Polvo del lodazal
En un capítulo más del lodazal en que se convirtió la expropiación de ingenios azucareros decretada por el gobierno foxista, la Almacenadora México está demandando a diversos funcionarios involucrados en el episodio, bajo acusación de fraude y abuso de confianza
La lista la encabeza el ex secretario de Agricultura Javier Usabiaga, a quien se le endilgan cargos, ¡válgame Dios!, de abuso en el ejercicio del poder, de perfidia, de rapiña, de perversidad, de falacia y, de pilón, de amoralidad y cinismo.
El reclamo contra el ex funcionario al que el ex presidente Vicente Fox calificara como “el mejor secretario de Agricultura en la historia de México”, tiene como remitente a la Procuraduría General de la República.
El denunciante es el director general de la firma, Raúl Ruiz de Velasco y Villafaña.
La manzana de la discordia son 39 mil toneladas de azúcar.
La historia, en cuyas telas y entretelas se involucra al Consorcio Azucarero Escorpión (Caze) y al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), se inicia en la fase previa a la expropiación de 27 ingenios que representan 50% de la producción nacional.
Hete aquí que ante el temor de las tradicionales marchas de cañeros, en la fase previa al inicio de la zafra, para protestar por la falta de pago de sus cosechas, la Secretaría de Agricultura gestionó con el emporio azucarero la liquidación del débito con cargo a los productores de Morelos.
El acuerdo, pactado con el entonces director general de Caze, José Ignacio Portillo, a quien se ubica como amigo personal de Usabiaga, involucraba a la Almacenadora México en un préstamo de 39 mil toneladas de azúcar, a cambio de las cuales se le endosaron en propiedad certificados de depósito.
El documento se firmó el 23 de agosto de 2001, es decir, 10 días antes de decretarse la expropiación de los ingenios.
El dulce se le reintegraría al final de la zafra 2001-2002, tras depositarse éste en un almacén nacional de depósito, es decir, una bodega habilitada como tal, que de acuerdo con la ley es inembargable.
Personalmente, el funcionario gestionó la operación con la firma, aduciendo que se trataba de un asunto de interés nacional: garantizar la paz en el campo cañero.
De hecho, el propio Usabiaga le envío una carta a Portillo, en la que le aseguraba que “los contratos y documentos que amparan este crédito, desde mi punto de vista, son auténticos y legítimos”. Más aún, lo conminaba a que “en tu carácter de director general del grupo Caze avales dichos contratos a fin de evitar que el Decreto Expropiatorio lesione a terceros”.
El caso es que hasta hoy, siete años después, la empresa sigue esperando la devolución del azúcar.
En el camino, como usted sabe, el gobierno perdió un pleito contra tres de los cuatro grupos empresariales involucrados en la expropiación, es decir, México, Santos y Machado, al no poder justificar la utilidad pública de la medida.
El único que mantuvo sobre sí la guillotina fue Caze, tantito por el cúmulo de deudas acumuladas y tantito por la persecución que enfrentó su ex propietario, Enrique Molina Sobrino.
Sin embargo, el gobierno decidió emplazarlo a un concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, lo que complicó más la posibilidad de saldar la deuda, por más que en el intermedio los administradores oficiales se volvieran sordos a los reclamos.
Más grave aún, el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero dispuso, a contrapelo de la ley, del azúcar depositada en las bodegas de la Almacenadora México habilitadas como almacenes nacionales de depósito, a contrapelo de la legítima propiedad documentada por ésta.
De ahí la acusación de rapiña contra el llamado Rey del Ajo y el Brócoli, “al propiciar que se sustrajera y vendiera el azúcar, fracturando el principio de legalidad de los certificados de depósito como títulos de crédito”.
Más aún, se le acusa de perversidad por haber obligado a la empresa a acudir a los tribunales mientras se solicitaba la quiebra ordenada de Caze, lo que impidió cumplirse la sentencia que obligaba a pagar el crédito en especie.
Y si le seguimos, se acusa a Usabiaga de falacia, al ordenar a los abogados de los ingenios expropiados a que mintieran en los juicios mercantiles tramitados por el Poder Judicial.
Lo cierto es que el fraude que denuncia la Almacenadora México es apenas una arenita en el desierto de corrupción en que se integró a los ingenios expropiados. En el camino nadie sabe nadie supo el destino de los seis mil 500 millones de pesos que aportó la Secretaría de Agricultura como capital semilla para operar los ingenios expropiados.
Más aún, en los tribunales están vivas las denuncias de rapiña de sus existencias al momento del acto de fuerza, por parte de los grupos azucareros.
Y si vamos más lejos, hete aquí que los ingenios se devolvieron en ruinas, con la novedad de que ni siquiera se pagaron las cuotas del Seguro Social. Polvo, pues, de aquellos lodos.
Balance General
¿Se acuerda usted de la promesa presidencial de construir tres aeropuertos más durante el sexenio, uno en Puerto Peñasco, Sonora; otro en Ensenada, Baja California, y el último en la Riviera Maya, todos ellos con proa hacia un nuevo tipo de turismo?
Bien, pues seis meses después del anuncio no hay nada de nada.
Y no estamos hablando de las licitaciones para ubicar a las empresas privadas que en el papel financiarían las obras, sino de las localizaciones de las terminales.
Hasta hoy no hay terrenos ni coordenadas.
La razón es simple: al parecer no hay inversionistas interesados, dada la situación de penuria que vive la aviación a nivel mundial.
Ahora que el páramo se inició desde el sexenio pasado, cuando ningún privado quiso entrarle a la Terminal II del aeropuerto capitalino, cuyo financiamiento corrió a cargo del gobierno.
‘Focos rojos’
Encendidos todos los tableros con focos rojos ante el alza incontenible en el costo de la turbosina, la línea aérea de bajo costo Volaris inició hace tres semanas un proceso exhaustivo de reducción de costos, incluida la replaneación de sus rutas.
El alerta obligó, incluso, a modificar algunos de los planes para nuevos destinos.
La paradoja del caso es que la empresa que encabeza Pedro Aspe Armella había trazado sus bitácoras sobre un precio máximo del barril de petróleo de 110 dólares, es decir, estaba cubierta bajo un esquema de racionalidad.
La buena noticia, por lo pronto, es que la argucia de transparentar el sobrecosto del combustible en el precio de los boletos —es decir, seguimos baratos en tarifas— le ha permitido a la línea aérea mantener el flujo de pasajeros.
Y por lo pronto, además, el presidente de ésta sigue sin cobrar honorario alguno. Es más, pagando de su bolsa los vuelos que realiza en la línea aérea.
Dedo en el renglón
Firme el dedo en el renglón, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia condicionó el viernes el fin de las huelgas que paralizan desde hace ocho meses a la Minera de Cananea y las plantas instaladas en Taxco y Sombrerete, todas ellas del Grupo Minera México, a que se levanten las órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
Ahora que, de pasadita, el pliego petitorio habla de hacer lo propio con las que gravitan sobre Héctor Félix Estrella, José Ángel Rocha Pérez y Juan Linares Montúfar.
Así de fácil.
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