Fue el INAH
Denunciada aquí hace unos días la pretensión de confeccionarle un traje a la medida a la francesa Alstom para revivir los tranvías, ahora resulta que el sastre resultó ser el Instituto Nacional de Antropología e Historia
La manzana de la discordia se ubica en la exigencia de desechar el sistema tradicional de catenarias, llamado Rail Rapid Transit, es decir, alimentación eléctrica por cables tendidos vía trolley, por el de pilas instaladas en una vía alterna que corre al centro del las paralelas, alimentándose la máquina a ras de suelo.
El problema es que la tecnología es exclusiva de Alstom, al margen que su implementación resulta 40 por ciento más costosa.
Y el problema, más allá, es que ésta ha resultado desastrosa en las ciudades francesas en que se ha utilizado, es decir, Burdeos y Rennes, al frenarse el tráfico por condiciones meteorológicas extremas, digamos la nieve y la intensidad del calor en verano.
Dicho con todas las letras, si las heladas cuajan de sal las vías, y las cajas de electricidad se llenan de agua salobre, el calor provoca que se derritan muchos de sus materiales.
De hecho, la primera de las ciudades de debió sustituir la alternativa por la tradicional, ante la presión de los usuarios.
En nuestro país el riesgo sería mayor ante la posibilidad de encharcamientos provocados por el taponamiento de las atarjeas.
La posibilidad de colapso, pues, estaría latente.
El caso es que la exigencia proviene del Instituto Nacional de Antropología e Historia, bajo el argumento que el cableado restaría la visibilidad de edificios históricos considerados parte del patrimonio nacional.
De hecho, en un oficio dirigido por el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del organismo, Agustín Salgado Aguilar, al director general del Servicio de Transportes Eléctrico del Distrito Federal, Rufino H. León Tovar, se plantea letra por letra el he-dicho:
“Insistimos en la pertinencia de alimentar la corriente del tranvía por una línea subterránea para sustituir a las catenarias en la zona de los monumentos históricos…”
El oficio, con número 401-396-260, se fechó el 16 de julio pasado.
Previamente, el propio funcionario del INAH le había enviado otro oficio al subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, en el que señalaba a la letra que dentro del perímetro del Centro Histórico la alimentación de energía del tranvía será por tracción alterna, es decir, los tres rieles ahogados en el pavimento, quedando prohibida la colocación de postes y cableado aéreo.
El oficio número 401-396-107, en este caso, está fechado el 14 de mayo.
La paradoja del caso es que el organismo ha modificado en varias ocasiones la ruta prevista, desechándose, por ejemplo, la posibilidad del paso del tranvía por la calle de Madero, en afán de no afectar la Casa de los Azulejos, el Convento de San Francisco, el Palacio de Iturbide y la iglesia de La Profesa.
Más allá, se aceptó la sugerencia de eludir la calle de Justo Sierra para evitar el Templo Mayor, además de vincular la ruta al Museo de la Luz, es decir, la iglesia del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, el Mercado “Abelardo Rodríguez”, el Palacio de la Inquisición y la Plaza de Santo Domingo.
El caso es que el esquema, al margen de la estética, deja fuera de la jugada a firmas como la japonesa Mitsubishi, la española CAF, la alemana Siemens o la franco-canadiense Bombardier, quienes pegaron ya el grito en el cielo.
La inversión prevista por el gobierno capitalino para lo que ubica como detonante del desarrollo económico y elevación de la calidad de vida de la zona, sería de mil 800 millones de pesos.
De acuerdo al proyecto original, el sistema de alimentación del tranvía sería mixto, es decir, utilizando catenarias para cruzar de la Estación de Buenavista a la Avenida Hidalgo, para llevar los tres rieles a lo largo del Centro Histórico, recuperando el esquema en Avenida Juárez.
La ruta cruzaría por el oriente la calle Jesús María hasta Izazaga, para llegar a Pino Suárez y dar vuelta en 16 de septiembre.
El volado está en el aire.
Balance General
La noticia es que Teléfonos de México interpuso una denuncia ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones por prácticas ilegales de la competencia para impedir el libre juego de la posibilidad de portabilidad, es decir, el derecho del usuario de cambiar de proveedor manteniendo su número telefónico.
El abanico habla de argüir la existencia de contratos con vigencia forzada de un año, pago de penalidades, ocultamiento de líneas a través de números virtuales o emisión de facturas incompletas para evitar que el cliente compruebe si tiene o no adeudos.
Estamos hablando, pues, de una carrera de obstáculos.
La querella de la firma de Carlos Slim apunta de lleno a empresas como Maxcom, Axtel y Megacable.
La primera está imponiendo a sus usuarios en vías de mudanza una multa de tres mil pesos.
La segunda utiliza la estratagema de crear números virtuales duplicando el real que tienen sus clientes, lo que vuelve misión imposible ubicar las líneas que quieren ser portadas.
La tercera, por su parte, exige fidelidad en plazos forzosos, amenazando con cobrar el total de las rentas a los que no quieren seguir, además de registrar el número como baja, lo que anula la posibilidad de portabilidad. Como lee usted, la guerra está desatada.
Primer disparo
El primer disparo a la cabeza del ex subsecretario de Comunicaciones, Rafael Del Villar, hoy flamante integrante del pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo lanzó el miércoles pasado el senador del Verde Ecologista Arturo Escobar y Vega, al acusarlo de conflicto de interés.
El señalamiento se había realizado desde marzo pasado, apuntando a una modificación unilateral del funcionario al Programa sobre Bandas de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico para usos Determinados, abriendo la exigencia de licitación de éstas, pese a ser un recurso limitado.
De acuerdo al legislador, el ex subsecretario rebasó sus funciones con la medida, asumiendo tareas de la Cofetel.
Además, se le acusa de provocar un uso ineficiente del espectro, al no respetar las señales transmisoras los límites geográficos de un municipio o delegación, además de obstaculizar la entrada de nuevos competidores al mercado.
¡Pácatelas!
Atenazan a ‘Napo’
Como le anticipábamos hace unos días, la jueza primera de Distrito en Recursos Penales Federales del Reclusorio Oriente, Silvia Carrasco Corona, emitió ayer una orden de aprehensión contra el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia, que se suma a las tres existentes.
Estamos hablando, pues, de un nuevo cargo contra el dirigente minero por delitos de cuello blanco o financieros.
La acusación concreta habla de violaciones al artículo 113 bis de la Ley de Sociedades de Crédito, al haber traspasado el remanente de un fideicomiso radicado en el Scotiabank, sin que se hayan cubierto los fines para los que fue creado.
La penalidad es de tres a 10 años, sin derechos a fianza.
El dinero se traspasó a diversas cuentas del sindicato, para de ahí caminar hacia las personales.
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