¡Milagro!
Colocada a consulta del sector la posibilidad de un Plan técnico de interconexión e interoperatividad, el escenario ha logrado un milagro: unificar a Telmex, a algunas firmas de telefonía celular y a los proveedores… contra la propuesta
El ramillete, bajo el lema “unidos en lo esencial”, coloca en la misma trinchera de la firma hegemónica a su filial Telnor, Iusacell, Nec, Ericsson y Alcatel-Lucent.
Elaborada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones la alternativa que en el papel le daría fin a un largo pleito de las firmas del ramo contra Telmex y de pasadita le abriría el escenario al triple play y hasta cuádruple play, en paralelo a la convergencia y portabilidad, ésta se turnó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria quien, cautelosa, decidió abrir una consulta por la vía electrónica.
La catarata está resultando abrumadora.
Así, por ejemplo, para la firma Ericsson Telecom, el escenario que abre de lleno la posibilidad para que las empresas de televisión por cable ofrezcan servicios de telefonía, aunque es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en la medida que apunta hacia la certidumbre jurídica y fomenta la inversión, adolece de algunas lagunas que podrían provocar el efecto contrario.
De entrada, la firma ubicada como la proveedora más grande de sistemas móviles a nivel global, que mantiene en su cartera de clientes a Telefónica Móviles en América Latina, alerta contra una sobreregulación, al pretenderse duplicar el acceso al cliente en bucle local… que no es duplicable. En nuestro país —agrega—, hay competidores locales entrantes que han invertido en su propia infraestructura y en particular en establecer con cada uno de sus clientes el bucle local.
Más allá, la firma señala que la desagregación de las redes y accesos locales es buena… siempre y cuando se mantengan los principios básicos de equidad y certeza jurídica y las condiciones equitativas de libertad de negocios.
En paralelo, recomienda evitar posibles actos de discrecionalidad en la definición y aplicación de regulaciones, parámetros y sanciones, “ya que esto pudiera desincentivar las inversiones en materia de infraestructura, crecimiento y modernización de telecomunicaciones actuales, arriesgando a México a caer de un letargo”.
A su vez, para Alcatel-Lucent, firma que trabaja en aplicaciones críticas de las telecomunicaciones, contando entre sus clientes a Axtel-Avantel, Iusacell, Maxcom, Alestra, Protel…, el planteamiento va más allá de la propia legislación aplicable, por ejemplo, en la definición de los servicios y la tarifa de interconexión, así como en la definición del término “concesionario principal”.
Más allá, señala que el esquema conlleva mayores costos que beneficios para los particulares.
La alternativa habla también de provocar una contracción en las inversiones del sector, “consiguiéndose con ello lo contrario a lo esperado por el Programa Nacional de Infraestructura”.
Para Nec de México, en otro plano, el principal problema del documento de la discordia es que la autoridad determina que el precio de interconexión es un máximo, basado en una metodología de costos incrementales los totales de largo plazo, en lugar de implementar un modelo de estimación de costos aceptado por todos, en un escenario en que los actuales arrojan diferencias de hasta 50 por ciento.
En el caso de Iusacell, se refutan varios artículos del anteproyecto de resolución, al considerarlos inapropiados para el entorno.
Así, se habla de que no todos los concesionarios tienen la posibilidad técnica o económica de cumplir la exigencia de desagregar elementos, servicios, infraestructura y capacidad de funciones.
Más allá, se habla de escasa claridad en la obligación de entregar “toda la información necesaria” relativa a los servicios de interconexión prestada; de la imposibilidad de desagregar servicios de conducción de tráfico, enlaces de transmisión, puertos de acceso, señalización, tránsito, combinación, compartición de infraestructura y servicios auxiliares conexos.
Adicionalmente, la firma del Grupo Salinas observa dificultades para ubicar con precisión al concesionario principal.
Ahora que en su respuesta conjunta Telmex y Telenor señalan abiertamente que el anteproyecto opera en sentido contrario a las metas del gobierno federal, al no promover la participación conjunta de la industria en la creación de infraestructura.
Y si le seguimos, se señala que la Cofetel no está facultada para emitir disposiciones de carácter general cuyo objetivo sea regular o establecer los términos y condiciones para promover la eficiente interconexión de redes públicas.
De hecho, dice, está invadiendo funciones del Legislativo, creando de pasadita una sobrecarga regulatoria a los concesionarios, con altos costos de implantación.
Para la firma de Carlos Slim este esquema apunta a crear una regulación específica contra ella, al ubicarla como el concesionario principal por mantener el mayor número de líneas fijas y móviles, lo que resulta incongruente con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
La figura, señala, no existe.
Adicionalmente, se acusa a la Cofetel de meterse en asuntos no relacionados a la interconexión, por ejemplo la compartición de infraestructura, que implica el arrendamiento forzoso de activos a la competencia.
La granizada, pues, está tupidísima.
Balance General
Más de lo mismo: Planteada en Colombia la posibilidad de la portabilidad, es decir, el derecho de los usuarios para mantener su número telefónico pese a cambiar de proveedor, a imagen y semejanza, dicen, de lo que están haciendo Brasil, Perú, la República Dominicana y México, se está creando una espesa polémica entre los participantes en el mercado.
De entrada, se exige que la empresa que reciba el cliente le pague a la que lo pierde el cargo operativo.
Más allá, la firma Movistar, filial de la Telefónica de España, señala que aunque la medida es buena para los teléfonos móviles, en los fijos resulta incosteable, dado que para igualar las condiciones de la empresa hegemónica, que alcanza el 62 por ciento del mercado, habría que invertir 80 millones de dólares, considerando que hay municipios en los que sólo existe un proveedor.
Cualquier parecido con México, naturalmente, es mera coincidencia.
Arcángel caído
¿Se acuerda usted del penoso caso del transbordador “Arcángel”, a quien la autoridad le dio la oportunidad de operar, pese a no cubrir las normas mínimas internacionales y reprobar la prueba de ingreso, tras su reconstrucción en astilleros cubanos?
¿Se acuerda que el navío con perfil de desecho encalló, finalmente, en el Mar Caribe, en el escenario de lo que tenía-que-pasar-pasó?
Bien, pues finalmente el buque se subastó ayer… como chatarra. Lo adquirieron tres empresas mexicanas de salvataje y una extranjera.
El problema fue que, declarada insolvente la empresa que lo operaba, es decir la naviera San Miguel de Manuel Becerra, su rescate debió correr con cargo al Pande, un seguro marítimo internacional, a quien se le dio una semana para realizar la tarea.
Naturalmente, el expediente no señala ningún responsable, a contrapelo del fulminante ¡Ya basta! de confección presidencial.
Napo o huelga
En lo que se consideró una suerte de ultimátum para la Secretaría del Trabajo, el sindicato minero urgió ayer a otorgar la toma de nota a la reelección de Napoleón Gómez Urrutia como su dirigente, para evitar la posibilidad de un paro nacional.
Lo tomas, pues,
o lo tomas.
Lo cierto es que de acuerdo a la ley la dependencia tiene un plazo de dos meses para analizar la factibilidad del reconocimiento, lo que hacía innecesario el apremio.
Se diría, pues, que la urgencia es producto del nerviosismo frente a la catarata de impugnaciones colocadas en la mesa por trabajadores disidentes. albertobach@yahoo.com.mx, barrancoalberto@prodigy.net.mx
