Peor el remedio…
Cobijadas en la certeza de que el remedio resultó peor que la enfermedad, las principales empresas de telefonía celular le están apostando al veto presidencial contra la Ley que reglamenta el registro de los usuarios.
Como recordará usted, el ordenamiento, empujado por el senador priísta Mario López Valdés, fue aprobado por el Congreso con la intención de combatir los delitos de extorsión en que los aparatitos juegan un papel estelar.
El pataleo de las firmas habla de que no se les consultó a plenitud la medida, y de que ésta, a fin de cuentas, lejos de combatir a la delincuencia provocará su sofisticación.
La afirmación se sustenta en varios supuestos:
-Se propiciarán robos de celulares y, en ocasiones, para evitar que se reporte el robo, se secuestraría al dueño del aparato… mientras se utiliza a éste para llevar a cabo un delito de mayor cuantía.
-Se utilizarán teléfonos públicos para realizar los ilícitos.
-Se podrán hacer llamadas a través de Internet, aprovechando la tecnología IP ampliamente conocida.
-Se falsificarán documentos para avalar el registro.
Como usted sabe, el eje de la iniciativa apuntaba a tener ubicado a cada uno de los usuarios frente a la ola criminal desatada con apoyo de los aparatos, que desemboca en fraudes o extorsiones… la mayor de las veces practicados desde el interior de las cárceles.
A quién le importa si el uso de los teléfonos móviles está prohibido en éstas, o si supuestamente se han instalado cercos electrónicos para bloquear su uso… como se hace en la mayoría de templos protestantes de Estados Unidos.
El caso es que en la fase previa a la aprobación del ordenamiento, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información había advertido de exigencias para el registro de usuarios que en la práctica resultarían estériles.
De entrada, se aducía que la obligación de colocarse en el registro la huella digital del usuario tendría sentido sólo en la posibilidad de cotejarse en forma expedita… con la novedad de que México no cuenta con un banco.
Más aún, se aducía que si existiera éste con un perfil nacional, fácilmente se contratarían extranjeros para atender el registro con documentos falsos.
De hecho, se señalaba que es imposible acreditar la autenticidad del comprobante de domicilio.
Naturalmente, como sucede con el registro de armas, el titular del celular podría ser responsable de los delitos que se cometen al ser robado éste.
La alarma apuntaba también a que, de acuerdo a la legislación, los Procuradores podrían solicitar, sin formalidad al calce, la información relacionada a éstos… que podría caer en manos extrañas.
Habría, pues, fuga de información.
Más aún, se obliga a las compañías a resguardar y conservar las comunicaciones privadas por un año, lo que podría convertirlas en reos de delito, al vulnerarse las garantías de seguridad de los usuarios.
En apariencia, pues, la exigencia apuntaría a grabar las conversaciones privadas y resguardarlas. Sin embargo, los propios legisladores han señalado que la intención sería sólo conservar el registro de los números de llamadas entrantes y salientes.
La catarata señala también que es imposible establecer la obligación de los operadores respecto de la acreditación de personalidad de los usuarios cuando las contrataciones las realicen personas morales, y tampoco se puede contar con la ubicación digital del posicionamiento geográfico en las líneas en cada llamada.
De hecho, se planteaba que se ampliara de uno a dos años el plazo para que se regularice el registro… por más que en España se requirieron cuatro.
En síntesis, el ordenamiento es inaplicable.
La gran pregunta es si el presidente Felipe Calderón cederá al reclamo que lo colocaría en situación de choque contra el Congreso, cuyos integrantes gritarían que cuál lucha contra el crimen. El callejón, pues, está más que estrecho.
Balance General
Bajo la presión del ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, se está tratando de colocar como miembro independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a Juan José Suárez Coppel, quien fuera director de Finanzas de la paraestatal durante el sexenio pasado.
Lo de independiente, pues, sería sólo un decir.
Ahora que en el tapete, bajo la misma ruta, es decir ex funcionarios públicos o en activo, están también Francisco Barnés de Castro, Juan Antonio Bargés Mestre y Rogelio Gasca Neri.
Otra tomadura de pelo, pues.
MexLub en guerra
En alarde de prepotencia, la empresa Mexicana de Lubricantes que encabeza Salvador Martínez Garza está amenazando a las gasolineras con demandarlas si comercializan los productos de Bardahl, a contrapelo de la orden judicial que ordena desmantelar el monopolio.
Como usted sabe, por una graciosa concesión otorgada por Petróleos Mexicanos se le concedió a la empresa la exclusividad en la comercialización de aceites y lubricantes bajo sus marcas Akron y MexLub… por 20 años.
El caso es que, renuente durante años a aceptar requerimientos judiciales, finalmente la empresa pública cedió ante el peso de la resolución, autorizando el 12 de noviembre pasado la apertura en sus siete mil 800 puntos de venta.
Contacto en Guatemala
El escándalo estalló hace unos días en Guatemala al revelar el influyente diario Prensa Libre que el presidente de ese país, Álvaro Colom, utilizó un avión de la firma gasera mexicana Grupo Tomza, propiedad de Tomás y Enrique Zaragoza, para trasladarse a la reunión del Grupo de Río celebrada en Brasil.
La denuncia habla de frecuentes favores de la firma al Ejecutivo, quien de entrada le permite deducir los gastos que implica la operación de la nave.
La suspicacia se vuelve mayor si se considera que la empresa de Tomza en el país chapín, Tropigas, actúa prácticamente como monopolio, imponiendo arbitrariamente precios en perjuicio de los consumidores.
No a Rangel
De acuerdo a la óptica del Sindicato Nacional Único y Democrático de Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior, el nombramiento del ex presidente de Bancomer, Héctor Rangel Domene, como director general de éste y Nacional Financiera coloca nuevamente al Gobierno en la ilegalidad, dado que no se puede tener dos cachuchas en la función pública… por más que es evidente el propósito de desmantelamiento del primero.
Rangel, pues, continuará con la tarea de Mario Laborín de erosionar y desmantelar las tareas de la intermediaria de desarrollo, con énfasis en las de promoción.
El amago llega justo cuando se vuelve más urgente la presencia de los bancos de desarrollo como opción anticíclica.
albertobach@yahoo.com.mx
barrancoalberto@prodigy.net.mx
