexistencia de estado de derecho. Lo cierto es que en la fase previa a la salida parcial de ING la Cámara de Diputados había aprobado un punto de acuerdo para que la autoridad clarificara el asunto, que colocaba en entredicho la confianza hacia las compañías de seguros.
En el caso de AIG Interamericana de Seguros, existe una catarata de juicios por incumplimiento en el pago de las pólizas, a cuya vera la semana pasada se apresó a su director general, Luis Ferrara Perini, y al abogado de la firma, Néstor Díaz Barriga.
Más allá, en Estados Unidos se le ha acusado desde sobrepasar en 20 tantos los topes establecidos por la ley para apoyar campañas electorales, hasta maquillar sus cifras para ocultar sus pérdidas por la crisis hipotecaria.
El boquete alcanzó seis mil millones de dólares, con cargo, naturalmente, a los inversionistas que le apostaron a sus acciones.
En la catarata, la compañía admitió que en 2005 realizó negocios con dos diferentes reaseguradoras en paraísos fiscales, que no fueron revelados en sus estados financieros.
Adicionalmente, ese mismo año fue acusada de haber apoyado una operación fraudulenta de PNC Financial Services para transferir 750 millones de dólares producto de préstamos de difícil recuperación en inversiones de capital de riesgo en subsidiarias… sin registrarse el movimiento en los libros.
La propuesta de punto de acuerdo habla de investigar por qué vino AIG a México a defraudar a los mexicanos, y lo hace con base en la autorización otorgada por el gobierno federal.
Más al detalle, se exige a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas informar sobre las medidas preventivas y cautelares que implementó cuando se enteró de los escándalos de la firma en Estados Unidos.
Jaque al rey.
Balance General
En lo que constituye su último volado por la supervivencia, la línea aérea A Volar, propiedad de Jorge Nehme, reestructura su composición accionaria con una inyección de recursos equivalente a 30% de su capital.
Más allá, la empresa nombró como director general con carácter provisional a José Antonio Fernández Rousselen, quien se desempeñaba como director de Finanzas y Administración. Por lo pronto, la compañía pionera en el terreno de bajo costo con sede en Tijuana suspendió seis de sus rutas, despidiendo a 200 trabajadores, lo que le permitió regresar dos aviones Boeing 737-200 que tenía bajo un esquema de arrendamiento financiero.
Carabina de Ambrosio
De acuerdo con el último reporte del llamado Doing Business del Banco Mundial, México ocupa el lugar 44 de un listado de 60 países en materia de clima propicio para hacer negocios, lo que ejemplifica el fracaso del organismo de promoción conocido como ProMéxico, cuyo nombre se calcó del similar existente en Chile.
En el ranking nos superan naciones como el propio Chile o Puerto Rico. A más de un año de su integración, el organismo que surgió del desmantelamiento del Banco Nacional de Comercio Exterior sólo ha dado palos de ciego a pretexto de su bajo presupuesto, por más que los 73.6 millones de dólares asignados representan casi tres veces el gasto del organismo similar que existe en Colombia bajo la razón social Proexporta.
De hecho, el monto equivale a 5% de las inversiones que promovió el organismo de julio de 2007 a febrero de 2008, lo que habla a gritos de su incapacidad.
Negocio, el alterno
Desmantelados hace una década sus negocios alternos para centrar su esfuerzo en la construcción, su vocación primigenia, ahora resulta que la mayor parte de las ganancias del grupo ICA se generaron por actividades ajenas a ésta.
Mientras los negocios no relacionados crecieron el año pasado entre 26 y 27%, los tres subsegmentos de la construcción apenas lo hicieron entre 10 y 15%, pese al colosal contrato que representó la hidroeléctrica La Yesca.
El problema, a juicio de la firma encabezada por Bernardo Quintana, son los escasos avances en materia de ejecución ante la falta de liberación de los derechos de vía, y el incremento en los precios de materias primas, con énfasis en el acero.
Y aunque en construcción industrial está pendiente el paquete II para completar la reconfiguración y modernización de la refinería de Minatitlán, tampoco será suficiente para equilibrar la balanza. Adicionalmente, no se han incrementado las reservas territoriales para permitir un incremento significativo en la construcción de vivienda.
Oxígeno a pymes
La Corporación Interamericana de Inversiones, brazo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, le otorgó una línea de crédito a la Sofol de razón social Ficen para apuntalar sus programas en beneficio de la pequeña y mediana empresa.
El monto fue de 1.2 millones de dólares.albertobach@yahoo.com.mx, barrancoalberto@prodigy.net.mx
