En qué consiste el Acuerdo Nacional por la Seguridad
El documento fue firmado por autoridades de los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la unión.
En su primer artículo el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se define como un mecanismo entre los tres poderes y los tres órdenes de gobierno que conforman el Estado Mexicano y los sectores privado y social, a fin de que cada uno desarrolle, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, acciones específicas en favor de la seguridad, la justicia y la legalidad, con objetivos comunes a corto, mediano y largo plazos.
Entre los firmantes del Acuerdo Nacional en el artículo quinto aparecen los gobiernos de las entidades federativas que a través de sus titulares se comprometen a alcanzar los objetivos como depuración y fortalecimiento de instituciones de seguridad, procuración de justicia y readaptación social, mediante la creación o fortalecimiento de un centro de evaluación y control de confianza certificado en su entidad en menos de un año.
El tiempo de ejecución para someter a exámenes al responsable, al primer nivel de mando, y a todos los integrantes de las unidades antisecuestro es de seis meses. En caso de no contar con un centro de control de confianza certificado el gobierno federal realizará los mismos.
También los estados se comprometen a perfeccionar los mecanismos de selección y capacitación de los elementos de las instituciones policiales y de procuración de justicia y de los propios mandos.
A su vez los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas se comprometen a incrementar y etiquetar la asignación de recursos para la operación y desarrollo de las instituciones policiales y de procuración de justicia, para optimizar el ejercicio de los recursos e infraestructura destinados a funciones de seguridad pública.
También se acordó replicar a nivel estatal el esquema federal de certificación de confianza de ministerios públicos y a condicionar la permanencia en instituciones de procuración, a su aprobación, esto en menos de un año.
Dentro del fortalecimiento de unidades especializadas en combate al secuestro, los gobernadores pactaron mecanismos de evaluación y control de confianza, para desarticular bandas dedicadas al secuestro y adscribir en seis meses un enlace permanente con la Unidad de Coordinación e Intercambio de Información Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.
Otros puntos relevantes son la propuesta para una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal en congruencia con la Ley General de del Sistema Nacional de Seguridad Pública que apruebe el Congreso de la Unión, la incorporación e implementación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México, además de actualizar las bases de datos de: vehículos, licencias de conducir, policías y ex- policías, reclusos, custodios, peritos, ministerios públicos, registro de armamento; el Informe Policial Homologado y generar mapas geodelictivos.
El Acuerdo Nacional también pide establecer indicadores de evaluación y seguimiento de las instituciones policiales y de procuración de justicia, coincidentes con la metodología de indicadores nacionales, con participación de instancias ciudadanas en un lapso de tres meses.
Para poner a la vista de la ciudadanía los resultados, los gobernadores deberán contar con un sistema de información pública sobre programas, acciones, resultados y ejercicio de recursos públicos en materia de seguridad pública y procuración de justicia, esto mediante una instancia concentradora de información, incluyendo mecanismos de observación ciudadana.
El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se firmó en la Ciudad de México el pasado 21 de agosto de 2008 e involucra a todos los sectores públicos y privados de México. Entre la participación de los medios de comunicación esta difundir los objetivos y estar al pendiente de sus cumplimientos.
Estrategia
A la par de los objetivos plantados a los gobernadores de los estados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad dirigido a las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia así como readaptación, se pide que se incorpore el componente social a la Estrategia de Seguridad.
Los titulares de los ejecutivos de las entidades federativas, se comprometen a colaborar con la Secretaría de Desarrollo Social, para cumplir con las metas anuales, así como para aplicar de manera oportuna los recursos federales y estatales al Programa de Rescate de Espacios Públicos en cada entidad federativa, que tiene como objetivo apoyar la rehabilitación de espacios públicos deteriorados, abandonados e inseguros en las zonas urbanas con mayor índice delictivo.
Asimismo, se comprometen a colaborar con la Secretaría de Educación Pública para cumplir las metas anuales, así como la aplicación oportuna de los recursos federales y estatales del Programa Escuela Segura.
Simultáneamente, se comprometen en coordinarse con la Secretaría de Salud para cumplir las metas anuales, así como la aplicación oportuna de los recursos federales y estatales del Programa Centros de Atención Primaria Nueva Vida, el cual atiende a personas con problemas de adicciones, todo esto antes de que termine el presente año.
