El próximo 10 de agosto el presidente de Bolivia, Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de nueve prefectos del país, someterán sus cargos a un referendo revocatorio. (Archivo)
Bolivia debe decidir entre afianzar su actual modelo que apunta al socialismo o apostar por un ‘fast track’ para deshacerse de la actual clase gobernante.
A unos días del referendo revocatorio, Bolivia enfrenta una encrucijada política entre afianzar su actual modelo que apunta al socialismo o apostar por un “fast track” (vía rápida) para deshacerse de la actual clase gobernante.
“El país no se está desmoronando”, aclaró el canciller boliviano David Choquehuanca al ser entrevistado en el marco de una reciente visita a Lima, pero dijo que hay sectores radicales interesados en echar abajo al Gobierno del presidente Evo Morales.
A pesar de las voces disidentes, el ministro boliviano de Relaciones Exteriores explicó que su país ha decidido llevar adelante un proceso de cambio, que representa Morales.
“El presidente Morales ha recibido un mandato como nunca. Como ningún presidente ha tenido un apoyo del 54 por ciento y está llevando adelante ese mandato que ha recibido del pueblo boliviano.
“Estamos en tiempo de grandes transformaciones”, añadió.
El jefe de la diplomacia boliviana recalcó que van a continuar por la senda del socialismo y aseguró que el presidente Morales tiene un amplio apoyo de la población, de los departamentos y “este proceso de cambio no tiene retroceso”.
El funcionario afirmó que hay intereses de grupos -que no identificó- que se han acostumbrado a vivir del Estado y ahora buscan desestabilizar al Gobierno de Morales.
“Hay en Bolivia grupos de poder que sin trabajar son dueños de grandes empresas, de medios de comunicación, de grandes extensiones de tierra que no aceptan este proceso de cambio”, precisó.
Choquehuanca consideró natural “esta reacción que tienen ellos (los potentados), porque nosotros vamos afectar estos intereses de unos cuantos”.
Los conflictos sociales se han empezado a multiplicar. La Central Obrera Boliviana, otrora aliada del presidente Morales, le ha quitado piso y lo ha devuelto a la realidad al exigirle, vía protestas, beneficios sociales.
El próximo 10 de agosto Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de nueve prefectos del país, someterán sus cargos a un referendo revocatorio: si ganan seguirán con sus mandatos, pero si pierden se irán a sus casas, por no haber podido cambiar las cosas.
Felipe Quispe Huanta, llamado el Mallku, que en aymara significa “Cóndor”, también pareció retirarle la confianza a Morales al deslizar una exigencia poco aceptable para un Gobierno: que reconozca que tiene nexos con la guerrilla colombiana.
Quispe Huanta criticó al Gobierno por desconocer a quienes fueron su soporte político y denunció la “impostura” de la Administración de Morales frente al tema de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).
A unos días del referendo revocatorio, su realización es aún incierta y aunque la Corte Nacional Electoral (CNE) ha dicho que ésta es viable, tendrá que responder a la solicitud de la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca de suspender la consulta.
Otras Cortes Departamentales, entre ellas la de Cochabamba, han decidido analizar si también seguirán el ejemplo de Chuquisaca y pedirán la postergación del evento electoral.
RECURSO DE AMPARO
Un escollo nuevo se ha presentado para esta consulta con el pedido del abogado Alex Bráñez, que a nombre de 15 ciudadanos de Cochabamba presentó un recurso de amparo para detener la consulta hasta que se enmienden todos los vicios de inconstitucionalidad.
El Tribunal Constitucional de Bolivia emitió el sábado una segunda orden para suspender el referendo revocatorio convocado para el próximo 10 de agosto, al responder a una demanda del prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa.
Los tropiezos para la consulta se afianzaron, cuando la magistrado suplente del Tribunal Constitucional, Silvia Salame, la única en funciones en ese órgano tras las sucesivas renuncias de sus cuatro otros colegas, aceptó un recurso de inconstitucionalidad y pidió la semana pasada dejar en suspenso el proceso, hasta que cinco miembros de su organismo se pronuncien.
El sábado la magistrada firmó un nuevo decreto parecido al emitido la semana pasada. Los decretos de Salame plantean que el referendo debe suspenderse hasta que el Tribunal Constitucional tenga otra vez quórum y pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de la consulta.
Por su parte, el presidente Morales dijo que el plebiscito, al que deberán acudir tres millones de votantes en Bolivia, “no será suspendido por ninguna razón”.
Conminó además a los líderes opositores a “acudir el próximo 10 de agosto y aceptar la voluntad del soberano”, aunque admitió que quienes se oponen al cambio “son las mismas familias, la misma oligarquía de antes, que temen perder sus privilegios”.
El jefe de Estado acusó a las instituciones que se oponen al referendo de ser “enemigos de la democracia y de responder a una estructura neoliberal”.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, reiteró que “no existe argumento jurídico, constitucional, ético o histórico para suspender la consulta popular”.
El vocal de la Corte Nacional Electoral, Jerónimo Pinheiro, consideró sin embargo “pertinente que este proceso se pueda suspender, ya que la Ley para la consulta que ha sido promulgada tiene muchas falencias (fallas)”.
Sondeo
El próximo 10 de agosto se realizará en Bolivia un referendo revocatorio.
El 59 por ciento de los bolivianos aprueba la gestión del presidente Evo Morales.
El sondeo fue realizado en las ciudades más importantes del país (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa
Cruz) por la empresa Ipsos Apoyo Opinión y Mercado.
Se entrevistaron a mil 002 personas entre el 19 y el 27 de julio pasados, con un margen de error de
3.1 por ciento, según la ficha técnica.
FUENTE: EFE
