Sí... pero no tanto
La posibilidad de reglamentar la subcontratación de personal bajo la figura del “outsourcing” mantiene divididos a los organismos empresariales. Mientras las cúpulas dicen no, las asociaciones pequeñas le dan el sí… con asegures
La manzana de la discordia es la pretensión de que las empresas que reciben servicios por vía de terceros se conviertan en responsables solidarios del cumplimiento de las obligaciones laborales de éstas.
El enfrentamiento más significativo se da entre la Concamín y la Asociación Mexicana de Capital Humano, quien avala el reclamo de evitar abusos que vulneran derechos irrenunciables de los trabajadores.
El organismo especializado en la subcontratación de personal de alto nivel presume de contribuir a la generación de 105 mil empleos formales en promedio al mes, generando aportaciones de seguridad social por tres mil millones de pesos anuales.
Entre sus afiliados se ubican 15 empresas de “outsourcing”, entre ellas Manpower, Adecor, Kelly Services y Vedios, con alcance internacional todas ellas.
De acuerdo a su punto de vista, la posibilidad de que el Senado apruebe la minuta derivada de la aprobación por unanimidad en la Cámara de Diputados de la propuesta de reformas a la Ley del Seguro Social, permitirá uniformar prácticas en el mercado al que se han colado firmas “patito” cimentadas con chicle.
El organismo ubica a unas 500 empresas bajo esa condición.
Sin embargo, lamenta que la ruta seguida hasta hoy no ataque de fondo la elusión y evasión de este tipo de firmas en materia de seguridad social.
La disparidad de opiniones se transparentó en una mesa de trabajo planteada en junio pasado por el IMSS, en la que la sorpresa la planteó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al manifestar su extrañamiento a la “virulencia” del Consejo Coordinador Empresarial y la Concamín contra la alternativa.
En el mismo plano, la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica planteó su adhesión al “espíritu” de la minuta, pero rechazando la posibilidad de la responsabilidad solidaria de las empresas beneficiarias del “outsourcing”, al no encuadrarse en los conceptos de “solidaridad pasiva” planteados en los artículos 1982 y 1984 del Código Civil Federal.
Ahora que, presentes sus representantes en la reunión, las centrales obreras CTM, CROM y CROC, además del Congreso del Trabajo, se manifestaron abiertamente a favor de la iniciativa, denunciando que hay evidencias de que hoteles en Quintana Roo, el Distrito Federal y Oaxaca emplean las prácticas sin vigilar que se cumplan los compromisos de ley en materia de seguridad social.
La información hablaba, además, de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), había ubicado a 455 contribuyentes que bajo el esquema del “outsourcing” habían evadido pagos por conceptos de reparto de utilidades, impuestos federales y locales, así como contribuciones a la seguridad social.
De acuerdo al organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, la evasión alcanza dos mil millones de pesos.
El escenario planteaba focos rojos en Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Puebla, Jalisco y el Distrito Federal.
Ante la presión, además, la Comisión de Seguridad Social del Senado convocó a un foro el 30 de julio pasado, al que concurrieron sólo representantes patronales, con énfasis en el Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros y la Concamín.
Por parte de la cúpula de cúpulas participó su director general, Luis Miguel Pando, quien advirtió que el incremento de costos del Instituto para las empresas ya instaladas en el país, podría representar su eventual salida de éste.
A su juicio el organismo no mejorará si no mejoran las empresas.
Además, advirtió que la regulación podía generar el alejamiento de las empresas formales y, paradójicamente, el crecimiento de las informales.
En su turno, la Concamín, representada por su presidente de la Comisión Fiscal, Mario Mejía Guizar, señaló que la reforma plantea obligaciones de carácter mensual para patrones, lo cual representa una serie de controles excesivos.
En el abanico participó también el IMSS, representado por el titular de la Unidad de Enlace, Mony De Swann, quien planteó la necesidad de que en la discusión participaran los sindicatos, además de negar que se convierta en una carga administrativa la obligación de las empresas de ofrecer los datos de los trabajadores contratados por la vía del “outsourcing”.
A su juicio, además, la responsabilidad solidaria ya está establecida en la Ley Federal del Trabajo.
El jaloneo, pues, va estar bueno.
Balance General
Finalmente la Comisión Federal de Competencia logró imponer su criterio: el ganador de la licitación para el proyecto Punta Colonet será el que ofrezca la mayor posibilidad de atraque de buques de carga y el mayor espacio para el desplazamiento de contenedores… a la par de la menor tarifa. La convocatoria para el otorgamiento de los contratos de la magna obra, ubicada como la más importante del actual sexenio, incluido un puerto de altura, una terminal de carga y una red ferroviaria, se publicó ayer, finalmente, en el Diario Oficial. La intención original de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante el sexenio pasado era entregar sin más los contratos a una firma multinacional, quien aprovechó la coyuntura para especular con la compra de extensos terrenos.
Pasividad de Pemex
Pues ahora resulta que a un mes de emitirse una resolución judicial a favor de la firma de aceites y lubricantes Bardahl para permitir su comercialización en la red de gasolineras del país a soslayo de la exclusividad otorgada olímpicamente a Mexicana de Lubricantes, éstos no han llegado a los anaqueles.
La razón es simple: Hete aquí que el gerente de ventas a Estaciones de Servicio de Petróleos Mexicanos, Juan López Huesca, se niega a validar el mandato, pese al reclamo de los concesionarios.
El desacato, pues, está corriendo.
Lo inaudito del caso ante la pasividad de la paraestatal, es que ésta mantiene desde hace años una demanda contra Mexicana de Lubricantes, de la que es socio minoritario, ante su negativa a exhibir sus estados financieros, en un escenario en que la acumulación de tres años de pérdidas implicaría la cancelación de la sociedad.
Estertores de Napo
En la antesala de la expedición de una nueva orden de aprehensión en su contra por supuestas violaciones a la Ley Federal de Sociedades de Crédito al cancelar un fideicomiso sin haberse cubierto los fines para los que fue creado, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia realizó ayer otra travesura.
El sindicato paralizó una hora un conjunto de minas ubicadas en Zacatecas, Durango y Guanajuato, según ello en protesta por la política antisindical del actual gobierno.
La amenaza es llegar a un paro indefinido.
Se diría, pues, que Gómez Urrutia quiere demostrar músculo… ¿para intimidar a la autoridad judicial?
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