Hoy hace cuatro meses que el Partido de la Revolución Democrática efectuó elecciones para decidir quién lo presidiría (y quién ocuparía la secretaría general). Todavía no se conoce el resultado. La causa de esta insólita situación es la multitud de irregularidades denunciadas por las planillas contendientes, no sólo las que tuvieron una vaga presencia en el proceso sino también las dos corrientes principales. De las ocho mil cuarenta y dos impugnaciones que está analizando la Comisión nacional de garantías, Izquierda Unida (que postuló a Alejandro Encinas a la presidencia partidaria) presentó poco más de 600 y Nueva Izquierda (cuyo candidato fue Jesús Ortega) poco más de 500.
Tampoco se han resuelto las quejas sobre la elección de delegados al Congreso, que también se efectuó el 16 de marzo. Por esa causa el consejo nacional perredista, reunido el sábado anterior, determinó aplazar dicho Congreso, previsto para fines de este mes. Se propuso que ocurra del 28 al 31 de agosto, en espera de que para entonces se hayan resuelto los recursos que cuestionan la elección de congresistas. Podría ocurrir, sin embargo, que el aplazamiento quede sin efectos porque el tribunal interior de ese partido, la Comisión de garantías, está considerando anular esa elección, como también estudia la anulación de la que protagonizaron Encinas y Ortega.
Ambos anticiparon su oposición a que eso ocurra. Para la corriente que impulsó a Encinas, la anulación premiaría a los tramposos del partido (como ya ocurrió, digo por mi parte, en 1999, cuando Amalia García tuvo que ser elegida dos veces). Ortega, por su parte, dijo que anular sería una decisión en su contra, porque él triunfó (su alegato también hace nueve años, contendiente principal que fue entonces de la hoy gobernadora de Zacatecas).
Las dos corrientes acudirían a la justicia electoral federal en caso de anulación y una de las dos lo haría en caso de que al final se atribuya la victoria a su contrincante. Sin embargo, la invalidación del proceso beneficiaría a Nueva Izquierda porque ya logró en los hechos la conducción del partido. Guadalupe Acosta Naranjo, un oscuro militante hasta antes de ser secretario general del partido en representación de Los chuchos, es ahora el presidente sustituto, en tanto sea legitimado un nuevo líder. En parte por su propia personalidad, y en parte porque así conviene a los intereses de su grupo, Acosta Naranjo actúa como si hubiera sido llevado por los votos de la militancia a su cargo y no por un consejo nacional dividido. En vez de limitarse a administrar la crisis hacia el interior de la organización y asumir su representación jurídica en la mínima forma necesaria para evitar el descabezamiento del partido, con pujos de estadista propone al PAN y al PRI negociar una posición común en torno a la reforma petrolera. Es una propuesta ingenua si supone que esos partidos, unidos conseguirían sus propios fines sin requerir al PRD, pueden hacer a este partido alguna concesión relevante para que abata su radical oposición a los proyectos calderonistas. O es una posición que va en sentido contrario a los acuerdos del propio PRD de impedir la privatización de Pemex, elemento sustancial del propósito gubernamental.
La cruda exhibición de las miserias electorales perredistas, que no requerían ser magnificadas, pero lo han sido, ha repercutido en la imagen de ese partido ante la opinión pública. Cuando falta un año para la elección que renovará la Cámara de Diputados, el PRD parece haber vuelto a la posición casi marginal que en ese tipo de elecciones mantuvo hasta 1997. Una encuesta de Consulta Mitofsky le asigna apenas 13 por ciento de las preferencias electorales, mientras que da 27 por ciento al PRI y 25 por ciento al PAN. Si los votantes que no tienen ahora una preferencia determinada, que suman 32 por ciento de los entrevistados, escogieran dentro de un año en la misma proporción que los ya decididos, la suma perredista llegaría a 19 por ciento, mientras que el PRI obtendría 40 por ciento y el PAN 37 por ciento. Ese resultado invertiría la jerarquía de las bancadas en San Lázaro, pues la bancada priista, que hoy es numéricamente la tercera, se convertiría en primera, desplazando a la panista, mientras que el PRD dejaría de ser la segunda y quedaría lejos de las dos restantes, en tercera posición.
A esa no remota consecuencia no parecen ser sensibles los dirigentes perredistas, que en varios territorios y asuntos mantienen querellas tan mal ventiladas que dañan al partido en sí mismo y en su proyección al exterior. En el Distrito Federal la prolongación de la disputa electoral del 16 de marzo está llegando a extremos aberrantes. Alejandra Barrales, que ganó el liderazgo local a Jesús Zambrano, ha cometido el error, y aun la torpeza, de convertir la tragedia de la discoteca New’s Divine en parte de la riña interna. Su apoyo a Francisco Chiguil, jefe delegacional en Gustavo A. Madero surge de las rivalidades domésticas, pero se refleja hacia el exterior como una forma de complicidad hacia una de las autoridades con obvia responsabilidad ética y probables responsabilidades de otra naturaleza. Aunque un partido no debe obrar sólo en función de las reacciones del electorado, aun por esa razón que en este caso sería mezquina, la militancia perredista y su dirección tendrían que sumarse con franca decisión a la nueva política, que incluye transparencia en las delegaciones, lo que excluye apoyo al cuestionado Chiguil.
