Banamex en el callejón
Aunque el pleito entre Vitro y Banamex va para largo, el primer round lo ganó la principal productora de vidrio en México, al congelarse las acciones objeto de la discordia Estamos hablando de 53 millones de valores, equivalentes a 14.9% del capital de la firma con sede central en Monterrey, que el banco propiedad del Citigroup de Estados Unidos fue adquiriendo pian pianito en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores. El escándalo estalló al presentarse representantes de éste ante la empresa vidriera con constancias de su tenencia en la mano, para participar en una asamblea general ordinaria… y de pasadita reclamar dos asientos en el Consejo de Administración.
Y aunque Banamex rechaza que las compras las hubiera realizado en su totalidad como tal, aduciendo que sólo adquirió 2%, y el resto es de su clientela, lo cierto es que para plantear la imposibilidad de vender los papeles, el juez de la causa, Abel Anaya, pidió informes en la casa de bolsa Acciones y Valores, propiedad también de Banamex.
El requerimiento apuntaba a informar cuántas acciones de Vitro había depositado el banco hasta el 17 de abril de 2002 en que se celebró la asamblea.
La paradoja del caso es que en su defensa Banamex alude ahora que lo que pretendía hacer era en favor a Vitro, al acumular suficientes acciones para presionar a la vidriera a incrementar su desempeño. Más aún, la estaba protegiendo de la posibilidad de que un tercero pretendiera realizar una compra hostil aprovechando el bajo precio de los papeles. El problema es que Banamex no cumplió con la ley.
De acuerdo al artículo 48 de la Ley de Sociedades Bursátiles, está permitido que las emisoras en la Bolsa puedan estipular en sus estatutos sociales cláusulas que prevengan la posibilidad de adquisición de acciones que pongan en peligro el control, sea en forma directa o indirecta. Bajo ese marco, en la cláusula sexta del capítulo segundo de los Estatutos de Vitro, vigentes desde el 29 de noviembre de 2006, se anota a la letra que “toda transacción de acciones a favor de persona alguna o conjunto de personas actuando en forma concertada que llegue a acumular más de 9.4% del total de los papeles en circulación, está sujeta a la autorización del Consejo de Administración. El banco pues, no cumplió. Ahora que la firma vidriera no es la única que mantiene restricciones de ese tenor. Se diría que 90% de las emisoras lo hacen.
De hecho, la propia Bolsa Mexicana de Valores, en su insólita emisión de acciones propias que lanzó hace unos días, señala en sus estatutos internos, a la letra, que “ninguna persona puede adquirir en forma directa o indirecta 5% o más de los papeles en circulación, salvo que previamente obtenga primero el consentimiento del Consejo de Administración, y luego de la Asamblea de Accionistas”. Banamex, como usted sabe, tiene un asiento en el Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores. Punto para Vitro.
Balance General
¿Se acuerda usted del contrato por mil millones de dólares que logró la empresa IPC, filial del grupo R de Ramiro Garza Cantú, para dotar a Petróleos Mexicanos de una plataforma semisumergible de sexta generación para perforar en aguas profundas?
Bien, pues la firma está negociando la posibilidad de un crédito sindicado por 650 millones de dólares en el que participarían como cabezas el banco alemán Weatlb y el español Bilbao Vizcaya Argentaria. El planteamiento se realizó hace unos días en Nueva York. El compromiso de Garza Cantú es entregar la colosal plataforma en 2010. Esta, que llevaría el nombre de “Muralla III”, la construye la firma coreana Daewoo Shipbrodring and Marine Engineering. Se espera que en el préstamo participen al menos media docena de bancos estadounidenses, pese a la reestricción del crédito en ese país.
Garza Cantú, un legendario contratista de Pemex, fue el primero en obtener un contrato de tal magnitud en la empresa paraestatal para plataformas.
Misterio ibérico
Volcada la Secretaría de Economía hacia la defensa del Grupo Telefónica Mexicana, filial de la Telefónica Española, señalando que opera legalmente en nuestro país al depositarse sus acciones en un fideicomiso de capital neutro, lo curioso del caso es que la dependencia se niega a revelar quién es el socio mexicano.
De acuerdo a la ley, las firmas de telefonía fija instaladas en el país no pueden rebasar 49% de capital extranjero, lo que explica la precaución. Sin embargo, la propia ley señala, además, que cuando se depositan las acciones en un fondo de capital neutro, el control, administración y operación de la empresa que debe quedar en manos de mexicanos. El caso es que como el monje loco, nadie sabe/nadie supo quiénes son éstos… por más que extraoficialmente se señala al presidente de la firma en México, Francisco Gil Díaz. Como recordará usted, el asunto lo reveló Teléfonos de México al justificar una negativa original para interconectar a la firma. Y aunque se dijo que ésta operaba en la legalidad, nadie quiere responder la pregunta de quién es el socio mexicano, en un escenario en que la Telefónica de España ha señalado abiertamente que posee 97.4% de las acciones.
ASSA al ataque
La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación, en reflejo instantáneo, colocó ayer una solicitud de amparo contra la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje de negarle el registro en su solicitud de emplazamiento a huelga a Mexicana de Aviación por revisión contractual. Como usted sabe, la exposición de motivos de la instancia de arbitraje hablaba de que habiendo perdido el órgano sindical un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica contra la línea aérea, lo que obligaba a desmantelar el contrato colectivo de trabajo, no podía haber emplazamiento. El problema es que los sobrecargos ganaron a su vez un amparo, que permitió la suspensión provisional del procedimiento. Y el problema, además, es que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo los procedimientos de naturaleza económica para impedir la desaparición de una empresa se suspenden al momento en que se plantea un emplazamiento o estalla una huelga. El jaloneo será de antología.
Mismo palo
¿Se acuerda usted del Chino Ley, aquel empresario que enviara el gobierno foxista a China como cónsul en Shanghai? Bien, pues, ahora es académico. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey le acaba de nombrar jefe de su División de Estudios del Extremo Oriente.
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