Lluvia sobre mojado
Lanzada toda la furia de los agraviados contra el sindicato minero que encabeza Napoleón Gómez Urrutia, las señales apuntan a un nuevo proceso penal, promovido éste por la firma Altos Hornos de México
La acusación concreta, que en los próximos días será consignada a un juez por el Ministerio Público Federal, habla del delito de extorsión, en la fase previa a la revisión contractual de julio pasado.
De acuerdo con la empresa siderúrgica encabezada por Alonso Ancira, integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del organismo de representación laboral le pidieron 18 millones de pesos y el cese de un grupo de trabajadores disidentes como condición previa para iniciar la negociación.
El dinero se entregó vía un cheque, cuyo destino persiguió la Oficina de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, integrándose la indagación en el expediente.
Como recordará usted, la decisión de la compañía con sede central en Monclova de hacer público el asunto provocó la ruptura con el sindicato, tras una larga luna de miel.
De hecho, existen versiones de que el avión en que salió del país Gómez Urrutia con proa hacia Canadá… y la protección de los poderosos sindicatos de Steelworkers, lo facilitó AHMSA.
De hecho, la firma de los Ancira y Xavier Autrey era la única que mantenía relaciones cordiales con el sindicato.
Ahora que la acusación no apunta directo contra Gómez Urrutia.
En paralelo, la Procuraduría General de la República está impugnando el amparo “para efectos” otorgado por un juez al líder minero contra las tres órdenes de aprehensión giradas en su contra, lo que obliga a reponer el procedimiento, señalando que la personalidad de los abogados promoventes no fue debidamente acreditada.
De prosperar el reclamo, las órdenes de captura quedarían vivas.
La protección de la ley se le había otorgado a Gómez Urrutia al considerarse que era ilegal el traslado de los procesos iniciados en Sonora y San Luis Potosí a la capital del país.
Como le informábamos ayer, en las próximas horas la jueza primera de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, Silvia Carrasco Corona, emitirá una nueva orden de aprehensión contra el líder minero y sus compañeros Héctor Félix Estrella y Juan Linares Montúfar, además de dos funcionarios del Scotiabank, por supuestos delitos financieros. Concretamente se habla de infracciones al artículo 113 bis de la Ley General de Instituciones de Crédito.
El común denominador de los cinco en el banquillo en su participación en el Comité Técnico del fideicomiso fincado en el banco, que mantenía a resguardo los 55 millones de dólares entregados por el Grupo Industrial Minera México para prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea que sobrevivieron a su privatización.
El fideicomiso, como usted sabe, fue extinguido sin haberse cubierto los fines para el que fue creado, es decir, sin agotarse la distribución de los recursos.
Ahora que en su defensa frente a la posibilidad de un proceso de carácter federal por delitos de cuello blanco contra su dirigente, el sindicato señala que la indagación que sustenta la querella fue desestimada en su momento por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Según ello, ésta emitió una opinión en la que señalaba que las conductas atribuidas a los dirigentes mineros no eran constitutivas de violaciones al ordenamiento señalado.
Más aún, se aduce que quien planteó la querella fue Elías Morales, dirigente reconocido por la Secretaría del Trabajo, con la novedad de que utilizó firmas apócrifas para apuntalarla.
Lo cierto, sin embargo, es que la querella la reforzó una indagación avalada por la Procuraduría Fiscal de la Federación por tratarse de delitos de carácter financiero.
El cerco, pues, se está cerrando.
Balance General
La versión oficial de Cementos Mexicanos sobre las acusaciones de saqueo que le endilga el gobierno de Venezuela, habla de que durante muchos años sus plantas en el país sudamericano exportaron sólo los excedentes de producción, tras agotarse la demanda del mercado interno. Más aún, cuando el gobierno de Hugo Chávez les prohibió la exportación, dejaron de hacerlo, por más que el precio internacional era muy superior al interno.
El eje, pues, de la nacionalización con perfil de venta obligada, no se justifica.
Más aún, la empresa mexicana que encabeza Lorenzo Zambrano señala que hubo trato discriminatorio en la negociación sobre el precio respecto a las firmas Holcim y Lafargue.
La primera de ellas tenía la protección de un convenio de Protección Recíproca de Inversiones firmado entre Venezuela y Suiza.
Tres al hilo
Al grito de la tercera es la vencida, la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) planteará esta mañana ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un nuevo emplazamiento a huelga contra Mexicana de Aviación. La justificación, en este caso, habla de violaciones a diversas cláusulas del contrato Colectivo de Trabajo.
Los dos primeros emplazamientos, en este caso por revisión contractual, como usted sabe, fueron rechazados, por la autoridad laboral, alegando que eran improcedentes mientras se ventilara el destino final del amparo promovido por el propio sindicato contra la resolución que le dio la razón a la empresa en un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica que reclamaba, justo, el desmantelamiento del contrato colectivo.
La tensión entre ASSA y la firma aérea encabezada por Gastón Azcárraga Andrade llegó a su punto más álgido tras la pretensión de ésta de aplicar la resolución, es decir quitarle prestaciones, a las 164 sobrecargos que tramitaron por su cuenta un amparo similar… cuya solicitud fue rechazada.
Chiquitos pero picosos
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia, la razón de fondo de haber considerado a todas las empresas de telefonía fija y movible como dominantes en terminación de llamadas, es que no existe competencia en el campo.
Digamos que la tarifa se rasa lo mismo en firmas gigantes como Teléfonos de México y Telcel, que en pequeñas como la filial de telefonía fija de la Telefónica México, o Pegaso.
Como usted sabe, la resolución encendió la ira de la totalidad de las compañías.
Volado
Sin tener aún certeza plena de haberle ganado un litigio al grupo minero Lobos que garantizara la propiedad federal de los terrenos, el gobierno lanza hoy una licitación pública para construir un complejo de infraestructura en la Península de Baja California, concretamente en Punta Colonet. La firma integrada a la empresa BC Punta Enterprise alega que los terrenos los adquirió como parte de su reserva.
El proyecto, como usted sabe, apunta a la construcción de un puerto de altura y cabotaje, un aeropuerto y una zona portuaria integral.
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