La posibilidad de reglamentar la subcontratación de personal por la vía conocida como ‘outsourcing’ se debatirá, a querer o no, en los próximos días Frenada en el Senado a presión de los organismos empresariales tras su aprobación fast track en la Cámara de Diputados, la posibilidad de reglamentar la subcontratación de personal por la vía conocida como outsourcing se debatirá, a querer o no, en los próximos días. El eje del asunto se ubica en los abusos que cometen las empresas que prestan servicios específicos a otras, al soslayar las condiciones mínimas de seguridad social, para no hablar de prestaciones de ley. El escenario lo desnudó en toda su crudeza el accidente en la mina Pasta de Conchos que provocó la muerte de 65 mineros… la mayoría de los cuales había sido subcontratados por una de las empresas de suministro de personal conocida como outsourcing. Dicho con todas las letras, aunque trabajaban para el Grupo Industrial Minera México de Germán Larrea Mota Velasco, el patrón real era otro, con la novedad de que cotizaban en el Seguro Social con un salario inferior al real, o de plano no estaban inscritos. El escándalo afloró cuando las viudas pretendieron, en uso de su derecho, cobrar una pensión. El jaque a las firmas tramposas lo colocó en la mesa el diputado priísta Patricio Flores Sandoval el 13 de marzo pasado, bajo el marco de una propuesta de reforma a la Ley del Seguro Social. Lo inaudito del asunto es que las comisiones respectivas habían dictaminado favorablemente la iniciativa el 22 de abril, aprobándose ésta por el pleno dos días después. El sí fue por unanimidad de 267 legisladores. La exposición de motivos hablaba de un crecimiento explosivo de la modalidad a nivel global, al punto de que durante el año pasado se firmaron contratos outsourcing por 20.6 billones de dólares… frente a los 25.4 de 2006. Estamos hablando de 10 millones de empleos. En México la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano habla de 100 mil trabajadores. Analizado el fenómeno por la Organización Internacional del Trabajo, se ha tratado de buscar vías para el equilibrio entre el derecho de las empresas para realizar la práctica y el de los trabajadores a salvaguardar su protección mínima. En el horizonte, se han planteado no menos de 200 reformas legales en 130 países en que, sin soslayar la utilidad de la modalidad para crear empleos formales y promover la competitividad de las empresas, se busca incluir incentivos que favorezcan las relaciones laborales de largo plazo basadas en la transparencia, la confianza y los compromisos en materia de productividad. El problema, en el caso específico de México, es que las firmas han empleado el outsourcing no como un mecanismo para racionalizar recursos, sino para evadir responsabilidades patronales y afectar derechos laborales. De hecho, el Seguro Social ha detectado varias vías hacia la trampa: — Patrones que dan de baja a sus trabajadores, quienes a su vez son afiliados por una empresa vía un contrato de prestación de servicios, dándolos de alta… con salarios inferiores a los que venían percibiendo, excluyéndolos, desde luego, de la posibilidad de reparto de utilidades. Naturalmente, bajo el nuevo escenario se reduce el cálculo para incapacidades, pensiones de retiro, prestaciones de vivienda… — Muchas de las empresas outsourcing dejan de pagar las cuotas obrero-patronales al poco tiempo de haber entrado en operación, apoyándose en que carecen de bienes propios suficientes para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. Digamos que aunque el Seguro Social está en posibilidad de embargo, no hay activos para incautar. Más aún, tampoco tienen un registro ante el fisco, o si lo tienen saltan de domicilio en domicilio para burlarlo. — Algunas de las firmas, en paralelo, funcionan en locales rentados en los que hay poco mobiliario de oficina y equipo de cómputo, lo que vuelve misión imposible la cobranza. — Ahora que cuando las empresas están supuestamente en regla, resulta que se registraron bajo la modalidad de Servicios Profesionales y Técnicos, con lo que los trabajadores cotizan en un régimen distinto al riesgo de accidentes de trabajo al que están expuestos. Y aunque existe la posibilidad de cárcel para los patrones que realicen ese tipo de trampas, a los que se acusaría de defraudación a los regímenes del Seguro Social, el amago no ha sido suficiente para frenar las conductas, dado que los dueños de las empresas ponen al frente de ésta a empleados menores que no son localizables o que carecen de bienes para enfrentar una querella. La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados plantea modificar cinco artículos de la Ley del Seguro Social. Tarde, pues, pero llega.
BALANCE GENERAL
En el insólito de la temporada, la empresa fabricante de aceites y lubricantes Mexicana de Lubricantes le está enviando una carta a los integrantes de la Organización Nacional de Expendedores de Productos de Pemex (Onexpo), amenazándolos con meterlos en problemas si expiden productos distintos a los suyos. Como usted sabe, la firma produce los productos Mex Lub y Akron. La misiva la envió el subdirector general de Akron, José Luis Sandoval Reynoso, sustentando su amenaza en que “el litigio contra Mexicana de Lubricantes y Pemex Refinación no ha llegado a su fin, por tanto la exclusividad para la venta de nuestros productos está vigente”. El caso es que existe una resolución del Juzgado Quinto en Materia Administrativa de Jalisco, en la que se ordena romper la exclusividad a favor de la firma, permitiéndose, por lo pronto vender los productos de Bardahl de México. La resolución fue aceptada por Petróleos Mexicanos, cuyo abogado general, Néstor García Reynoso, la comunicó de inmediato a los 7 mil gasolineros del país. El amago, pues, es gratuito.
COSCORRONCITO
La intención del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), que encabeza Jaime Zabludowsky y el Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria en su intención de crear un Código de Autorregulación de Publicidad de Alimentos y Bebidas para el Público Infantil, es atajar la tentación del Congreso de legislar en la materia, en el marco del combate a la obesidad en los niños. De hecho, existía ya un anteproyecto planteado por los priístas por el que se prohibía la venta de alimentos chatarra en las escuelas públicas y privadas, restringiéndose a su vez la de las bebidas gaseosas. El problema, decíamos, es que para la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que encabeza Miguel Ángel Toscano Velasco, se trata de un intento inocuo, al no prever sanciones para infractores. De hecho, a lo más que se llegaría es a la exhibición pública de éstos y a su eventual expulsión del órgano de autorregulación, lo que equivale a lanzarles flores a título de obuses. albertobach@yahoo.com.mx
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