Funcionarios del ICAI señalan que la nueva Ley no sólo cumple con los contenidos de la reforma al Artículo sexto constitucional sino que los sobrepasa y va más allá, a favor del acceso a la información y la transparencia.
Señalan que la nueva Ley contempla un capítulo de sanciones además de la protección de datos personales.
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) presentó la nueva Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila.
Manuel Gil Navarro, consejero presidente del ICAI, dijo que esta iniciativa no sólo cumple con los contenidos de la reforma al Artículo sexto constitucional sino que los sobrepasa y va más allá, a favor del acceso a la información y la transparencia, pues se hace más expedito el procedimiento para acceder a la información.
El funcionario destacó que la nueva Ley elimina el recurso de reconsideración, lo que permitirá a quienes no estén satisfechos con la respuesta a la solicitud que puedan acudir directamente al ICAI. Además, el recurso de impugnación podrá presentarse por Internet y el ciudadano no tendrá que entregar copia de nada porque todo el expediente estará en el sistema de InfoCoahuila y con un solo click podrá realizar el trámite.
Desde este primero de diciembre entró en vigor la nueva Ley, que establece que los sujetos obligados ahora tendrán que incluir mayor información pública mínima como los viáticos de los servidores públicos; los indicadores de gestión, para que los ciudadanos sepan cómo trabajan las entidades; y los contratos que la Administración celebre.
La nueva Ley contempla un capítulo de sanciones, que son las mismas que maneja la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que va desde el apercibimiento público, apercibimiento privado, amonestación, multa, suspensión, y hasta la inhabilitación del cargo.
Otro punto es la protección de datos personales, pues existe mucha información de los ciudadanos en poder del Gobierno que en ocasiones se utiliza con otros fines, por ejemplo, para cuestiones electorales, cuando esto no debe suceder. De este modo, se busca que el Gobierno recabe sólo los datos que sean estrictamente necesarios y que los utilice para lo que fueron recabados.
