“La huelga es un derecho constitucional,
pero no lo es perjudicar a otros ciudadanos”.
Alfredo Pérez Rubalcaba
He recibido muchos correos y llamadas telefónicas que me dicen que la violencia desatada en los bloqueos carreteros españoles es la prueba de que el presidente Calderón tiene razón en su decisión de no elevar el precio de los combustibles. “Es mejor dar un subsidio a las gasolinas –me señaló un radioescucha— que tener violencia en las calles y carreteras”.
Curiosamente, la lección que yo derivo de lo ocurrido tras la decisión del Gobierno español de usar la fuerza pública para levantar los bloqueos de carreteras y fronteras realizados por un grupo de transportistas es exactamente la contraria. A mi juicio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, ha actuado correctamente al aplicar una política realista en materia de precios de los combustibles, pero además ha demostrado las virtudes de mantener firmeza ante las presiones en el ejercicio del Gobierno.
Un grupo de alrededor de 76 mil camioneros empezó el lunes pasado una serie de bloqueos de carreteras y cruces de frontera en España. Pedían rebajas en el precio del combustible, el cual ha subido de manera muy importante pero no sólo en España sino en todo el mundo. Exigían también una tarifa mínima en los servicios de transporte, lo cual evitaría el libre juego del mercado.
Tras un intento de negociación, el Gobierno dio instrucciones para utilizar la fuerza pública. Desplegó 25 mil policías y guardias civiles en todo el país para liberar las carreteras y proteger a los transportistas que querían seguir trabajando, pero eran agredidos por sus compañeros. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, sentenció este pasado 11 de junio: “La huelga es un derecho constitucional, pero no lo es perjudicar a otros ciudadanos. Actuaremos con la máxima contundencia y firmeza contra quienes quieran perturbar la vida ciudadana y especialmente con los piquetes ilegales”.
El 11 de junio se registraron enfrentamientos entre policías y transportistas. Unos sesenta activistas fueron detenidos. Pero pronto empezaron a liberarse las carreteras, conforme los transportistas se dieron cuenta de que el Gobierno no se iba a echar para atrás.
Las lecciones que nos da el Gobierno español son varias. La más importante es que la Ley se aplica en España a pesar de las presiones de grupos de poder: las autoridades no están dispuestas a ceder ante chantajes o amenazas. Otra lección es que el Gobierno no otorgará subsidios dañinos en un momento en que el precio de los combustibles está subiendo. De hecho, desde hace décadas el Gobierno español, como otros de Europa, mantiene un fuerte impuesto a la gasolina y el diesel, los cuales tienen ahí un precio tres veces superior al de México. Una lección adicional es que el Gobierno no está dispuesto a permitir que los grupos de poder golpeen a terceros o violen sus derechos de tránsito en el curso de una protesta.
Comparemos la situación en España con lo que tantas veces vemos en México. Aquí cada vez que alguien hace un bloqueo, la Policía, en vez de defender los derechos de los ciudadanos, protege a los manifestantes. Por otra parte, basta con que un grupo saque a relucir machetes para que el Gobierno se repliegue en cualquier decisión.
Este pasado 10 de junio un pequeño grupo de mineros, unos 200 o 300, bloqueó el Periférico de la Ciudad de México en una protesta para exigir a la Secretaría de Trabajo la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Napoleón Gómez Urrutia (cosa que la secretaría no tiene la facultad de hacer) y el otorgamiento de la toma de nota al líder como secretario general del sindicato. Cuando los mineros empezaban a invadir los carriles centrales, un conductor trató de pasar con su vehículo; los manifestantes golpearon severamente al vehículo y al muchacho. La Policía, presente en el lugar, no trató siquiera de impedirlo. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, explicó que no se podía hacer nada porque se trataba de “un problema federal”.
No, a pesar de lo que me dicen, yo no considero que lo ocurrido en España sea una muestra de que en México el Gobierno no debe atreverse a fijar un precio real a los combustibles porque esto generaría protestas. Por el contrario, ratifica la importancia de tener un Gobierno con el valor de actuar con firmeza para hacer que se respete la Ley.
En México nuestros gobernantes tienen temor de ser firmes. Ninguno quiere enfrentar protestas aun cuando rebasen el marco de la Ley y perjudiquen a los ciudadanos. Esta actitud cobarde, lejos de garantizar la paz, ha hecho que cualquier grupo piense que tiene el derecho de tomar como rehén a la sociedad para exigir tratos preferenciales bajo la Ley.
CONTRATO DEL METRO
El contrato al consorcio formado por ICA, Alstom y Carso para construir una nueva línea del Metro capitalino, me dice un funcionario del D.F., es la mayor obra de infraestructura del actual sexenio. Esto es positivo, pero sorprende que una obra local ocupe este lugar de privilegio. México necesita muchas más obras de infraestructura para avanzar hacia una mayor competitividad y prosperidad. Por otra parte, a pesar de que el transporte es estratégico, nadie ha argumentado que la realización de la obra por un consorcio privado viole la soberanía nacional.
