Primero disparo…
Está en vías de llegar al Congreso una iniciativa de ley en cuyo eje se agiliza la extinción de dominio de propiedades involucradas en ilícitos
Al grito de primero disparo y luego viriguo, está en vías de llegar al Congreso una iniciativa de ley en cuyo eje se agiliza la extinción de dominio de propiedades involucradas en ilícitos.
Confeccionado por el gobierno federal, pero corregido por un grupo de panistas, el anteproyecto planea reglamentar el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución.
La intención es simple: colocar un jaque más rígido a la delincuencia organizada frente a ilícitos como tráfico de drogas, secuestros, robo de vehículos o trata de personas.
Bajo la legislación actual, aunque la instalación de casas de seguridad, bienes producto de lavado de dinero, cuentas o dinero en efectivo, además de joyas, escrituras y facturas de artículos muebles, es automático, la autoridad no puede traspasarlos a un tercero hasta en tanto se haya agotado el proceso judicial contra los presuntos infractores, lo que en el escenario del país se agota en años.
Los bienes, de acuerdo con el procedimiento previsto, son colocados en subasta pública por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, conocido como SAE.
Bajo el nuevo marco, pues, el proceso será mucho más expedito, lo que en el papel le daría más oportunidad a las víctimas de un secuestro de recuperar sus bienes o valores.
En la coyuntura de la indignación popular por el desbordamiento de la delincuencia, pues, el aplauso podría ser unánime.
El temor, sin embargo, es que el escenario se preste para abusos en un país donde los policías siembran “pruebas” y las consignaciones se realizan con criterios discrecionales, en un marco donde la podredumbre alcanza a ministerios públicos, jueces y magistrados.
De pronto, pues, cualquier ciudadano podría perder su casa, su automóvil, sus terrenos, por una simple denuncia de mala fe… en cuyo escenario se decretaría casi simultánea la extinción de dominio.
Haga de cuenta que se revivió el fantasma de la posibilidad de que la policía invadiera una casa sin orden judicial alguna, simplemente porque al vecino de al lado se le ocurrió la travesura de hacer una denuncia anónima.
Por lo pronto, el camino está lleno de abrojos.
¿Se acuerda usted que el notario a quien el ex presidente Vicente Fox tenía destinado el cargo de Procurador General de la República se paseaba en un automóvil de lujo confiscado a un presunto narcotraficante?
¿Se acuerda que el oficial mayor de la propia dependencia, durante el primer año del gobierno foxista se pegó un tiro en la sien ante la posibilidad de ser investigado por malversar los bienes involucrados en presuntos ilícitos bajo su cargo?
De hecho, el escándalo obligó a quitarle la facultad a la PGR para entregársela a una unidad integrada a la Secretaría de Hacienda, que se extinguiría al pasar la estafeta al SAE, que en el nuevo marco dejó de ser sólo la custodia de los bienes propiedad de sociedades financieras oficiales en extinción… o en problemas.
Estamos hablando del Fideicomiso Liquidador de Instituciones Financieras, al que se reconocía por sus siglas como Fidelic.
El anteproyecto para una Ley Federal de Extinción de Dominio en vías de llegar al Congreso consta de 50 artículos, divididos en siete capítulos, señalando en su artículo noveno el alcance de su entorno.
A la letra, se asienta que la extinción de dominio procederá cuando existan elementos suficientes para determinar que sucedieron los hechos que constituyen los delitos federales de delincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos o trata de personas.
Los “elementos suficientes” se alcanzan aún sin agotarse el proceso contra los supuestos delincuentes.
En el artículo 11, además, se señala que en caso de haber una contradicción entre una o más sentencias, “prevalecerá la que se dicte en el procedimientos de extinción de dominio”.
Además, se estipula que en caso de que exista una sentencia en alguna causa ajena a la de extinción de dominio que determine el decomiso, “la devolución de los bienes o el pago de dinero y perjuicio o algún otro resarcimiento lo deberá ejecutar el Servicio de Administración y Ejecución de Bienes”.
El avalúo, ¡válgame Dios!, lo realizará el Ministerio Público… con cargo al presupuesto de la Procuraduría General de la República.
El escándalo va ser gigante.
Balance General
Pues ahora resulta que Pemex Refinación interpuso un recurso de queja ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el Estado de Jalisco, inconforme con la resolución que le abre el camino a la empresa de aceites y lubricantes Bardhal de México para comercializar sus productos en la red de gasolineras del país.
Como usted sabe, los anaqueles sólo podían exhibir productos de Mexicana de Lubricantes.
Lo inaudito del caso en la protección que le ofrece la paraestatal a la firma es que ésta le ha provocado multimillonarias pérdidas en su carácter de socio minoritario, a cuyo impacto la mantiene demandada.
¿Será que la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha?
‘Napo’ en el callejón
Constituida como eje, sustento, de la acusación por delitos financieros federales contra Napoleón Gómez Urrutia, la investigación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público documenta una cantidad impresionante de operaciones ordenadas por éste para desviar el remanente de los 55 millones de dólares a prorratearse entre los trabajadores de Mexicana de Cobre y Minera de Cananea.
De entrada, se ubica una operación de compra de dólares por un inaudito global de 22 millones 500 mil, realizada el 15 de julio de 2005, es decir, a cuatro meses de que los recursos a resguardo de un fideicomiso del Scotiabank fueran depositados en una cuenta de BBVA-Bancomer.
La intermediaria fue Consultora Internacional Casa de Cambio, vía una sucursal ubicada en la calle de Vértiz, a unas cuadras de la sede central del sindicato.
Los recursos se transfirieron, entre otros, a una cuenta por tarjeta de crédito de American Express que mantenía Alejandro Gómez Casso, hijo de Gómez Urrutia.
En total se realizan seis movimientos, cuyo monto osciló entre 258 y 10 mil 574 dólares.
Premio Tlacaélel
El 25 del mes que corre en el auditorio Antonio Ortiz Mena de Nacional Financiera se entregará el tradicional Premio Tlacaélel de Consultoría Económica que ofrece Consultores Internacionales.
Al evento acuden los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens, y de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, con la novedad de que el primero ganó el codiciado galardón por su tesis como licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la segunda trabajó en la empresa otorgante que encabeza Julio Millán.
En el largo camino de 30 años del galardón se ha premiado a una cantidad impresionante de estudiantes que hoy son figuras relevantes en el ámbito público o privado.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
