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ALBERTO BARrANCO

Sí... pero no

Aunque será hasta el fin de semana cuando el juez de la causa, Andrew S. Hanon, clarifique el alcance real de su fallo, lo cierto es que la condena al Grupo México por el caso Asarco (American Smelting and Refining), apunta al clásico sí… pero no.

Dicho con todas las letras, la firma encabezada por Germán Larrea Mota Velasco sí perjudicó a los accionistas minoritarios de la compañía con sede en Texas, pero no cometió fraude.

Más aún, se rechazaron los cargos de conspiración y en consecuencia los reclamos de daño punitivo.

De acuerdo a la contraparte, el juez de la Corte Federal del Distrito de Brownsville, Texas, sí había tipificado el delito, con lo que se podría sentenciar a la compañía mexicana a cubrir una indemnización que podría llegar al inaudito de ocho mil millones de dólares.

De hecho, en el marco del duelo a muerte entre el presidente de la compañía y el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, el poderoso sindicato de trabajadores acereros de Estados Unidos, Steelworkers, aliado de éste, había festinado el asunto a ritmo de fanfarrias.

La información hecha pública los primeros días de septiembre hablaba a la letra de que “en un fallo de 190 páginas emitido después de un juicio de cuatro semanas, el juez Andreww S. Hanon determinó que el Grupo México despojó intencionalmente a Asarco de su activo más valioso cuando la empresa era insolvente, engañando a integrantes independientes del Consejo de Administración de la firma”.

La manzana de la discordia, para entendernos, fue la venta de un paquete mayoritario que tenía la firma ubicada en los Estados Unidos de una compañía productora de cobre de Perú, a la que posteriormente se le asignaría la razón social Southern Perú Cooper.

El porcentaje de 54 por ciento lo adquirió el propio Grupo México en el 2003 por un monto de 722.8 millones de dólares, lo que a juicio de los demandantes no correspondía al real.

La valuación de mercado ubicaba el precio entre 811.4 y 853 millones de dólares, por más que los reclamantes hablaban de un menoscabo de 500 millones de billetes verdes.

Más aún, se hablaba de que el Grupo México, en su condición de socio mayoritario de Asarco, no hizo esfuerzo alguno para ubicar posturas que ofrecieran un precio mayor al que planteaba su propia causa, en perjuicio del resto de los accionistas.

El caso es que dos años más tarde, en el 2005, acosada por la posibilidad de la imposición de multas por daños ambientales cuyo monto podría llegar a tres mil millones de dólares, la firma se declararía en quiebra, acogiéndose al capítulo XI de la ley en la materia.

Sin embargo, de acuerdo al fallo preliminar del juez Hanon, la firma de Larrea no actuó con malicia, lo que deshecha los cargos de fraude, injusticia o inequidad.

Ahora que, colocada en posición de bancarrota, Asarco fue sujetada a la administración de una instancia tripartita integrada por el Grupo México, los socios minoritarios y el gobierno.

Esta resolvió por mayoría venderle la empresa a la compañía india Verdanda Resources en dos mil 600 millones de dólares, monto que superó al que a su vez había ofrecido el Grupo México.

El problema es que mientras éste ofrecía mantener una reserva de mil 700 millones de dólares para hacer frente a las multas por daños ambientales, la firma compradora no se hace cargo de éstas, por más que está en opción de cubrir pasivos de operación por 500 millones de dólares.

Así, el reto de la compañía mexicana en el pleito no era sólo evitar la posibilidad de pago de daños punitivos, sino justificar su conducta… para pelear la recuperación de la empresa, cuyos mayores activos son tres minas de cobre en Arizona.

El segundo round, pues, está por pelearse.

Por lo pronto, la bala le pasó rozando a Germán Larrea Mota Velasco.

Balance General

Fiel a su compromiso de proveer inversiones externas, el organismo promotor conocido como ProMéxico está a punto de lograr un campanazo: la compra de la empresa Calpuyes. El problema es que ésta se ubica en Uruguay.

Y el problema, además, es que la adquisición se realizará con capital mexicano. De aquí para allá, pues.

La firma es una de las más fuertes productoras de pollo de la nación sudamericana, cuyo valor agregado es que el maíz que consumen las aves se produce localmente, a diferencia de México que lo importamos en su mayoría. La competencia, pues, será desigual.La factoría instalada en un terreno de 10 mil metros cuadrados tiene una capacidad de faena de cuatro mil pollos por hora.

Respirito

Diez años después de su incautación al grupo constructor Tribasa de David Peñalosa al incumplir el pago de un préstamo, el Banco Nacional de Comercio Exterior logró vender dos carreteras de cuota ubicadas en Chile: Autopista del Aconcagua y Autopista de Itata.

El comprador fue la firma española Global Vía Infraestructura, cubriendo un monto de 553 millones de dólares.

En la pelea habían participado las empresas OHL, Abertis, Compañía de Concesiones Roderías y la Autopista del Pacífico.

Lo cierto es que pese a lo espectacular del monto, casi seis mil millones de pesos, éste no cubre a cabalidad el quebranito del banco de desarrollo en la larga espera del pago de un préstamo a una firma que apuntaba a la insolvencia.

En la sociedad con Tribasa participaba también Nacional Financiera, a quien se reembolsará parte de los recursos obtenidos.

Cargo por combustible

En consonancia con las líneas aéreas de bajo costo, la empresa de mensajería Estafeta está cobrando a sus clientes un cargo por combustible, por más que éste no refleja el impacto real del aumento de costos.

Como usted sabe, mientras el precio de la turbosina se ha incrementado en 55 por ciento, el del diesel lo ha hecho en 11 por ciento.

En la búsqueda del equilibrio, la firma dirigida por José Antonio Armendáriz ha realizado inversiones por 211 millones de pesos para modernizar tanto su flota aérea como la terrestre, justo para evitar consumo excesivo de combustible.

El nuevo cargo oscila entre dos y cinco por ciento.

Funtanet en líos

Acusada de invadir aéreas protegidas en la llamada zona Esmeralda del nororiente del Valle de México, la empresa inmobiliaria Impulsora Ecatepec, propiedad de Pablo y Ricardo Funtanet, enfrenta la ira de cinco mil familias que amenazan con una demanda colectiva.

La manzana de la discordia es la creación de un nuevo desarrollo para familias de alto potencial económico en la zona de Atizapan de Zaragoza.

De acuerdo a los colonos la posibilidad atenta contra los convenios firmados con el gobierno del Estado de México para un crecimiento ordenado.

Los Funtanet han realizado negocios en sociedad con el propietario del grupo Iusa, Carlos Peralta.

albertobach@yahoo.com.mx, barrancoalberto@prodigy.net.mx

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