Guanajuatizada
Latente la consigna panista (¿o será amenaza?) de “Guanajuatizar” al país, acaba de tocar las puertas de Los Pinos una grave denuncia contra uno de los adalides del “modelo”, al que se le ha colocado etiqueta de intocable
Estamos hablando del ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, a quien la Almacenadora México acusa de complicidad en un fraude que involucra 31 mil 900 toneladas métricas de azúcar, cometido tras la expropiación de los nueve ingenios que constituían el Consorcio Azucarero Escorpión, conocido como Caze.
El ex funcionario, conocido como el rey del ajo y brócoli, avaló, en la fase previa al acto de fuerza del gobierno foxista, la expedición por parte de la intermediaria encabezada por Raúl Ruiz De Velasco y Villafaña de Certificados de Depósito con aval del dulce que se produciría en la zafra 2001-2002.
La alternativa permitió, tras la monetización de los papeles por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior, pagar un adeudo a los cañeros, lo que a su vez permitió la cosecha.
El azúcar se depositaría en bodegas de los ingenios habilitadas por la Almacenadora México como almacenes de depósito.
El caso es que tras la expropiación, realizada nueve días después de la operación, el Fideicomiso de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero (FEESA), dispuso ilegalmente del azúcar, iniciándose un litigio que siete años después, pese a las sentencias en firme, no da luz a la justicia.
El largo vía crucis se le documentó al presidente Felipe Calderón en carta entregada la semana pasada en Los Pinos.
El recuento habla de una catarata de obstáculos para soslayar tres sentencias que obligan a Caze a devolver el azúcar pignorada en los ingenios Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, Emiliano Zapata y Atencingo, que oscilan desde negar la presencia de la fuerza pública, hasta alegar que estando los ingenios en concurso mercantil o procedimiento de quiebra ordenada, no se puede disponer de los activos.
El problema es que la instancia que reclamó éste fue la Procuraduría General de la República quien meses antes había señalado que habiéndose realizado la operación de la discordia días antes de la expropiación, el azúcar no pertenecía a la Nación.
A la letra, la dependencia había señalado en enero de 2004 que “resulta evidente que el azúcar que reclama la querellante (Almacenadora México) no entró al patrimonio de la Nación al momento de la expropiación, ello en virtud de que los derechos de la caña ya habían sido cedidos. Luego entonces no existía derecho alguno de parte de los ingenios de disponer de dicha azúcar”.
Ahora que en el camino se acusó al propietario de la almacenadora de intento de fraude exonerándosele justo el último día del gobierno foxista.
Y en el camino, también, del otro lado de la mesa, Ruiz De Velasco y Villafaña presentó tres demandas ante la propia PGR, entre ellas una por fraude y abuso de confianza contra el director general de FEESA, Jorge Lanz De la Isla; el director general del Fideicomiso Comercializador, Ernesto Dueñas Islas, y por falsedad de declaraciones contra la coordinadora General Jurídica de la Secretaría de Agricultura, Lilia Isabel Ochoa, involucrándose también al ex titular de la dependencia, Javier Usabiaga Arroyo.
La tardanza en la integración de los expedientes o el ejercicio de la acción penal, al parecer, apunta al temor de destapar la cloaca en que se convirtió la expropiación de los ingenios, en cuyo escenario la rapacidad se dio vuelo.
Lo cierto es que enterado del asunto en su momento, el actual secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, prometió justicia, sin que hasta la fecha haya cumplido su palabra.
Recorridos todos los eslabones del poder por el querellante en reclamo de justicia, el clamor llegó al primero de ellos, en un escenario en que está en entredicho el estado de derecho, es decir, la confianza.
¿Nos “gauanajuatizamos?
Balance General
El saldo, al cumplirse hoy un año de la huelga en la principal productora de cobre del país, Minera de Cananea, es impresionante.
De entrada, la producción del metal en el país ha caído 40 por ciento, lo que explica el alto costo de la oferta existente, en un escenario en que el Grupo Minera México ha dejado de facturar mil 300 millones de dólares.
En la carambola, naturalmente, el fisco no pudo percibir tributos por 257 millones de dólares, en tanto los trabajadores dejaron de ganar en promedio 500 mil pesos.
Más allá, la empresa ha perdido 200 millones de dólares por depreciación de activos en desuso.
Y si le seguimos, el comercio organizado de Cananea ha sufrido la caída del 70 por ciento de sus ventas, lo que convierte a la ciudad en fantasma.
Lo inaudito del asunto es que en declaraciones a una estación radiofónica local, el dirigente del sindicato, Napoleón Gómez Urrutia, señaló letra por letra que se levantarían las banderas rojinegras cuando se le quiten a su vez las órdenes de aprehensión que pesan en su contra.
La empresa lo acusa, en paralelo, de exigir una “indemnización” de 80 millones de dólares por el “daño moral” que se causó al acusarlo de desviar hacia su causa parte de los 55 millones de dólares que debió haber entregado a los trabajadores de Minera de Cananea y Mexicana de Cobre que se quedaron en éstas tras su privatización.
Así como lo lee usted.
Presidente del empleo
A contrapelo de los pronósticos más optimistas de los analistas, hete aquí que, pese a la desaceleración económica de los Estados Unidos, los trabajadores migrantes mexicanos no han perdido aún los miles de empleos previstos.
Más aún, éstos se han incrementado.
Del 2002 al primer semestre de este año, el crecimiento fue del 2.32 por ciento, al pasar de 10.67 a 13.64 millones.
Lo inaudito del caso es que en el mismo lapso en México se crearon sólo 2.21 millones de empleos formales.
Trabajo, pues, sí… pero en Estados Unidos, o sí lo prefiere George Bush el presidente del empleo.
El problema, naturalmente, es que el 14 por ciento de las colocaciones las ofrece la construcción, es decir, la rama más amenazada por la crisis que vive el país de allende el Bravo.
Yo no fui
En su primera reacción frente a la declaratoria de dominancia en cuatro mercados que le endilgó la Comisión Federal de Competencia, Teléfonos de México señala que los países avanzados ya no manejan criterios de hegemonía por la simple existencia de mayoría de líneas o capacidad instalada, lo que descalifica el ejercicio.
Más aún, se acusa a la dependencia de “falta de objetividad y rigor analítico”.
Adicionalmente, Telmex señala que ya es objeto de una regulación asimétrica, es decir, la indagación salía sobrando. albertobach@yahoo.com.mx, barrancoalberto@prodigy.net.mx
