Un juez suizo está ante la disyuntiva de devolver 130 millones de dólares al Gobierno de México, a Raúl o repartirlo entre los países que participaron en la investigación.
El juez suizo Paul Perraudin está ante el dilema de devolver al Gobierno de México, a Raúl Salinas de Gortari o repartir entre los países que participaron en la investigación de “lavado” de dinero de los 130 millones de dólares “congelados” en Berna, Ginebra y Zurich.
Tras 13 años de litigio Perraudin emitirá a corto plazo un fallo sobre una docena de cuentas bloqueadas por autoridades suizas a Salinas de Gortari y su esposa Paulina Castañón, que sin duda será controvertido para las partes involucradas.
En los escenarios analizados a lo largo del litigio aparece repartir entre los países que participan en la investigación de narcotráfico el dinero en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR), comprobará ese ilícito.
Otra es devolver a las arcas de la Nación mexicana, en el caso de que las autoridades mexicanas demostraran que el capital fue desviado de la “partida secreta” presidencial.
Pero, si el Gobierno de México no logra demostrar la procedencia ilícita de los fondos o confirma que el dinero es de procedencia legítima, Raúl Salinas de Gortari recuperará el dinero.
En 2002, Perraudin envió a México 300 carpetas con documentos, que supuestamente vinculan a militares mexicanos, elementos de la Policía y funcionarios del Gobierno del periodo 1988-1994, con bandas del narcotráfico.
Las acusaciones, según información dada a conocer en Suiza, se basaron también en las entrevistas que el juez realizó a testigos protegidos, algunos de ellos utilizados por la DEA, conocidos solamente por sus pseudónimos: Juan, Pedro, Héctor los cuales fueron traídos a Ginebra para declarar ante el juez.
“Se trata de antiguos cómplices de narcotraficantes que aceptaron testificar a condición de que su identidad fuera protegida.
“Los investigadores consideraron creíbles sus declaraciones, lo que indicaba que los fondos de Raúl Salinas eran tranferidos a Suiza provienen de la remuneración de los cárteles colombianos por la protección del tránsito de importantes cantidades de cocaína en territorio mexicano”.
Uno de los testigos clave, “Pedro” (al que se adjudica la identidad de Rafael Dueñas), a quien vincularon con supuestos nexos del narcotráfico, desapareció antes de tomar el avión a Ginebra.
Y su cadáver, mutilado y con rastros de tortura, fue encontrado cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, en noviembre de 2001.
Los abogados de Salinas de Gortari rechazaron las acusaciones de Perraudin, aludiendo que el dinero provenía de los amigos Raúl para un “fondo de inversión”.
Desde 2002, le correspondió a México continuar con la investigación ya que el dinero había sido originalmente depositado en efectivo en varias sucursales de bancos mexicanos.
En diciembre de 2007, José Luis Santiago Vasconcelos, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, firmó la petición oficial para la entrega de los fondos al Gobierno de México.
El fallo del juez Perraudin, dependerá de las pruebas que las autoridades mexicanas le concedan sobre el origen del dinero. Hoy por hoy, la pregunta sigue en el aire: ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?
