Nadie sabe y nadie supo en realidad a cuánto ascendió el desvío de recursos en el Instituto Municipal de la Vivienda que le valió el puesto al funcionario a cargo en febrero de este año tras ser confirmadas las irregularidades por el propio Ayuntamiento que estimaba ascendían a 1 millón 300 mil pesos. Los funcionarios municipales responsables de dar seguimiento al caso no tienen información precisa sobre la auditoría ni avances de la misma.
El ex director del Instituto Municipal de la Vivienda, Rodolfo Borrego Vázquez, renunció en enero luego de que según Rebollo por lo menos 100 ciudadanos acudieron a las audiencias públicas quejándose porque no les llegaba su material mientras que en algunas comunidades una sola familia había recibido hasta 4 ó 5 paquetes de este material adquirido con recursos provenientes del Gobierno Federal, Ramo 33. Cada paquete incluía 12 bultos de cemento, 10 bultos de cal y una lata de pintura de 19 litros pero era repartido, según la propia autoridad, a conveniencia.
Cinco meses después de la denuncia pública no hay denuncia penal formal contra el ex funcionario cuando el alcalde Ricardo Rebollo había asegurado que le darían sólo 10 días hábiles para justificar lo que hubiera qué justificar. En comparación, cuando se trata de irregularidades en los municipios con respecto a la Cuenta Pública de todo un año la Ley estatal otorga únicamente 20 días hábiles a funcionarios para que justifiquen. El Municipio ha otorgado 5 meses al funcionario “mal portado”.
Además, recientemente el alcalde dijo que el Ayuntamiento esperaba la visita de un funcionario federal para que Contraloría le mostrara el resultado de la auditoría, un desvío que según el munícipe equivalía aproximadamente a 400 mil pesos ya que debía haber una revisión a detalle.
Sobre los resultados de dicha auditoría el síndico y presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Alberto Calderón Cigarroa, está desinformado. “Tengo informes por parte de Contraloría de que se hizo una auditoría minuciosa, todavía no me pasan el resultado, el alcalde hizo unas declaraciones por ahí ¿no?, el contralor me reporta que los números detallados los tendrá el lunes (7 de julio) de que hay desvió, pues sí lo hay”, dijo Calderón.
Contrariamente, el contralor Jesús Carlos Hernández Alfaro, quien en el mes de febrero dijo que tendría resultados de la auditoría en 8 días, confirmó 5 meses después que aún no los tiene y avisa que debido a sus múltiples ocupaciones no le será posible tenerlos por lo menos hasta agosto.
Fue el mes pasado cuando los beneficiarios del programa, víctimas del proceder del titular del Instituto Municipal de la Vivienda, acudieron a la Presidencia Municipal para cuestionar cuándo se les entregarán finalmente los apoyos que fueron desviados.
Lo que dice la Ley
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Durango establece:
Artículo 34.- Si de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas, que apruebe el Congreso, aparecieran irregularidades que permitan presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal y municipales y al patrimonio de las entidades, la Entidad procederá de inmediato a iniciar las investigaciones del caso y, al efecto, podrá requerir a los entes fiscalizables un informe de sus actuaciones.
Artículo 35.- En los casos previstos en el artículo anterior, los entes fiscalizables deberán rendir a la Entidad, en un plazo que no excederá de veinte días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento, un informe de sus actuaciones. Este plazo podrá ampliarse en no más de veinte días hábiles cuando, a juicio de la Entidad, medie causa justificada.
