Colocados en la indefensión cientos de pasajeros con boleto en mano tras la suspensión de actividades de Aerocalifornia, el escenario coloca en la mesa de las urgencias la aprobación de una ley que abre la puerta a las demandas colectivas.
La alternativa es idéntica a la que prevalece en la mayoría de los países desarrollados del planeta, con énfasis en Estados Unidos, bajo la figura del “Class Action”.
Estamos hablando de colocar en ruta un camión al que puedan subirse todos los afectados por un perjuicio generalizado, a contrapelo del escenario actual, que exige una acción individual. La razón es simple: En algunos casos el caldo resulta más caro que las albóndigas, en la exigencia de enfrentar un farragoso proceso que reclama la contratación de abogados.
Los ejemplos abundan. Ahí están, por señalar algunos, la suspensión de los vuelos de Líneas Aéreas Azteca, o la cancelación unilateral de actividades de Air Madrid, para no hablar de casos más espinosos como el de Publi XIII.
Ahora que la alfombra se tendería a favor de accionistas minoritarios de alguna emisora del mercado bursátil ante una caída brusca en el precio de los papeles derivada de la alteración de la información proporcionada al público.
La famosa contabilidad creativa que provocó la catástrofe de firmas como Enron, MCI y Parmalat.
La alternativa de las demandas colectivas la colocó en la mesa del Senado, como parte de la reforma de Estado, el legislador hidalguense Jesús Murillo Karam, vía una adición al artículo 17 de la Constitución.
El texto, cuya inserción obliga al voto de una mayoría calificada, es decir dos tercios del pleno del Congreso y de los Congresos locales, es simple: “Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para defensa de los mismos”.
La operación pareciera de pinzas, dado que en la Cámara de Diputados se había planteado anteriormente una propuesta similar, en este caso promovida por el diputado perredista Juan N. Guerra.
La exposición de motivos de la iniciativa de Murillo Karam señala que ya no es viable la perspectiva liberal e individualista, “en un escenario de creciente complejidad en las relaciones sociales, y el aumento en su número y complejidad de la interrelación entre los miembros de la comunidad”.
El hecho es que en Colombia se abrió la alternativa mediante una regulación de “acciones populares” para la protección de los derechos colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad pública, la moral administrativa, el medio ambiente y la libre competencia económica.
En Estados Unidos, a su vez, las acciones de clase son factibles en materia de accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor, propiedad industrial, derechos del consumidor y derechos de accionistas de las empresas, además de temas como discriminación y derechos administrativos del gobierno.
En abundancia, en Brasil se establece que “cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe; para la moralidad administrativa, medio ambiente o el patrimonio histórico y cultural, quedando el denunciante, salvo mala fe comprobada, exento del pago de costas judiciales”.
La coyuntura, pues, está abierta al máximo: todos para una.
Balance General
Estirada al máximo la liga en la esperanza de una caída más drástica en el precio por millón de BTU’s de gas natural bajo la referencia de Texas, hete aquí que finalmente la Secretaría de Energía contrató el viernes pasado una cobertura bajo un techo de 9.15 dólares, con vigencia para tres años.
La buena suerte fue que el lunes el costo internacional se había elevado a 9.25.
Se diría, pues, que funcionó la pata de conejo.
Ahora que la intención de la dependencia es que la protección para garantizar un precio fijo se amplíe cada seis meses, para no llegar otra vez al callejón.
Como usted sabe, la actual se venció ayer.
Deshojan la margarita
Aunque ha mantenido pláticas con la firma belga-brasileña InBev para evaluar posibles sinergias, el Grupo Modelo aún no le da luz verde a la fusión de ésta con la empresa estadounidense Anheusen-Busch, en cuya carambola la resultante se convertiría en su socio con carácter de minoritario.
Como usted sabe, de acuerdo al contrato pactado la firma productora de la cerveza Corona tiene derecho a decidir si acepta o no la posibilidad de cambio de socio.
El arreglo se pactó bajo la protección de las leyes mexicanas.
La oferta en la mesa de InBev por la tradicional firma cervecera de allende el Bravo es por 52 mil millones de dólares.
Desinfle de pasivos
En su cruzada por reducir su farragosa deuda que infló la adquisición en 14 mil millones de dólares de la empresa australiana Rinker, Cementos Mexicanos pactó ayer la venta de sus plantas en Hungría y Austria al grupo europeo Strabaz SE que encabeza Hans Peter Haselsteiner.
La operación se pactó en 485 millones de dólares.
Los activos de la firma de Lorenzo Zambrano producen piedra, grava y hormigón, además de cemento.
En el caso de Austria el global es de 45 plantas, y en Hungría de 40.
Una de cal
Colocado el dedo en el renglón por la Secretaría de Salud sobre la urgencia de combatir el elevado costo de los medicamentos, hete aquí que la cadena Wal-Mart está colocando su granito de arena en la lucha, al triplicar el número de fármacos genéricos que vende a precios reducidos en el marco de su esquema Medi Mart.
De 150 se fue a 450.
El 82 por ciento de los productos del nuevo catálogo se expende a precios inferiores a 39 pesos, en tanto el 92 por ciento del resto cuesta menos de 100.
El escenario habla de combate a enfermedades como obesidad, epilepsia y depresión, además de hipertensión, diabetes, problemas respiratorios, gastrointestinales e inflamatorios.
Crece Estafeta
Firme el dedo en el renglón en su expansión acelerada, la empresa de mensajería Estafeta está abriendo un nuevo centro logístico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El principal de ellos lo mantiene la firma dirigida por José Antonio Armendáriz en San Luis Potosí.
La flota para envíos de Estafeta es ya de siete aviones.
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