Class Actión
De aprobar el Congreso una iniciativa de reforma constitucional en la mesa, México se abriría a un escenario de defensa colectiva de derechos, a imagen y semejanza del que funciona en una parte importante del planeta, con énfasis en EU, bajo la figura del “Class Action”
Estamos hablando de colocar en ruta un camión al que pueden subirse todos los afectados por un perjuicio generalizado, a contrapelo del escenario actual, que exige una acción individual.
La razón es simple: En algunos casos el caldo resulta más caro que las albóndigas, en la necesidad de enfrentar un farragoso proceso que reclama la contratación de abogados.
Imagínese usted, por ejemplo, el caso de los damnificados por la cancelación abrupta de la vuelos de la línea aérea de bajo costo Air Madrid, algunos de los cuales se quedaron varados en la capital española, y otros vestidos y alborotados con sus boletos en la mano…
Imagínese usted, en otro plano, la posibilidad de que los habitantes de San Juan Ixhuatepec lucharan en bloque contra la protección de las gaseras instaladas en la zona, con énfasis en la de Tomás Zaragoza, de reabrir el gasoducto que las alimenta, al que se ha calificado con justicia de bomba de tiempo.
Y si le seguimos, imagínese usted si la posibilidad hubiera estado abierta frente a las 200 mil solicitudes de amparo derivadas de la puesta en escena de las reformas a la ley del ISSSTE.
Ahora que la alfombra estaría puesta para accionistas minoritarios de alguna emisora del mercado bursátil ante una caída brusca en el precio de los papeles, atribuible a la alteración de la información proporcionada al público.
La famosa contabilidad creativa, pues, que provocó la catástrofe de firmas como Enron, MCI y Parmalat.
La posibilidad, colocada dentro del marco de la reforma de Estado en la ventanilla del Senado por el legislador hidalguense Jesús Murillo Karam, implicaría adicionar un párrafo al artículo 17 de la Constitución.
El texto, cuya inserción obliga al voto de una mayoría calificada, es decir, dos tercios del pleno del Congreso y los Congresos locales, es simple: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para defensa de los mismos”.
La operación pareciera de pinzas, dado que en la Cámara de Diputados se había planteado anteriormente una iniciativa similar, en este caso promovida por el diputado perredista Juan N. Guerra.
En la larga exposición de motivos planteada por Murillo Karam se señala que ya no es viable la perspectiva liberal e individualista, en un escenario de creciente complejidad en las relaciones sociales, y el aumento en su número y complejidad de la interrelación entre los miembros de la colectividad.
En el camino se ejemplifica la reforma constitucional de Colombia, que permitió regular las “acciones populares” para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral administrativa, el medio ambiente y la libre competencia económica.
A su vez, en Estados Unidos las acciones de clase son procedentes, por ejemplo, en materia de accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derechos del consumidor y derechos de accionistas de las empresas, además de temas como discriminación y derechos administrativos del gobierno.
En abundancia, en Brasil se establece que “cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, el medio ambiente o el patrimonio histórico y cultural, quedando el denunciante, salvo mala fe comprobada, exento del pago de las costas judiciales”.
El caso es que despertado el interés en la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Tecnológico Autónomo de México promovieron un seminario en marzo pasado.
En el evento, uno de los ponentes, el ministro José Ramón Cossío Díaz, habló de que los consumidores mexicanos se encuentran en un estado de “anomia”, es decir, no están reconocidos como colectividad… al margen de que la vía jurídica individual es deficiente.
Ahora que el magistrado Jean Claude Tron Petit habló de un caso que ejemplifica a la letra el beneficio en puerta: el rechazo de una comunidad a la construcción de una empresa gasera que incumplió la ley, representando un grave peligro para el medio ambiente.
A su vez, Adriana Labardini, cofundadora de la asociación Alconsumidor, señaló que la mayoría de los consumidores se encuentran en la indefinición dado que el 99 por ciento de los contratos firmados incluyen una cláusula de adhesión que deja a los consumidores sin elección y sujetos únicamente a las condiciones de las empresas.
Todos para una.
Balance General
Finalmente el sindicato minero, es decir, los incondicionales de Napoleón Gómez Urrutia, cumplió su amenaza de un paro nacional en presión a la Secretaría del Trabajo para otorgarle la “toma de nota”, es decir, el reconocimiento oficial a la reelección del dirigente, pese a que la dependencia cuenta con un plazo de 60 días para hacerlo.
El paro, calificado oficialmente como ilegal, alcanzó a 135 centros de trabajo diseminados en 22 entidades federativas.
El movimiento, de acuerdo a lo previsto, llegará a su fin esta mañana.
En la fase previa, la Cámara Minera de México publicó un desplegado para repudiar la acción, haciendo un recuento de las pérdidas alcanzadas por una interminable serie de huelgas, paros locos y plantones promovidos por el sindicato.
Lo grave del caso es que Napoleón Gómez Urrutia perdió en la antesala previa a su último bastión patronal. Altos Hornos de México acusó al sindicato de intento de extorsión, al solicitarle una dádiva de 15 millones de pesos y el despido de 80 trabajadores para evitar estallar una huelga en su planta siderúrgica número dos.
El plazo termina hoy al mediodía.
De acuerdo a las versiones existentes, el presidente de la firma, Alonso Ancira, le habría facilitado el avión de ésta a Napo para su huída a Canadá.
Legado de excelencia
Preparado intelectual y anímicamente desde su nacimiento, el 18 de diciembre de 1923, para encabezar un imperio empresarial, Eugenio Garza Lagüera, cuyo cuerpo fue sepultado el domingo a las cuatro de la tarde, se encontró súbitamente con la alternativa el 17 de septiembre de 1973, tras el asesinato de su padre, Eugenio Garza Sada.
El egresado de la Academia St. Joseph’s de Texas, el Chaminade College de St. Louis Missouri y la Universidad de Texas, se haría cargo de uno de los flancos en que se dividió el grupo Monterrey: Visa, un conglomerado que agrupaba la producción de cerveza, refrescos, empaque, alimentos, turismo y partes automotrices.
El consorcio derivaría a Femsa (Fomento Económico Mexicano), al reagruparse el negocio a su vocación primitiva: las bebidas.
La firma alcanzaría más tarde perfil de multinacional.
Sin embargo, el gran legado de Garza Lagüera hay que ubicarlo en la educación. Siguiendo la línea de su padre, crearía el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el que alcanzaría, por cierto, un nuevo grado académico.
Se fue otro de los grandes.
Inbursa con Caixa
La sorpresa la dio ayer el grupo financiero Inbursa de Carlos Slim Helú, al anunciar un principio de acuerdo con Caixa de Barcelona, a través de su filial Caixa Corp., para venderle una participación de 20 por ciento.
La firma maneja una de las cajas de ahorro más exitoso del mundo.
La alianza, a contrapelo de la tradición de la familia Slim de no integrar socios extranjeros a sus empresas, apunta a aprovechar la gran experiencia de la compañía hispana en el segmento de ahorro popular.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
