Primero de la tarde
De aprobar el Congreso la propuesta en la mesa para integrar al esquema jurídico del país, las acciones colectivas, es decir, el derecho a una demanda en bloque frente a la afectación de intereses comunes, el primer cliente podría ser el poblado de San Juan Ixhuatepec
Estamos hablando de un viejo reclamo para reubicar a las gaseras instaladas en la zona, en reivindicación de un ordenamiento expedido en 1986, a dos años de la explosión que provocó más de 500 muertes.
Expedido durante el gobierno del ex presidente Miguel De la Madrid, el ordenamiento publicado en el Diario Oficial del 21 de noviembre de 1986, se volvió letra muerta tantito por el veto de Petróleos Mexicanos y tantito por el poderío de las seis grandes gaseras colocadas en entredicho.
Estamos hablando de Gas y Servicio de México, Gas Metropolitano, Gasomatic, Unigas, Vela Gas y Bello Gas, propiedad de Jesús Zaragoza y Eduardo Ramírez.
De hecho, en un Seminario sobre Acciones Colectivas convocado al calor de la puesta en la mesa de la iniciativa por parte del senador Jesús Murillo Karam, por la Suprema Corte de Justicia y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se trazó una ruta paralela a manera de ejemplo.
De acuerdo al magistrado Jean Trom Petit, una de las vías que apuntalan la posibilidad de las acciones colectivas, a imagen y semejanza de la Class Action de Estados Unidos, es el derecho a un ambiente sano.
En el escenario se planteó la lucha de una comunidad vecinal frente a la pretensión de instalar una gasera, que a su juicio incumplía con diversas especificaciones de la ley, representando un peligro para el ambiente.
El caso es que valoradas las diferentes tesis esgrimidas para validar o desechar el litigio, se llegó a la conclusión que el grupo, visto como una colectividad, poseía un legítimo interés de cara al artículo cuarto de la Constitución (“Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado par su desarrollo y bienestar”).
Dicho con todas las letras, la autoridad reconoce el poder de exigencia de los afectados y el deber de respeto frente a todos.
Por lo pronto, la pelea de los habitantes de la zona se concentra en impedir la reapertura del gasoducto que permitía el abasto de las gaseras, ante la pretención de éstas de ampararse contra la resolución que propició su cancelación.
Lo inaudito del caso es que dos años después la pretensión se mantiene en el limbo, ante la sospechosa posposición por parte del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México de realizar la Audiencia Constitucional con la que se cerraría el expediente.
De acuerdo a la información en poder del columnista, ésta se ha propuesto una y otra vez ante las argucias de los abogados de las gaseras, ante el temor de un rechazo a su pretensión.
La sospecha habla de que la presión por inclinar la balanza a su favor parte de dos vertientes: la exigencia de cubrir el costo del transporte terrestre del combustible vía pipas, y de que ya no se tiene la posibilidad de la manga ancha de la paraestatal.
Estamos hablando de un pacto, sellado en las cañerías, por el que se mantenía la válvula abierta al margen de los registros oficiales, para ofrecerles un pilón a las gaseras del producto, a cambio, naturalmente de algún entre.
La magia, pues, de la corrupción.
Como se recordará, el gasoducto de la discordia se clausuró en julio de 2006 ante la presión de la opinión pública, tras exhibirse estudios internacionales que la ubicaban como un peligro para la población conocida coloquialmente como San Juanico.
Más aún, la tragedia estaba latente a lo largo de los 18 kilómetros del ducto, dada la inaudita cantidad de asentamientos humanos irregulares instalados a la vera de la ruta.
En el horizonte estaba vivo aún, se diría intacto, el horror ante la brutal explosión del 19 de noviembre de 1984, que provocó la muerte de 500 personas, además de miles de heridos.
El hecho es que habiéndose planteado el cierre como temporal, la distancia para su reapertura la llenaría el desalojo de las construcciones levantadas en terreno minado… lo que hasta hoy no ha ocurrido.
La amenaza, pues, se mantiene intacta.
De acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta para implantar en México la posibilidad de las acciones colectivas, nuestro país está inmerso en un sistema perverso que provoca que las violaciones a los derechos y al sistema jurídico en general sean simplemente toleradas ante la falta de medios de acceso a una real justicia.
Más aún, “la falta de un sistema de acceso a la justicia genera una desconfianza en las instituciones del Estado y una percepción de que éste es incapaz de establecer aquellos mecanismos que puedan resolver adecuadamente los conflictos sociales, elevando con ello la tensión social”.
¿Primero de la tarde?
Balance General
A propósito, hete aquí que la empresa Gas Padilla está intentando doblarle el brazo al gobierno capitalino para abrir tres plantas distribuidoras de gas LP, alegando que ya tienen un permiso de la Secretaría de Energía.
El problema es que la Delegación Gustavo A. Madero le clausuró a la firma una megaplanta en la zona, dada su cercanía con la escuela Justo Sierra, el Hospital de la Villa, un centro comercial y una zona habitacional de alta densidad.
La primera se ubica a 55 metros; el segundo a 100, y el resto a 200.
De acuerdo a lo planteado, la empresa movería para su almacenamiento un millón de litros diarios de combustible.
Por si las dudas…
Quien acaba de abrir una representación en México, vía el despacho M&L Estudio Legal, que encabeza Carlos Merodio López, es la firma británica Dolphin Maritimi & Avistaun Services Limited, reputada como la mayor del planeta en reclamación de seguros de transporte internacional.
La compañía busca posicionarse en la coyuntura de la posibilidad de la reforma energética que le abriría el escenario a embarcaciones especializadas del tipo semisumergible, cuyo costo de flete alcanza 400 mil dólares diarios en su incursión en aguas profundas.
Durante el año pasado el mercado mundial reportó que las compañías aseguradoras de responsabilidad civil de navieros desembolsaron una cantidad cercana a tres mil millones de dólares de indemnizaciones, incluyendo daños a la carga, colisiones, lesiones de la tripulación…
El mercado potencial de nuestro país es de unos ocho mil barcos de altura y dos mil de cabotaje.
Viga en el propio
Crítica contumaz de lo que califica de abusos monopólicos de Teléfonos de México, hete aquí que los pecados que Movistar le atribuye a la firma encabezada en nuestro país por Héctor Slim, parecen veniales frente a los que comete su matriz, la Telefónica de España.
El caso es que el gobierno colombiano le acaba de aplicar una multa a una de las filiales de la firma ibérica, Colombia Telecomunicaciones, “por no brindar una atención adecuada a los usuarios y no recibir, tramitar y resolver de manera oportuna las peticiones, quejas, recursos y reclamos”.
El castigo fue por el equivalente a medio millón de dólares, es decir, 923 millones de pesos colombianos.
La multa alcanzó el máximo permitido por la ley.
Napo en el limbo
La semana entrante, finalmente, la Secretaría del Trabajo rechazará la posibilidad de “toma de nota” al Comité Ejecutivo del sindicato minero encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, lo que colocará en el limbo la posibilidad de negociar el fin de la huelga que paraliza Minera de Cananea y dos plantas instaladas en Taxco, Guerrero y Sombrerete, Zacatecas, todas ellas propiedad del Grupo Minero México.
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