¡Aguas!
Hace unos días, en atención a un supuesto reclamo ciudadano inocente, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) emitió una resolución que involuntariamente colocaba en grave peligro a una familia
El reclamo le exigía al Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) transparentar el destino de una casa-habitación que había sido incautada por integrar los activos de una banda delictiva involucrada en el narcotráfico.
Los ocupantes habían recibido previamente amenazas anónimas por correo.
Se diría, pues, que se les quería colocar en el centro del blanco. El IFAI retiró su exigencia. De acuerdo al esquema con vigor, una vez que se incauta un bien mueble o inmueble involucrado en algún ilícito, éste pasa a la custodia del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda, mientras se agota el proceso.
De resultar condenados los delincuentes, es decir, pasar de presuntos a culpables, los bienes son sometidos a subasta pública para su enajenación, cuyo producto, de acuerdo al monto, se prorratean entre las víctimas, digo en el caso de un secuestro, la Procuraduría General de la República y el Sector Salud.
En el intermedio, para evitar su deterioro, el SAE alquila baratas las casas y en su caso remata los bienes muebles, resguardando las facturas en espera del punto final, que a veces llega en tres o cuatro años.
El problema es que en el 80 por ciento de los casos, sea por errores en la consignación, sea por el uso de prestanombres, sea porque las casas eran alquiladas o por cualquiera de las mil chicanas que fluyen en los procesos judiciales, los bienes regresan a sus propietarios originales… a quienes se les entrega, en su caso, el producto de la venta de los menajes.
El procedimiento, como le comentábamos ayer, se agilizaría de darle el sí el Congreso de la Unión a una Ley de Extinción de Dominio que reglamentaría el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución.
De acuerdo al artículo 10 de éste, los bienes que llegarían a la posibilidad de remate por parte del SAE sin que se agote el proceso contra los delincuentes, serían aquellos que sean instrumentos, objeto o producto de un delito; que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; que sean utilizados por terceros para delinquir sin que el dueño lo haya notificado a la autoridad o hiciera algo para impedirlo, o que estén a nombre de terceros pero existan elementos para determinar que son producto de delincuencia organizada y de delitos patrimoniales, y el acusado de estos delitos se ostente o comporte como dueño.
A la letra, el propio artículo del anteproyecto señala que “la extinción de dominio procederá aún cuando no se haya dictado la sentencia que determina la responsabilidad penal”.
El problema es que la prisa por hacer justicia, en un escenario en que los resultados rápidos parecen ser el antídoto contra la crítica social y la incapacidad gubernamental, podría provocar abusos sin fin, en un horizonte en que la línea de la justicia está podrida.
¿Qué pasará, por ejemplo, si al término de un proceso resulta que el acusado es inocente y se ordena la restitución de sus bienes?
¿Aceptará dócilmente las razones del SAE sobre el precio pactado para el remate, dado el enorme grado de dificultad para lograr un avalúo adecuado tras la cauda del escándalo?
De hecho, con todo y que el delincuente Daniel Arizmendi, conocido como el Mochaorejas, fue sentenciado, hete aquí que uno de los bienes incautados, es decir, una residencia ubicada en Cuernavaca, está aún en litigio.
Desde otro ángulo, los abogados del supuesto narcotraficante chino nacionalizado mexicano, Shen Li Ye Gon, amenazan con demandar al gobierno por haber dispuesto de los millones de dólares que estaban en una casa de Las Lomas de Chapultepec, sin que éste haya sido sentenciado.
Por lo pronto, el artículo 11 del anteproyecto señala que el procedimiento de extinción de dominio es autónomo del de la materia penal, otorgándose la facultad al ministerio público de iniciarlo y al juez de consolidarlo.
Más aún, los juicios de amparo que pueden promover los presuntos delincuentes indiciados no serán vinculatorios en los procesos de extinción de dominio. Te podrías salvar de la cárcel, no de la pérdida de los bienes.
¡Aguas!
Balance General
Le comentábamos hace unos días que se estaba haciendo larga la cola de empresas que aguardaban el desenlace del caso Mexicana de Aviación para plantear ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica.
Bien, pues a Aeroméxico le ganó la impaciencia.
El recurso previsto en la Ley Federal del Trabajo para firmas que ven en peligro su sobreviviencia ante el peso del las cláusulas del contrato colectivo de trabajo, se presentó ayer.
Y, como en el caso de Mexicana, la firma aérea que encabeza José Luis Barraza apunta directo hacia sus sobrecargos.
La exposición de motivos señala que durante dos años éstas no han llegado a un ni-tú-ni-yo que permita la viabilidad de la firma, lo que sí pudo lograrse con pilotos y personal de tierra.
Como usted sabe, la Asociación de Sobrecargos de Aviación perdió el litigio con Mexicana, recurriendo al amparo contra la resolución, cuya definitividad o rechazo lo decidirá en los próximos días una sala de la Suprema Corte de Justicia.
El agarrón será de novela.
Sale AHMSA
Quien está a punto de abandonar la suspensión de pagos en que se sumergió hace ya una década es la firma siderúrgica Altos Hornos de México, que encabeza Alonso Ancira Elizondo.
La posibilidad incluye también a su matriz, el Grupo Acerero del Norte, que encabeza a su vez Xavier Autrey.
De hecho, cuatro de sus filiales han hecho lo propio en las últimas semanas.
El milagro, que reclama aún la firma de los acreedores bancarios, lo logró la instrumentación del llamado Proyecto Fénix, que plantea un incremento en la producción de 40 por ciento en la coyuntura de los altos precios del acero, en un escenario que combina el otorgamiento de estímulos a los trabajadores con la capitalización de la firma.
A su ingreso a la alternativa que permitía la desaparecida Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, Altos Hornos de México arrastraba una deuda global de dos mil 800 millones de dólares.
Gasolina al fuego
Aunque la estrategia habla de disfrazar los golpes con centavitos (que tanto es tantito), lo cierto es que en lo que va del año el aumento en la gasolina Magna, la más reclamada por los usuarios, alcanza un porcentaje superior al cinco por ciento, lo que explica la burbuja inflacionaria.
Si al inicio del año costaba 7.01 pesos el litro, a partir de ayer se ubica en 7.38, es decir ha subido 37 centavos. Ahora que la Premium ha pasado en el mismo lapso de 8.73 a 9.21, con un salto de 48 centavos, es decir, seis por ciento. El diesel, por su parte, caminó de 5.38 a 6.58, es decir, un peso 20 centavos, o si lo prefiere 23 por ciento.
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