Una más de Fox
La expedición, en 2004, de un aparentemente inocente decreto presidencial bajo la firma de Vicente Fox, le está abriendo la puerta a un problema de consecuencias incalculables, acaso catastróficas, para las arcas públicas.
La rendija le dio luz verde a multimillonarios reclamos, que están ya en la antesala, por parte de bancos alemanes, japoneses e italianos, aún cuando se da el caso que éstos a su vez les vendieron a otros que también están en la pelea.
La historia, en la que se involucra a la ex primera dama, Marta Sahagún, como la mano que movió la pluma, llenaría con creces una apasionante novela.
El nudo de la trama se localiza en la luz verde del Ejecutivo a la abrogación, por parte del Congreso, a la Ley sobre Bonos del Enemigo, que se había expedido en 1942 y ratificado en 1951.
Lo que el presidente Manuel Ávila Camacho había decretado, lo reafirmaría, pues, Miguel Alemán Valdés.
Como recordará usted, tras el hundimiento del barco petrolero Potrero del Llano, al que le seguiría el ataque a cuatro buques similares más, México le declaró la guerra a las potencias del eje, es decir, Alemania, Japón e Italia, en un acto que congregó a la multitud en la Plaza de la Constitución, bajo el cobijo de todos los ex presidentes en la mayor demostración de unidad nacional hasta entonces.
Días después el Ejecutivo expediría el decreto de la discordia, por medio del cual se convocaba a registrar los bonos de deuda exterior en propiedad de los países amigos… cancelándose la posibilidad para los enemigos, es decir, decíamos, Italia, Alemania y Japón.
El país, pues, se cobraba “a lo chino” la pérdida de sus buques-tanque propiedad de Petróleos Mexicanos.
Estamos hablando de papeles que se habían acumulado a partir de 1910 en que se inició la Revolución.
De acuerdo al recuento histórico, el englobe alcanzaba a bonos cuya antigüedad se remonta a 1899, como es el caso de los llamados face value, cuyo remanente equivalía a 18 mil 430 pesos dólar oro, con un rédito de 5%.
Más allá, bajo la misma denominación, se habían expedido, en 1904, 18 bonos por un valor de 14 mil 500 pesos dólar oro, en este caso al 4 por ciento de interés anual.
Adicionalmente, en 1908 el propio Gobierno porfirista emitiría otros 38 bonos face value por siete mil 500 pesos dólar oro, en este caso con cargo a la Caja de Préstamo para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura.
Más allá, sin especificarse la fecha exacta de expedición, se habla de 41 bonos más por 16 mil 400 pesos dólar oro, éstos con cargo a la deuda pública agraria.
El decreto presidencial expedido el 4 de agosto de 1942 y publicado el 22 del propio mes, señalaba a la letra que los títulos, certificados, valores, cupones, dividendos y acciones no registrados son de plena propiedad y dominio del Gobierno mexicano.
A su vez, el decreto expedido por el gobierno alemanista señalaba, en su artículo 5, que “los títulos, valores y documentos de que se ocupa esta ley no confieren a sus tenedores derecho alguno para exigir el cumplimiento de las obligaciones en ellas consagradas, ni sus intereses y demás consecuencias”.
Además del presidente Miguel Alemán, el documento tenía la rúbrica de los secretarios de Hacienda, Ramón Beteta, y de Relaciones Exteriores, Manuel Tello.
El caso es que 54 años después llegaría la reversa, primero con el Congreso, y luego con el Ejecutivo.
Los legisladores proponen y el Presidente dispone.
La gran pregunta, naturalmente, es dónde estaba la motivación, es decir, a qué remover un asunto que había sorteado históricamente todas las reclamaciones, dada la justeza de la acción.
La sospecha apunta a la presión de los bancos de otros países que adquirieron los papeles que hoy están empezando a desempolvar.
Calcule usted el tamaño de los intereses.
Balance General
Le comentábamos hace unos días del singular fenómeno que está provocando un éxodo de empresas textileras mexicanas hacia Estados Unidos, concretamente con proa hacia el estado de Luisiana, tantito por las facilidades que ofrece, y tantito por la dramática caída en la competitividad del país.
Bien, pues una de las señales más claras la constituye un aumento en los costos de la energía eléctrica, que alcanza ya 35 por ciento entre el periodo de octubre-noviembre de 2007 a mayo de 2008.
De acuerdo a la copia de recibos en la mesa del columnista, el incremento en el lapso para las firmas del ramo oscila, en efecto, entre 31.54 por ciento y 35 por ciento.
Peor aún, hete aquí que las que han buscado sacudirse el fardo vía la construcción de una subestación de 230 kilowatts para generar su propio fluido, se han encontrado con que la Comisión Federal de Electricidad cotiza la alternativa en el inaudito de 185 millones de pesos.
Y van por más.
Jaque a Pemex
En lo que representa la punta de lanza de la embestida de los trabajadores ante la pérdida del poder adquisitivo, el sindicato petrolero está reclamando un incremento salarial de 11 por ciento en su revisión contractual, con emplazamientos a huelga al calce.
De no llegar a un arreglo, ésta estallaría el primero de agosto.
El jaque a Pemex llega justo cuando el debate sobre la reforma energética empieza a apuntar hacia lo que se califica de “excesivos privilegios” del sindicato que encabeza Carlos Romero Deschamps.
Focos rojos
A propósito, convocado el viernes pasado a comparecer ante el pleno del Consejo Coordinador Empresarial, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, habló de tres focos rojos a la vista en materia de negociaciones laborales.
El primero, lo adivinó usted, es el de Petróleos Mexicanos, dado el ambiente hostil hacia el sindicato, tras las denuncias públicas de privilegios sin límite y enriquecimiento inexplicable de su dirigente.
El segundo apunta a Mexicana de Aviación, y el tercero hacia Volkswagen, en un escenario en que tradicionalmente los jaloneos han sido de antología.
Cosa juzgada
A contrapelo de las versiones que señalan lo contrario, el ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Héctor Olea, fue exonerado de los cargos que le habían imputado las empresas distribuidoras de gas LP.
No hubo, pues, ninguna inhabilitación para ocupar cargos públicos.
Adicionalmente, aunque éste se contrató con la firma belga Tractebel, lo hizo un año después de concluido su cargo, lo que lo libró de una acusación de llevar información privilegiada en la faltriquera.
¿Sí, pero no?
La principal objeción jurídica con que el sindicato minero peleará en los tribunales contra la negativa de reconocimiento oficial a la reelección de Napoleón Gómez Urrutia y su suplente Mario García Ortiz, apunta a lo que se califica de incongruencia.
Estamos hablando de reconocer los acuerdos de la asamblea, menos el relativo a la reelección.
El pleito, empero, puede durar meses.
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