Van sobre Napo
La sorpresa, escándalo al calce, llegará esta mañana el emitir el juzgado de la causa una orden de aprehensión contra el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, al margen de las tres que pesan sobre él, esta vez por delitos financieros del ámbito federal
La orden de captura la girará la jueza primera de Distrito en Recursos Penales Federales del Reclusorio Norte, Silvia Carrasco Corona, a quien se consignó el expediente el jueves de la semana pasada. La acusación concreta contra el dirigente laboral exiliado en Canadá habla de infracciones al artículo 113 Bis de la Ley General de Instituciones de Crédito, al malversar recursos integrados en el fideicomiso número 1096452-6 fincado originalmente en el Multibanco Comermex, luego Inverlat y finalmente Scotiabank.
Estamos hablando, lo adivinó usted, de los 55 millones de dólares que colocó en la mesa el Grupo Industrial Minera México para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea que sobrevivieron a su privatización.
La penalidad prevista para este tipo de delitos oscila entre tres y 10 años, sin posibilidad de que se permita una suspensión provisional a la presentación de una solicitud de amparo.
La querella, en la que se involucra a Gómez Urrutia como presidente del Comité Técnico del Fideicomiso de la discordia, además de los integrantes del mismo por parte del sindicato, es decir, Héctor Félix Estrella y Juan Linares Montúfar, en paralelo a dos funcionarios del banco que llenaban el expediente, la planteó la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Félix Estrella era, a la extinción del fideicomiso sin haber cumplido los fines para los que se había creado, tesorero del sindicato.
Naturalmente, colocada en el escritorio la orden de captura contra el polémico dirigente, el gobierno iniciará el procedimiento de extradición correspondiente, al margen de la suerte final que corra el amparo logrado por éste contra las tres órdenes de aprehensión que pesan en su contra expedidas por jueces de Sonora y San Luis Potosí.
El cerco, pues, parece irreductible. El fideicomiso de la discordia, extinguido el 22 de febrero del 2005, tenía el carácter de irrevocable, hasta en tanto se agotara el prorrateo de los recursos entre los miembros del sindicato que reunieran los requisitos de elegibilidad.
Al momento de la cancelación, avalada inexplicablemente por el entonces secretario del Trabajo, Carlos Abascal Carranza, quien fungió como testigo de honor de la operación, el total en caja era de 44 millones 767 mil 765 dólares. La promesa de Gómez Urrutia al funcionario hablaba de continuar el reparto “con equidad y justicia”.
La exposición de motivos del Scotiabank para ceder el dinero que por ley estaba obligado a resguardar, hablaba de que al no estar individualizados ni por nombre ni en forma alguna los beneficiarios, la única alternativa era dejarle la tarea al sindicato.
Más al detalle, se aludía al artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo que señala a la letra que “los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del sindicato”.
El hecho es que los recursos se traspasaron en nueve disposiciones a una cuenta del banco BBV/Bancomer, sucursal Etiopía, a nombre del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana. El caso es que, en una operación-hormiga, un mandadero al servicio del sindicato, de nombre Gregorio Pérez Romo, logró que se transfirieran a otras cuentas 12 millones de pesos.
De lo burdo de las operaciones que le fueron ordenadas habla el que algunas de los transferencias se movieran a su cuenta personal de nómina, radicada en otra sucursal de BBV/Bancomer cercana, ésta en la Diagonal de San Antonio, lo que provocó la alarma de los funcionarios bancarios que atendían los requerimientos.
El caso es que cuando la transferencia no apuntaba a su cuenta para de ahí saltar a otras con proa hacia el exterior, los recursos caminaban hacia otras abiertas a nombre de Oralia Casso Méndez, esposa del Gómez Urrutia, así como de sus hijos Alejandro y Eduardo Gómez Casso.
A estos últimos, en la cumbre del absurdo, se les pagaron por adelantado gastos vía su tarjeta de crédito American Express, por cantidades exorbitantes.
La ruta, apresado el mandadero, la siguió paso a paso la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
La persecución fue implacable… e impecable, dicen.
Por lo pronto, Napo está acorralado.
Balance General
Utilizando como punta de lanza al ex procurador Fiscal de la Federación y director del organismo Transparencia Nacional, Gabriel Reyes Orona, un grupo de abogados está planteando una exigencia de juicio político contra el senador Santiago Creel.
La exposición de motivos habla de que en su época de diputado el ex secretario de Gobernación incurrió en un conflicto de interés al favorecer, en el marco del rescate bancario, al Banco del Sureste y Bursamex, intermediarias que controlaba su familia.
Una y otra, integradas con sello de grupo financiero, las encabezaba Eduardo Creel Cobián, primo hermano del senador panista. Creel asumió la redacción del proyecto de Ley que permitió la creación del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
En la instauración del ordenamiento participó como vocal de éste, Alejandro Creel Cobián, quien después demandaría al Scotiabank por supuestos adeudos con los ex accionistas de Inverlat… en el que participó como funcionario.
En el legajo de mil 500 cuartillas que da sustento a la petición se menciona también a Carlos Creel Cobián. De acuerdo al demandante el presunto delito no ha prescrito.
Zancadilla a Interjet
A la callada, las empresas aéreas que operan en el aeropuerto capitalino, a la cabeza de las cuales están Aeroméxico y Mexicana de Aviación, están promoviendo un recurso contra Aeropuertos y Servicios Auxiliares por haberle permitido a Aerocalifornia vender sus espacios de abordaje a la empresa Interjet.
De acuerdo a la ley se debió abrir una licitación pública para subastar los llamados “slots”.
De hecho, al ingreso al mercado de la línea aérea propiedad de Miguel Alemán Velasco se le había anticipado que en caso de haber lugares disponibles éstos debían subastarse, es decir, nadie tendría mano.
Como usted sabe, Interjet opera desde la semana pasada en la terminal capitalina, en paralelo a sus espacios en la de Toluca.
Otra pesadilla
Colocado su santo de espaldas, Cementos Mexicanos está enfrentando una pesadilla más a la que vive en Venezuela.
Hete aquí que el equivalente a nuestra Comisión Federal de Competencia en Egipto le acaba de aplicar una multa de 1.9 millones de dólares por presuntas prácticas monopólicas.
La firma de Lorenzo Zambrano apeló la solución por considerarla infundada.
albertobach@yahoo.com.mx
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