No… pero sí
En lo que pareciera su última carta en la recta final de la discusión en torno a la posibilidad de una reforma petrolera, la cúpula empresarial plantea un panorama en que Pemex estaría de espaldas al callejón
Y aunque la salida no le apuesta de lleno a la privatización, las veredas apuntan hacia ella: alianza con empresas extranjeras para exploración y explotación en aguas profundas; aceptar la propuesta de “contratos incentivados” que plantea el gobierno; ampliar la participación empresarial en comercialización, transporte, distribución y almacenamiento de productos refinados y petroquímicos.
Además, permitir al sector privado invertir en refinerías y “liberalizar” el comercio internacional de productos petrolíferos.
No, pues, pero sí.
De acuerdo a la óptica del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, los contratos incentivados sí se inscriben en el marco constitucional, al plantearse el riesgo de cara al inversionista, quien de realizar una tarea exitosa recuperaría sus costos, incluida lo que califica de “utilidad razonable”… más una remuneración especial.
La producción quedaría en manos del Estado.
En el caso de la refinación, se señala que no tiene ningún sentido económico que Pemex invierta recursos en actividades costosas, intensivas en capital y de poca rentabilidad.
En el horizonte se plantea que México sólo cuenta con seis refinerías, la más nueva con 25 años de antigüedad, operando la mayoría con números rojos.
La capacidad de refinación se ha mantenido casi intacta desde hace una década. Si en 1997 se transformaban mil 449 barriles diarios de petróleo en gasolinas, en 2007 se llegó a mil 403… frente a los 17 mil 598 de Japón; dos mil 983 de India, o dos mil 668 de Corea del Sur… por más que Brasil sólo llega a mil 311.
Así, naturalmente, la importación de gasolinas se ha disparado: si en 2003 el monto era de 54 mil 500 barriles diarios, este año se llegó a 392 mil 500.
De acuerdo a la cúpula empresarial, además, la infraestructura de oleoductos, poliductos, buques-tanque, transporte terrestre, terminales e incluso gasoductos de Pemex, es “insuficiente ineficiente y de alta vulnerabilidad”.
Es urgente, pues, la inversión privada… que se lamenta no está incluida ni en la iniciativa del gobierno federal ni en la del PRI.
La participación empresarial, según ello, solucionaría los graves problemas de abasto, calidad… y corrupción.
Y aunque se acusa a la empresa de ocupar casi el doble de personal frente a firmas con Exxo o Petróleos de Brasil, superando además a Shell, con una productividad por trabajador de sólo 30 barriles diarios, frente a los 50 de la primera, los 35 de la segunda o los 34 de la tercera, se reclama atenuar su elevada carga fiscal, a la que se califica de “recaudatoria, compleja y burocrática”.
La tajada que le entrega la paraestatal al fisco equivalió el año pasado a 35.4 por ciento de la recaudación total.
En paralelo, se plantea hacer más laxa la espesa regulación a la empresa pública, provocando ineficiencia operativa y pérdidas.
El Consejo Coordinador Empresarial califica de grave omisión en las iniciativas oficial y priísta el no replantearse la relación con el sindicato.
De entrada, por ejemplo, se exige reformar el sistema de pensiones, en un escenario en que el pasivo laboral de la empresa representó 30 por ciento de la nómina de los trabajadores activos, y más de cinco por ciento del Producto Interno Bruto.
Estamos hablando de 582 mil 200 millones de pesos.
Con 67 mil 16 jubilados hasta el año pasado, Pemex pagaba una nómina paralela de 16 mil 748 millones de pesos.
La sorpresa es que la cúpula empresarial coincide con la propuesta del PRD de reducir a sólo un asiento la representación del sindicato petrolero en el Consejo de Administración de la paraestatal. Éste lo integrarían, además, cinco profesionales y cinco funcionarios públicos, presidiéndolo alguno de los primeros “en representación de todos los mexicanos”.
La última carta de los cúpulos.
Balance general
La noticia es que la Cámara de Diputados le dio trámite a una denuncia del diputado perredista Juan N. Guerra contra el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al que acusa de favorecer a los accionistas de Banamex en la operación por medio de la cual el Citigroup de Estados Unidos lo engulló.
El monto de la compra, lo recordará usted, fue de 12 mil 500 millones de dólares, parte de los cuales se pagó en efectivo y parte en acciones de la nueva matriz.
La operación se cruzó en el piso de remates de la Bolsa Mexicana de Valores, lo que impidió cobrar el Impuesto sobre la Renta.
El regalo para Banamex fue de tres mil 500 millones de dólares.
Como recordará usted, en la fase previa a su nombramiento como secretario de Hacienda, Gil Díaz trabajó como director general de la empresa de telefonía Avantel, subsidiaria de Banamex.
La defensa de éste frente a las acusaciones apuntaba a que en su momento se había excusado de participar en el asunto, ante la posibilidad de enfrentar un conflicto de interés.
Sin embargo, los perredistas juran tener una prueba de que el ex funcionario avaló con su firma la exención.
Pial a Mexicana
En el insólito de la temporada, Mexicana de Aviación logró un amparo que en el terreno práctico anula el emplazamiento de huelga colocado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación.
Este apuntaba como plazo fatal a la medianoche del 15 de septiembre.
Desechados por la propia autoridad laboral dos emplazamientos previos por revisión contractual, argumentándose la existencia de un amparo en curso contra una resolución que ordenó el desmantelamiento del contrato colectivo, se planteó hace días un tercero, apuntando éste a violaciones al mismo.
También Televisa
Como se había cantado, la Suprema Corte de Justicia le negó a Televisa, como antes a Cementos Mexicanos, la posibilidad de un amparo contra un impuesto especial que implantó la Secretaría de Hacienda para firmas que realicen inversiones en paraísos fiscales.
De acuerdo a la resolución aprobada por mayoría, el tributo no viola las garantías constitucionales de legalidad, doble tributación, proporcionalidad tributaria y seguridad jurídica.
De haber obtenido la protección de la justicia las firmas tendrían derecho a una millonaria devolución del impuesto.
Golpazo a Quijano
Acusado de difamación y calumnias por Televisión Azteca, Javier Quijano Baz, el ex abogado de Javier Moreno Valle en la época en que fungía como socio mayoritario de la firma concesionaria del Canal 40 de la televisión abierta, fue condenado a un pago pecuniario de 120 mil pesos a la agraviada, además de ordenar la publicación de un extracto de la sentencia condenatoria.
Esta la emitió el juez 46 de lo Civil.
La resolución habla de haberle causado un daño moral a la televisora al acusarla sin fundamento alguno de actos de corrupción hacia autoridades judiciales.
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