Chicana tras chicana
Aplaudida por el gobierno su intervención para dotar de liquidez al Consorcio Azucarero Escorpión, la Almacenadora México se volvería meses después la villana de la película
Expropiados los ingenios propiedad de Enrique Molina Sobrino, la Secretaría de Agricultura no sólo desconocería el trato avalado por su titular, Javier Usabiaga, sino acusaría de defraudador al presidente de la compañía integrada como organización auxiliar de crédito. El héroe, pues, se volvió delincuente en la magia del nuevo dueño.
La manzana de la discordia, como usted sabe, son 39 mil toneladas métricas de azúcar que comprometió Caze al monetizar con el Banco Nacional de Comercio Exterior Certificados de Depósito expedidos por la Almacenadora.
Lo inaudito del caso es que el propio Usabiaga había ofrecido garantías plenas de respeto al estado de derecho, cuatro días después del acto de fuerza del gobierno foxista.
“Puede usted tener la seguridad —decía una misiva personal de éste a Guillermo Ruiz de Velasco y Villafaña, fechada el siete de septiembre de 2001—, que el gobierno de la República honrará los compromisos adquiridos con autoridades en materia de crédito con cobertura a futuras zafras”.
Más aún, el Secretario de Agricultura le enviaría ese mismo día una carta al director general del consorcio, José Ignacio Portillo (“Estimado Ignacio”), señalando a la letra que “los contratos y documentos que amparan este crédito, desde mi punto de vista, son auténticos y legítimos…” La sorpresa para la Almacenadora México llegaría casi un mes después, cuando el Oficial Mayor de la dependencia, Xavier Ponce de León, instruía a los administradores de los ingenios expropiados a soslayar “cualquier compromiso de entrega de azúcar que les haya sido presentado, celebrado durante la última semana de agosto”.
La circular 3595 está fechada el cinco de octubre.
Lo peor, sin embargo, llegaría el cinco de diciembre, cuando la coordinadora General Jurídica de la dependencia, Isabel Ochoa Muñoz le dirige una carta al Secretario de Agricultura, desconociendo olímpicamente el compromiso.
Textualmente, se aduce que la Almacenadora México expidió unos de crédito consistentes en certificados de depósito de azúcar, “que jamás fue depositada porque no existe,” y que “estas supuestas operaciones” se realizaron con anterioridad a la expropiación de los ingenios, por lo que se trata de relaciones entre particulares que no afectan ni comprometen al gobierno federal. El caso es que el azúcar que avalaba los documentos expedidos fue extraída de las bodegas habilitadas como almacenes generales de depósito, sin que la Secretaría de Agricultura lo impidiera, pese a haber sido alertada.
Lo cierto es que la Almacenadora México, pese a las zancadillas y chicanas en su contra, le ganaría el pleito a la dependencia, habiendo logrado tres sentencias definitivas a su favor: una en 2004, y el resto en 2002.
La primera la expidió el juez 35 de lo Civil en el Distrito Federal; la segunda la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y la tercera el Primer Tribunal Unitario en Materia Civil y Administrativa del Primer Circuito. En el camino, la Procuraduría General de la República emitiría un criterio en el que señalaba letra por letra:
“Resulta evidente que el azúcar que reclama la querellante no entró al Patrimonio de la Nación al momento de la expropiación, luego entonces no existía derecho alguno por parte de los ingenios para disponer de dicha azúcar”.
Más claro ni el agua.
Adicionalmente, la Procuraduría General de la República (PGR) le advertía a la Secretaría de Agricultura que estaba en desacato ante el Poder Judicial y la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2004, dado que ésta obligaba a cumplir los compromisos que mantuvieran los ingenios en la fase previa a su expropiación. Y si le seguimos, conminaba a romper los candados y cerraduras de los ingenios administrados por el gobierno federal con el uso de la fuerza pública para rescatar el azúcar. El caso es que cuatro años después la diligencia sigue sin cumplirse.
Por lo pronto, entre los cargos que pesan contra el ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, está el de haber violado la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en cuyo artículo 100 se habla de imponer una pena de prisión de tres a 10 años a quienes sin causa justificada entreguen, sustraigan, dispongan o permitan disponer de mercancías depositadas en locales habilitados como almacenes nacionales de depósito.
El gobierno del cambio… que dejó pálido al PRI en materia de corrupción.
Balance General
Pues ahora resulta que siempre sí, Rafael Del Villar y Gonzalo Martínez Pous dejarán sus cargos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para integrarse al pleno de la Cofetel. El primero, es Subsecretario de Comunicaciones; el segundo Coordinador Jurídico. Como usted sabe, la Suprema Corte de Justicia les otorgó un amparo contra el rechazo del Senado a su nombramiento presidencial como tales. El caso es que aunque las apuestas estaban tres a uno a que permanecerían en el cargo, hete aquí que el subsecretario ya no tiene la buena relación de antaño con su jefe, es decir, Luis Téllez.
Ahora que quien se puso feliz con la noticia fue el presidente de la filial en México de la Telefónica Española, Francisco Gil Díaz, quien tendrá dos votos a su favor ante la Cofetel en sus embestidas contra el magnate Carlos Slim.
¡Sorpresa!
Ubicada como la piedra en el zapato en la exigencia de la portabilidad, es decir, el que el usuario conserve su número de telefonía fija y móvil al cambio de proveedor del servicio, ahora resulta que la única empresa que está lista al 100% para instrumentar la medida es Teléfonos de México. El resto navega entre 2.6% y 40%.
La falta más notable apunta a las redes de origen. Como usted sabe, la medida entrará en vigor este fin de semana.
TMM se refuerza
Ayer el Grupo TMM que encabeza José Serrano Segovia colocó el tercer tramo de un Programa de Certificados Bursátiles, por cuatro mil 390 millones de pesos. Los recursos se emplearán en la adquisición de 10 nuevos barcos que engrosarán la flota: tres buques-tanque; seis barcos abastecedores altamente especializados, y uno ecológico. La nueva flota, identificada como Proa al Sol III, se destinará a clientes que tengan la misma calidad crediticia otorgada a la emisión por la calificadora Fitch México, es decir AA (más), o solvencia total. albertobach@yahoo.com.mx, barrancoalberto@prodigy.net.mx
