Doblan al Seguro Social
Tomza en el banquillo
Sin sangre ICA vs CFE
En el insólito de la temporada, en los próximos días el Instituto Mexicano del Seguro Social anunciará un nuevo esquema de cotización para jornaleros agrícolas, en cuyo marco se plantea un giro de 180 grados frente a las condiciones actuales.
De entrada, los trabajadores del campo podrán alcanzar su jubilación con sólo cotizar 600 semanas, es decir, la mitad de las mil 200 que se le exigen a los derechohabientes comunes.
Más allá, pese a que sólo se pagarán cuotas obrero-patronales durante los seis meses en que se reclama su fuerza de trabajo, el organismo de seguridad social les ofrecerá asistencia médica durante todo el año.
Naturalmente, el costo será inferior a la tasa promedio de los cotizantes urbanos, bajo un marco de “condiciones preferentes”.
Lo cierto es que tras la aparente mano laxa del organismo tripartita existe una realidad insoslayable: la migración de trabajadores del sureste del país hacia la productiva región agrícola del norte y sus agroempresas, que reclama una fractura familiar de medio año.
Y lo cierto, por lo demás, es que tras el round a favor de la causa campesina está una batalla ejemplar de los productores afiliados a la Confederación de Asociaciones Agrícolas de Sinaloa (Caades).
La historia se inicia en abril de 2005 con la aprobación del Congreso a una reforma a la Ley del Seguro Social, que entre otras cosas exigía endurecer la incorporación obligatoria de los asalariados, sobre la base de la exigencia del propio ordenamiento expedido una década antes, en que se reconocía a los trabajadores del campo como sujetos de pleno derecho al régimen obligatorio.
El caso es que ante la presión de los organismo empresariales, con énfasis en el Consejo Nacional Agropecuario, el ex presidente Vicente Fox expediría un Decreto que eximía de una parte de la cuota a los trabajadores del campo y sus patrones, al establecer lo que se calificó como “salario de referencia”, evidentemente muy inferior al efectivamente pagado.
El problema es que éste no aplicaba al seguro de enfermedades y maternidad, es decir las empresas agroindustriales deberían pagar cuatro seguros con base al “salario de referencia”, y uno con base en el real.
El “regalito”, pues, no les gustó a los patrones.
Bajo ese marco, la Caades decidió emprender la tarea de protección de los trabajadores eventuales de sus afiliados bajo su cuenta y riesgo, creando una suerte de seguro social paralelo.
De entrada, se reclutó a los recién egresados de la carrera de medicina (en Sinaloa se gradúan 600 por año), para instalar consultorios en los campos agrícolas, en algunos de los cuales se atenderían partos.
Más allá, se logró la firma de acuerdos con los grandes laboratorios nacionales para el abasto de medicinas de patente, al margen de los genéricos que otorga el Seguro Social, con la novedad de que por el volumen se lograron descuentos de hasta 75 por ciento. Adicionalmente, se pactaron conventos con hospitales públicos locales para atender casos de carácter quirúrgico.
Desde otro ángulo, se instalaron guarderías para los hijos de los jornaleros; se abrió la posibilidad de cajas de ahorro con vía al retiro, y se logró que las escuelas públicas agotaran sus programas en los seis meses de trabajo intenso reclamados.
Lo inaudito del asunto es que el costo del escenario equivalía al 30 por ciento de la cuota obrero-patronal que exigía el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Así como lee usted
El héroe de la gesta se llama Juan Habermann Gastélum, quien fuera presidente del Caades entre el 2004 y el 2007, y vicepresidente del Consejo Nacional Agropecuario de entonces a la fecha.
Nacido en Culiacán en 1966, ex presidente de la Fundación Produce Sinaloa y de la Fundación Campo y Salud, el agroempresario productor de granos y hortalizas está hoy en el centro de otra batalla: alcanzar la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario.
Sus cartas credenciales hablan de 16 años de experiencia entre los surcos, con un plus añadido: la exportación de ejotes procesados en salmuera, que se sirven como botana en los bares de Canadá y el norte de Estados Unidos.
Del otro lado de la arena está el ex subsecretario de Agronegocios de Agricultura, Juan Carlos Cortés, en cuya ficha se lee su participación en el acto de fuerza del gobierno foxista, que provocó la expropiación de 27 ingenios.
El ex funcionario fue acusado en su momento de conflicto de interés, dada su participación en el capital de Proagro, una firma de seguros para el campo, además de poseer 200 hectáreas de terrenos de siembra, a cuya vera recibe multimillonarios subsidios gubernamentales… de la Secretaría de Agricultura.
El volado, pues, está en la mesa: defender al campo o defender el interés oficial.
Sol o águila.
Balance General
En lo que constituye un golpe demoledor contra la imagen del grupo gasero Tomza, propiedad de Tomás y Enrique Zaragoza, ayer se inició en el poblado de Puerto de Cortés de la República de Honduras, un juicio contra los funcionarios de su filial Gas del Caribe a los que se acusa de cohecho.
La denuncia concreta habla de haberle otorgado al ex alcalde de la comunidad turística de Omoa, Domingo Monjivar, una mordida de 200 mil lempiras, es decir, la moneda nacional, para que se les otorgara en propiedad un terreno privado.
Tranza al estilo mexicano, pues.
La movida se realizó en julio de 2003 desnudándola, las protestas de los vecinos por la instalación, a contrapelo de todas las normas ecológicas, de una planta almacenadora de gas, que provocó la destrucción del entorno de playa. Los acusados son el gerente de la firma, José Magnamar Melgar, y el contador, Rodolfo Pérez Del Cid, a los que se les imputa además el delito de falsificación de documentos.
Los funcionarios decidieron someterse a un procedimiento judicial abreviado, bajo cuyo marco se reduciría la pena de nueve a seis años por cohecho y de cinco a tres por el otro ilícito.
La vergüenza es para México.
Pleito de cuates
Pues ahora resulta que la decisión de llevar su diferendo al organismo de arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio con sede en París, la tomaron de mutuo acuerdo la Comisión Federal de Electricidad y del Grupo ICA.
Como usted sabe, la manzana de la discordia son 68 millones de dólares de sobre costos en la construcción de la hidroeléctrica El Cajón.
El eje del problema se ubica en el alza extraordinaria en el precio del acero que se sufrió durante la fase principal de la obra.
El asunto se ventiló originalmente ante la Secretaría de la Función Pública, quien emitió algunos lineamientos para atenuar el golpe, que para la constructora encabezada por Bernardo Quintana resultaban insuficientes.
Colocadas, pues, en el callejón, las partes recurrieron a la posibilidad del arbitraje internacional pactada en el contrato, dado que la CFE, por normatividad, no podía modificar los términos del documento pactado a precio alzado.
Combos a la mesa
Finalmente la intervención de la Secretaría de Gobernación logró el milagro de sacudir la abulia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para dar cauce a solicitudes de radiodifusoras para concesiones de Frecuencia Modulada que operarán en paralelo a las de Amplitud Modulada. Dos en uno, pues.
Fueron 131 los combos otorgados, quedando pendientes 43.
Algunas solicitudes tenían cinco años en espera.
Las atendidas fueron las que habían llegado hasta el cuatro del abril del año pasado en que la Suprema Corte de Justicia determinó que algunas de las disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobadas por el Congreso eran contrarias a la Constitución.
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