Robo en despoblado
Almacenadora México sigue en espera de justicia frente a su reclamo de pago de un crédito otorgado al Grupo Azucarero Escorpión con aval del gobierno federal.
A contrapelo de las promesas gubernamentales de respeto irrestricto al estado de derecho, siete años después la Almacenadora México sigue en espera de justicia frente a su reclamo de pago de un crédito otorgado al Grupo Azucarero Escorpión con aval del gobierno federal.
El episodio desnuda la rapacidad con que el gobierno foxista actuó tras la expropiación de 27 ingenios cuya utilidad pública jamás pudo comprobarse en los tribunales. De hecho, la firma ofendida ha planteado dos demandas contra el ex secretario de Agricultura Javier Usabiaga, que la Procuraduría General de la República mantiene en la congeladora.
En el largo viacrucis de la empresa encabezada por Guillermo Ruiz de Velasco y Villafaña, hay una demanda penal en su contra, de la que sería exonerado… el último día del sexenio anterior.
Más aún, la carambola propició la renuncia de Jorge Laborín Gómez, uno de los directores del Fondo de Empresas Expropiadas del sector azucarero, quien se negó a avalar la injusticia, además del encarcelamiento de dos de los funcionarios de éste.
Y si le seguimos, hete aquí que con un cúmulo de resoluciones judiciales a su favor, la Almacenadora México no ha logrado aún que se le entreguen 39 mil toneladas de azúcar que avalaron el préstamo.
De hecho, convocada en noviembre pasado, a petición del juez de la causa, una diligencia para sustraer de las bodegas del ingenio veracruzano Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, 10 mil 690 toneladas de azúcar para cubrir parte del adeudo, hete aquí que la operación la frustró la ausencia de la fuerza pública a la que se había convocado oportunamente.
El pretexto fue que se habría provocado un choque con los cañeros que resguardaban las bodegas en previsión de que no haya garantías para el pago de adeudos por el sobreprecio fijado a la caña en la zafra 2006-2007. La paradoja del caso es que fue un problema similar el que provocó el conflicto.
Hete aquí que a mediados de agosto de 2001 los cañeros habían bloqueado carreteras en reclamo de un adeudo de 135 millones de pesos por parte del Grupo Caze, lo que motivó la intervención de la Secretaría de Agricultura.
El 23 de agosto el propio titular, Javier Usabiaga, firmó un documento por el que se comprometía a entregar de golpe 80% del reclamo, es decir, 108 millones. El resto se pagaría en septiembre. La posibilidad de liquidez se logró al expedir la Almacenadota México certificados de depósito que monetizó el Banco Nacional de Comercio Exterior en aval de 39 mil toneladas de caña que se integrarían a sus bodegas habilitadas como Almacenes Nacionales de Depósito por la Secretaría de Hacienda desde 1997.
El contrato se formalizó con la firma del director general y representante legal del Grupo Azucarero Escorpión, José Ignacio Portillo González. El caso es que el 3 de septiembre llegaría la expropiación de los ingenios, integrando el gobierno su administración al Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. Lo inaudito del asunto es que éste, por instrucciones de la Secretaría de Agricultura, desconoció el adeudo.
De hecho, el 5 de octubre el oficial mayor de la dependencia, Xavier Ponce de León, instruía a los administradores generales de los ingenios expropiados a “que cualquier compromiso de entrega de azúcar que les haya sido presentado, celebrado durante la última semana de agosto, deberá ser revisado por la Coordinación General Jurídica”. Peor aún, se avaló el que los ingenios expropiados de Caze retiraran el azúcar depositada, en violación de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Y hágale como quiera.
Siete años después el escenario de arbitrariedad y prepotencia permanece intacto.
Y aún hay más.
Balance General
La presión contra Petróleos Mexicanos de empresas como Vitro, Cementos Mexicanos, Copamex, Holcim-Apasco, Cartón y Papel… llegará a su máximo esta semana en reclamo de la apertura de un nuevo capítulo de coberturas para garantizar un precio estable de gas natural. El actual, con vigencia de un año, se vence mañana.
De no ceder la empresa pública, el costo del combustible se incrementaría 60%, lo que gravitaría sobre los precios.
Ahora que del otro lado de la moneda, el golpe afectaría a miles de familias que reciben el suministro del producto por vía subterránea.
Chamba de líder
De acuerdo con sus abogados, el dirigente del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, sí acredita su condición de trabajador de minas, por más que lleva ocho años como comisionado por dedicar su tiempo completo a la defensa de sus compañeros.
Más aún, a contrapelo del reporte entregado a la Secretaría del Trabajo por el organismo, se dice que sí tiene registro de afiliación al Seguro Social.
Lo que no queda claro es quién, cuándo y dónde lo contrató. Lo curioso del caso es que hoy el sindicato presume de tareas sociales en favor de sus agremiados… que pagan las empresas.
A Volar a medias
Aunque libró la inspección realizada hace unos días por la Dirección General de Aeronáutica Civil en relación con la solvencia técnica de su flota, la línea aérea de bajo costo A Volar se mantiene en la cuerda floja por falta de recursos.
Como usted sabe, dos de sus socios, Oliver Fernández y Sergio Chedraui, se negaron a capitalizarla, bajo el alegato simple de no meterle más dinero bueno al malo, lo que provocó que fueran demandados por el socio principal, Jorge Nehme.
El caso es que tres de los aviones de la firma están varados al cancelarse algunas rutas.
No sale
Finalmente se frustró la posibilidad de que los hermanos Jorge y Raúl Ferráez, editores de la revista Líderes, se quedaran con la mayoría del capital del diario especializado El Economista. El obstáculo, naturalmente, fue el precio. Anteriormente, los empresarios habrían intentado la adquisición de la revista Contenido, con la novedad de que el magnate Carlos Slim les ganó la partida.
Ahí será para la otra.
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barrancoalberto
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